La Xunta rechaza solicitudes de docentes para ser considerados vulnerables a la COVID-19 sin pedirles informes médicos

La Xunta estableció en su protocolo para el curso escolar una vía para que los docentes puedan pedir que se les considere especialmente vulnerables a la COVID-19 si tienen determinadas enfermedades, por edad o durante el embarazo. En estos casos, deben adoptarse medidas de protección específicas. Poco más de un mes después del arranque del curso escolar, retrasado en Galicia precisamente para que los centros se adaptasen a las medidas de prevención, han empezado a llegar respuestas calcadas a profesores a los que la Consellería de Educación les niega el reconocimiento de una sensibilidad mayor al virus sin haberles solicitado antes informes médicos.

La redacción final del plan del Gobierno gallego para la vuelta a las aulas indica que los profesores vulnerables a la COVID-19 realizarán su trabajo “siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita”. Queda en manos del servicio sanitario del Servizo de Prevención de Riscos Laborais evaluar la existencia de trabajadores especialmente sensibles y emitir un informe con las medidas de protección que serían necesarias en cada caso. El formulario a disposición de los docentes señala que deben tener un informe médico que acredite que paceden una de las patologías consideradas de riesgo y que se les solicitará ese documento, pero no les pide que indiquen de qué dolencia se trata.

El protocolo gallego remite a un documento sobre riesgos en el lugar de trabajo publicado por el Ministerio de Sanidad, que concreta los grupos que se consideran vulnerables: personas con enfermedades cardiovasculares o pulmonares crónicas, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer con tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo o mayores de 60 años. Esta redacción ha tenido conocimiento de casos que encajan en esta lista y que han recibido como respuesta que “no concurre especial sensibilidad” sin que se les hayan solicitado documentos médicos sobre su estado.

La CIG ha denunciado la situación ante la Inspección de Trabajo en A Coruña y ha criticado estas respuestas “idénticas” que no hacen alusión a la situación personal de cada docente. No hay “una evaluación previa de las condiciones de salud o específicas del puesto de trabajo” y, en algunos casos, las resoluciones están firmadas por personal facultativo que no está especializado en medicina del trabajo, ha agregado. La central sindical considera que la forma de proceder de la consellería “incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales” y le pide que deje de “hacer oídos sordos” a las demandas de los docentes y convoque el Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral para analizar los problemas que se están dando desde el inicio de las clases.