El alcalde que montó un Gran Hermano en un pueblo de Mallorca rechaza dimitir a pesar del riesgo de multa

La oposición exige la salida del socialista Pep Lluís Urraca por el despliegue irregular de cámaras
— Un alcalde monta su 'Gran Hermano' en Mallorca: más de 50 cámaras en un pueblo para controlar hasta los bares

Pleno del Ajuntament de Santa Eugènia de este martes. Alberto Fraile

Mallorca —

3 de diciembre de 2025 17:24 h

Actualizado el 03/12/2025 20:16 h

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El pleno celebrado este martes en Santa Eugènia, un pequeño pueblo de Mallorca, ha evidenciado la profunda crisis abierta por la investigación realizada por elDiario.es, que ha desvelado el despliegue de una red de cámaras de videovigilancia sin autorización ni custodia policial. La sala de plenos, habitualmente desierta de público, se llenó esta vez de cargos del PSOE, además de vecinos inquietos, policías locales preocupados y cámaras de televisión.

Las preguntas planteadas por la oposición señalaron las posibles consecuencias legales del despliegue de un sistema de seguridad opaco y sin garantías. En un clima de tensión y rostros serios, la sesión plenaria derivó hacia las responsabilidades económicas que podría afrontar el Ayuntamiento y hacia la petición reiterada de dimisión del alcalde, Pep Lluís Urraca (PSIB-PSOE), por la desproporción y la falta de transparencia en la gestión de las cámaras de videovigilancia.

Tras el revuelo generado por el escándalo en las últimas semanas, el primer edil ordenó el desmantelamiento inmediato, circunstancia que confirmó la magnitud del sistema desplegado sin control ni transparencia. Según reconoció el propio alcalde en el pleno, en el municipio había instaladas al menos cuarenta y dos cámaras, de las cuales, a día de hoy, tras la actuación de los operarios municipales, solo nueve permanecen operativas en el Punto Verde.

Este movimiento improvisado dejó en evidencia la ausencia de documentación técnica y administrativa sobre los dispositivos, así como la falta de un inventario detallado que permita conocer su cantidad exacta, su modelo y prestaciones, su ubicación, su finalidad concreta y el control de accesos a las imágenes.

El portavoz del PP, Pep Bonnín, sostuvo que, si se confirman las irregularidades detectadas, la instalación y gestión de la red de videovigilancia “podría derivar en responsabilidades penales, civiles, administrativas, disciplinarias y políticas”. La oposición subrayó que la Agencia Española de Protección de Datos podría “imponer elevadas sanciones”, una multa que, según señaló Bonnín, “acabaría pagando la ciudadanía de Santa Eugènia”, motivo por el cual solicitó al alcalde que dimitiera para no perjudicar más la imagen del pueblo tras la alarma social generada por el escándalo. En todo caso, advirtió que el Partido Popular tomará todas las medidas necesarias para aclarar los hechos.

Urraca respondió con un escueto “no” a la petición de dimisión y se presentó como el encargado de “solucionar” una situación que, durante su mandato, se amplió hasta convertirse en un debate nacional. El primer edil defendió que el desmantelamiento de la red que ordenó el viernes constituye “la primera piedra” para encauzar el caso y recuperar la normalidad institucional.

Reconoció que la crisis ha generado un conflicto político evidente, aunque sostuvo que su responsabilidad principal es “resolver un problema que tiene solución”. Se limitó a pedir disculpas a los ciudadanos “por la parte” que le “toca” y atribuyó la situación a la “herencia recibida” de legislaturas anteriores.

La Agencia Española de Protección de Datos, en su respuesta a este diario, señala que no puede valorar actuaciones de forma previa porque estas situaciones deben analizarse en el marco de un expediente con todos los elementos disponibles. La normativa exige que, antes de presentar una reclamación, se solicite el ejercicio de los derechos ante la entidad responsable, en este caso el Ayuntamiento de Santa Eugènia. Si no se obtiene una respuesta adecuada, el ciudadano puede dirigirse a la AEPD, que dispone de modelos específicos para facilitar el trámite.

Una herencia discutida

Al ser preguntado por la financiación de la compra e instalación de las decenas de dispositivos, Urraca explicó que se sufragaron mediante una subvención del Govern balear destinada a mejorar la seguridad local. También señaló que la contratación se articuló mediante contratos menores inferiores a 15.000 euros, lo que permitió adjudicar los suministros sin concurso público y fragmentar el gasto en varios encargos sucesivos. La empresa responsable de las instalaciones fue Seguridad y Limpieza, S. A., que suministró cámaras, accesorios y sistemas de grabación y que, según ha podido saber este diario, también ha instalado cámaras en varios municipios de Mallorca como Maria de la Salut o Sineu, entre otros. Urraca también mencionó que los sistemas de gestión de las imágenes captadas están distribuidos en distintas dependencias municipales.

La reconstrucción del origen del sistema de videovigilancia sigue envuelta en una notable falta de claridad. La oposición sostiene que, cuando el PSIB asumió la alcaldía en coalición con Feim-Santa Eugènia (2019), el municipio contaba con trece cámaras, ubicadas en los puntos de aportación de residuos, la nave de la brigada municipal, los edificios del antiguo y del nuevo ayuntamiento y el parque de la calle Bartomeu Coll Bibiloni.

El alcalde defendió, en cambio, que heredó veinticuatro cámaras, pero reconoció que no dispone de información técnica completa, lo que impide aclarar con precisión el funcionamiento de parte del despliegue. El propio alcalde reconoció en el pleno que, tras ordenar el desmantelamiento del sistema, se contabilizaron al menos cuarenta y dos cámaras, de las cuales solo nueve permanecen activas en el Punto Verde. Esa retirada apresurada confirmó la magnitud del despliegue y, al mismo tiempo, dejó sin resolver el origen exacto de parte de las instalaciones, ya que ni el inventario previo ni el actual permiten reconstruir con claridad qué se instaló, cuándo y bajo qué criterios.

Las cámaras estaban instaladas a baja altura, en fachadas particulares, farolas y postes de la luz. En varios puntos aparecían agrupadas en parejas e incluso tríos, cubriendo todos los ángulos sin dejar zonas ciegas. Jaime Reina

La distancia con la normativa vigente

Las respuestas del alcalde evidenciaron una brecha entre lo ocurrido en Santa Eugènia y lo que exige la ley. Uno de los momentos más tensos se produjo cuando el portavoz del PP preguntó si algún político había accedido al panel de control. Urraca respondió “no”, negando cualquier visualización de imágenes por parte de cargos públicos. Sin embargo, varias fuentes conocedoras del sistema han confirmado a este diario que el alcalde habría accedido al panel hasta septiembre.

La segunda contradicción surgió al abordar los informes obligatorios sobre necesidad y proporcionalidad. La oposición pidió los documentos que justifican la instalación de cámaras en espacios públicos y que la normativa considera preceptivos. Urraca afirmó que “no existe ninguna normativa” que obligue a elaborarlos, pese a que el marco legal vigente establece lo contrario: la Ley Orgánica 4/1997, la Instrucción 1/2006 de la AEPD, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018 exigen autorización previa del Delegado del Gobierno, informes técnicos y jurídicos, planos de ubicación y una Evaluación de Impacto en Protección de Datos en despliegues extensos como el de Santa Eugènia.

La oposición también preguntó por el registro obligatorio de accesos a las imágenes, destinado a documentar quién entra en el sistema, cuándo y con qué motivo. Urraca indicó que la empresa responsable de protección de datos les informó que no era necesario. A la hora de justificar la señalización insuficiente del sistema, ya que varias cámaras carecían de los carteles informativos que la normativa considera imprescindibles para advertir a la población de que se encuentra en un área videovigilada, alegó que “arrancan los carteles” .

Mientras Santa Eugènia debate sobre si debe haber cámaras o no, la normativa es inequívoca. Si un municipio quiere instalar dispositivos de videovigilancia en la vía pública, debe justificar su necesidad y proporcionalidad, solicitar autorización previa al Delegado del Gobierno y garantizar una custodia policial estricta de las imágenes. Son requisitos diseñados para proteger derechos fundamentales y asegurar que el uso de tecnologías de vigilancia se somete a controles democráticos y legales adecuados.

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