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La Xunta vuelve a incumplir la puesta en marcha de un centro de discapacidad de 13 millones terminado en 2013

Uno de los accesos al CEGADI en Santiago

David Lombao

La historia del Centro Gallego de Desarrollo Integral (CEGADI) es un relato de obstáculos, sobrecostes y retrasos. El concebido como un innovador espacio de atención a personas con discapacidad, con 8.000 metros cuadrados en el barrio compostelano de Salgueiriños que incluirían centro de día con 71 plazas y viviendas tuteladas con 38 más, tiene su origen en una cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento de Santiago a la Xunta de Manuel Fraga en mayo de 2005, un mes antes de las elecciones que lo desbancarían del poder. El posterior Gobierno autonómico de coalición de PSdeG y BNG adjudicó en noviembre de 2007 por 8,7 millones de euros la ejecución de un centro que la constructora no fue capaz de finalizar hasta comienzos de 2013, año desde el que ha estado cerrado mientras la Xunta incumple cada uno de los plazos anunciados para su apertura. El último plazo ofrecido hasta el momento fue el de una apertura parcial antes del fin de 2017, pero el centro ha comenzado 2018 sin ofrecer los servicios para personas con discapacidad para que fue construido y acogiendo únicamente unas pocas dependencias administrativas de la Consellería de Política Social.

Con una factura total reconocida por la Xunta de 13,2 millones de euros, el Gobierno gallego defendió durante 2017 que el CEGADI iba “a comenzar a prestar servicios para personas con discapacidad de manera paulatina a lo largo de este año”. No obstante, esto no sucedió en el ejercicio que acaba de finalizar, en el que la Consellería sí realizó operaciones financieras para comenzar a equipar el centro. Concretamente, el 29 de noviembre del pasado año Política Social retiró 25.000 euros de la partida que financia el funcionamiento de “centros públicos para personas mayores” y los reubicó para “atender los gastos de mantenimiento derivados de la puesta en marcha” del CEGADI, “correspondientes a los contratos de servicios”. Además, en los Presupuestos Generales de 2018 figuran 500.000 euros para este mismo centro.

De esos primeros 25.000 euros ya han salido, al menos, los fondos para financiar hasta seis contratos menores -los que por su bajo importe la Xunta puede adjudicar directamente, sin concurso, y que el Gobierno gallego desvela durante sólo una semana, para después borrarlos- por algo menos de 12.000 euros. Uno de ellos, de 1.351 euros, corresponde a una empresa de limpiezas y los cinco restantes fueron todos para la división de servicios del Grupo OHL con el concepto de “gastos de funcionamiento”.

El resultado de esas primeras adjudicaciones es que tras media década de cierre y degradación el CEGADI ha comenzado 2018 con ligeras variaciones. Aunque la mayoría de sus enormes salas continúan vacías, algunos de los despachos con los que cuenta ya tienen mobiliario y algún equipamiento informático en el que trabaja personal de la Consellería. Los vidrios de la fachada que llevaban años rotos han sido sustituidos, han limpiado las cristaleras y los accesos y en las puertas de acceso se han colocado elementos como máquinas enfundadoras de paraguas para los días de lluvia. En esta línea, esta misma semana una empresa de mudanzas que habitualmente presta servicios para la Xunta ha estado descargando material en las instalaciones.

Prórrogas y un sobrecoste cuestionado por el Consultivo

Como informó Praza. gal, la del CEGADI fue una de las obras que se dio de bruces con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la restricción de los créditos bancarios. En 2008 la constructora adjudicataria del proyecto, Alcuba, entró en un concurso de acreedores que se extendió durante tres años. Entonces la Xunta ya había accedido a incrementar el importe total del contrato en 1,7 millones para habilitar espacios de aparcamiento en el centro por solicitud del Ayuntamiento. Cuando el PP retorna a la Xunta, la nueva Consellería de Trabajo y Bienestar concedió dos prórrogas para la finalización de las obras -hasta el 31 de diciembre de 2010- y una nueva subida del importe por otros 1,7 millones, concedida a pesar de la oposición del Consejo Consultivo gallego, que observó “ausencia de toda justificación”.

La suma del concurso arquitectónico del edificio, de la adjudicación inicial y de los contratos de dirección y seguridad de las obras ascendía ya a 12,5 millones de euros -un sobrecoste del 40%- cuando la constructora tuvo las obras paradas prácticamente un año. Las reinició a finales de 2011 asegurando que las finalizaría en verano de 2012, aunque finalmente no fue hasta 2013. Así y todo, en otoño de 2014 la consellería que entonces dirigía Beatriz Mato revelaba parcialmente, al ser cuestionada en el Parlamento, que el CEGADI aún necesitaba más obras, concretamente la construcción de un transformador eléctrico que decía prever contratar a “principios de octubre de 2014” pero que no fue adjudicado hasta febrero de 2016, ya con José Manuel Rey Varela al frente de la nueva Consellería de Política Social.

Este diario ha contactado en varias ocasiones con Política Social durante el último mes con el objetivo de conocer el nuevo calendario de puesta en servicio del CEGADI y el destino concreto de los fondos presupuestados para su apertura. Por el momento, no ha obtenido respuesta.

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