La Xunta rectifica a un secretario general que anunció el veto del tupper en los colegios
Pagar o pagar. O no comer. Son las opciones que, según el secretario general de la Consellería de Educación, Jesús Oitavén, tiene el alumnado que hace uso de los comedores escolares que dependen del Gobierno gallego. Pocos días después de ratificar el tasazo de hasta un 40% en los servicios de comedor de las escuelas gallegas el departamento que dirige Jesús Vázquez siguió este martes defendiendo con intensidad su medida y, al tiempo, ratificaba que las familias en apuros económicos no tendrían más remedio que rascarse el bolsillo si quieren que sus hijos e hijas sigan comiendo en la escuela, porque la Xunta no les permitiría llevar la comida de la casa. La prohibición estuvo vigente el tiempo que la Consellería tardó en corregir a su alto cargo.
Después de que en los últimos meses autonomías como la Comunidad de Madrid sembraran la polémica por valorar cobrarles también por el comedor a los estudiantes que llevasen el popular tupper Oitavén aseguró en el Parlamento “no saber cómo lo hacen las otras comunidades” pero en la Xunta, dice, “no somos capaces de garantizar el cumplimiento” de los principios de “seguridad alimentaria” de las comidas “elaboradas en el hogar”. Las palabras del alto cargo provocaron una fenomenal polvareda social y mediática que dio lugar a la rectificación. Funtes de Educación consultadas por este diario admiten que “no hay ninguna novedad”, ya que la presencia de las fiambreras en las escuelas “no está prevista, pero no hay ninguna prohibición”. Otra cosa, dicen, es que atenderán a las cuestiones de “seguridad alimentaria” porque “cada padre utiliza los criterios de higiene que le parece”, aunque “procuren la mayor limpieza”, matizan. Por esto, “si se formula algún caso, habrá que estudiarlo”, concluyen, en un contexto en el que la única prohibición sería que la comida de casa se consumiese en el comedor escolar.
Con esta aclaración el Ejecutivo enmienda a Oitavén, que explicó ante los parlamentarios que “en la actualidad en los centros la comida que se sirve es la de los propios centros, sin que se permita comida llevada de la casa” y así la Administración educativa vela “por el análisis, trazabilidad y principio de cautela” en el conjunto de los comedores. De ahora en adelante, dice el alto cargo de Educación, la Consellería seguirá vigilando que los almuerzos escolares tengan “todas las garantías” y, por lo tanto, “no contempla” que los alumnos puedan consumir otra comida. Lo que no aclaraba es qué acontecería si algún alumno o alumna no puede almorzar por falta de dinero y no tiene otra opción, caso por ejemplo de los estudiantes del rural que hacen uso del comedor porque acuden al colegio tras un largo recorrido en transporte escolar, que hasta ahora comían gratis en la escuela por acudir a ella en autobús.
Siguen las críticas
Educación sigue adelante en solitario con su polémica reforma mientras le llueven las críticas de los sindicatos educativos, de las asociaciones de padres y madres y, este martes, de nuevo desde la oposición parlamentaria. En respuesta a la comparecencia de Oitavén el portavoz socialista en materia educativa, Vicente Docasar, censuró que en los comedores escolares el alumnado vaya a estar de ahora en adelante “catalogado en función de la renta”. “Obligan a los niños a entrar en los centros públicos con la declaración de la renta de los padres en los dientes”, ilustra el parlamentario del PSdeG, para quien la medida no es más que “un nuevo castigo” de Feijóo a la educación pública “con la excusa de cuadrar las cuentas”. “Hizo lo mismo retirando los libros de texto gratuitos”, recuerda.
También el portavoz de AGE en el debate, Ramón Vázquez se muestra convencido de que “la finalidad del PP no es otra que asfixiar el sistema educativo, tal y como demuestran todas las medidas que están adoptando”. La subida de los comedores, igual que las medidas sobre los conciertos educativos sólo pretenden, para Alternativa, “que le salga gratis el colegio privado a unos cuantos mientras para los otros queda una escuela deficitaria, masificada o despoblada según el caso, sin recursos y deteriorada”.
Por parte del BNG su portavoz parlamentario, Francisco Jorquera, censura el recorte y también que el propio presidente “pretenda justificarlo haciendo uso de la demagogia de más baja estofa” al asegurar que el Gobierno no pagará los comedores “con el dinero de los parados”. Feijóo, dice, debería saber que “la progresividad en todo sistema mínimamente equitativo y justo hay que establecerla en el pago de los impuestos, es ahí donde tiene que pagar más quien más tiene”. “El argumento del señor Feijóo cae por su propia base”, asegura el nacionalista, “pero sí lo damos por bueno tendríamos que concluir que, en cambio, sí están a favor de que los parados paguen los 29,3 millones que se destinan a costear profesores de religión” o “los 3 millones que se destinan a pagar a los centros concertados que segregan los alumnos por razón de sexo”.
