Exmiembros de Vox proponen impedir por ley que los partidos usen sus grupos parlamentarios como caja de financiación

Los exdiputados de Vox en el Parlament balear Idoia Ribas y Agustín Buades, quienes recientemente denunciaron haber sido presionados por el partido de extrema derecha para “desviar ingentes cantidades de dinero” del grupo parlamentario a Disenso -la fundación privada que preside Santiago Abascal a título nominativo-, han registrado una iniciativa dirigida a modificar la ley de financiación de partidos con el objetivo de impedir que las formaciones políticas utilicen a sus grupos parlamentarios como vía indirecta de financiación.

Se trata de un debate, el del papel de los grupos parlamentarios en la financiación de los partidos, recurrente en la política española a lo largo de los últimos años y una polémica cuestión sobre la que el Tribunal de Cuentas ha puesto el foco al alertar de la falta de controles estrictos sobre el destino real de los fondos adscritos a las bancadas de las distintas formaciones políticas. El órgano fiscalizador advierte de que, sin una reforma legal de calado, los partidos continuarán encontrando en sus grupos institucionales un canal adicional de recursos, al margen de las aportaciones de militantes, donaciones y financiación bancaria.

Con su Proposición No de Ley, consultada por elDiario.es, los dos exdiputados de Vox quieren blindar legalmente la separación entre el presupuesto de los grupos y el de los partidos. Para ello, reclaman modificar la normativa con el objetivo de reducir la dependencia de los partidos de los fondos públicos y promover con ello “una mayor independencia y autonomía del funcionamiento tanto de los partidos políticos como de los grupos parlamentarios”.

En concreto, los parlamentarios instan la derogación de la letra e del apartado primero del artículo 2 de la ley de financiación de partidos, que alude a las aportaciones recibidas por los Grupos Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y de los grupos de representantes en los órganos de las Administraciones Locales. La supresión de este precepto, alegan, permitiría “una mayor transparencia y control sobre el uso de los fondos públicos asignados a los grupos parlamentarios, evitando que se utilicen para financiar actividades de los partidos políticos que no están directamente relacionadas con el funcionamiento parlamentario”.

Tanto Ribas como Buades, junto a la excargo de Vox Maite de Medrano, comparecieron la semana pasada en rueda de prensa para responder a las acusaciones efectuadas por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien un día antes los calificó de “estafadores”. “Que el señor Garriga se atreva a llamarnos a nosotros estafadores es un ejercicio de cinismo bochornoso e intolerable”, recriminó Ribas, exportavoz de Vox en el Parlament balear, máxime cuando, aseveró, una de las primeras decisiones de su sucesora, Manuela Cañadas, fue “pasar de transferir un 10% a un 50% del dinero del grupo” al partido.

Por su parte, Cañadas aseveró este lunes que si detectara irregularidades en su partido “iría a los juzgados” en lugar de difundirlas a los medios de comunicación, retando así a Ribas, Buades y De Medrano a lllevar sus acusaciones a los tribunales. “Las mentiras, injurias y calumnias no se hablan ni en rueda de prensa ni en los medios de comunicación”, espetó.

En paralelo, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, defendió que el desvío de fondos de los grupos al partido es legal, aseverando que las cuentas de la formación de extrema derecha están auditadas por el Tribunal de Cuentas.

El órgano fiscalizador ya instado en varias ocasiones a poner coto a la “sobrefinanciación” de las formaciones políticas, una vía legal con la que los partidos acaban incrementando sus recursos con cargo a los fondos públicos asignados a sus grupos el Congreso, el Senado y los Parlamentos autonómicos. En este sentido, alerta de la opacidad y de los riesgos de convertir estas dotaciones a grupos en un canal paralelo de financiación, por lo que reclama reformas reglamentarias así como de la ley del régimen local para que se establezcan las “condiciones y requisitos” en las que se pueden hacer unas aportaciones que, a menudo, se utilizan para sufragar gastos ordinarios de los partidos o contratar personal, finalidades para las que ya existen otras subvenciones.