El Govern balear del PP reclama una contingencia “preventiva” para frenar la llegada de menores migrantes a las islas

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha reclamado este jueves la activación de una contingencia migratoria preventiva para frenar la llegada de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, al tiempo que ha pedido acelerar las repatriaciones de aquellos que mantienen contacto con sus familias.

La petición se ha producido tras la reunión mantenida en el Consolat con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en un encuentro en el que también han participado los consells insulares. La líder balear ha trasladado a la ministra la “situación límite” que atraviesa el sistema de protección de menores en Balears, tensionado por el incremento de llegadas en los últimos años.

Frente a las reclamaciones de Prohens, la ministra ha aseverado que “no hay contingencia a la carta”, defendiendo que el modelo de reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas es una “historia de éxito”. Tal como ha subrayado, el real decreto ha permitido tramitar sin incidencias unos 1.500 expedientes, aseverando que el sistema prioriza la coordinación entre territorios y la adaptación a su capacidad de acogida.

La contigencia migratoria es una figura con la que el decreto para la derivación de los menores habilita a las comunidades autónomas que se declaren saturadas a reubicarlos en otras regiones. Para cursar este mecanismo, las autonomías deben triplicar su capacidad ordinaria de acogida, algo que no sucede en el caso de Balears: para obtenerla debería superar los 1.218 niños y adolescentes migrantes acogidos, un 45% más de los que atiende en la actualidad.

Durante la reunión, la presidenta autonómica ha explicado que las islas tutelan a 733 menores migrantes no acompañados, lo que supone cerca de dos tercios del total de menores bajo protección. Aunque esta cifra excede en 327 plazas la capacidad ordinaria, lo que supone una sobreocupación superior al 80%, no llega a triplicarla, requisito exigido por el decreto para activar el mecanismo.

Con todo, el Ejecutivo autonómico y los Consells Insulars han reclamado no solo frenar los traslados desde otros territorios, sino también más financiación estatal para sostener el sistema. Según Prohens, los 7,8 millones transferidos por el Gobierno resultan “claramente insuficientes” ante el incremento de la presión asistencial. En paralelo, han solicitado poder recurrir a remanentes para afrontar gastos extraordinarios y la retirada del último decreto estatal que eleva la capacidad teórica de acogida en Balears hasta las 434 plazas, lo que, a su juicio, dificulta la activación de mecanismos de contingencia.

La respuesta de Rego ha sido tajante. “No hay una contingencia a la carta”. La ministra ha defendido el real decreto aprobado por el Gobierno -concebido para distribuir a los menores entre comunidades en función de indicadores objetivos- como “una historia de éxito” y ha apuntado que el texto tiene en cuenta la situación de cada territorio para evitar una mayor sobrecarga.

En esta línea, ha considerado “curioso” que Balears critique el decreto y, al mismo tiempo, quiera acogerse a él para frenar el reparto. La ministra ha insistido en que no es razonable que cada comunidad determine unilateralmente si está saturada, incidiendo en que el modelo ya contempla no derivar menores a aquellos territorios con los servicios más tensionados.

En relación con la petición de acelerar repatriaciones, la ministra ha recordado que cualquier actuación debe regirse por el derecho internacional y el interés superior del menor, y ha deslizado que este tipo de propuestas se enmarcan en acuerdos con la extrema derecha.

El pasado mes de septiembre, el Gobierno central ya denegó la petición de Balears de acogerse a la contingencia migratoria, tal como anunció la propia Prohens durante una de sus intervenciones en el pleno del Parlament balear, en la que aseguró que su gabinete recurriría “a todas vías” a su alcance para frenar la derivación de menores migrantes no acompañados a las islas.

Un mes después, el Tribunal Supremo desestimó la primera solicitud de medida cautelarísima para suspender los traslados presentada por el Govern. Según informaba el alto tribunal, no se aprecia la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que requiera una suspensión cautelarísima y ordenaba la tramitación del incidente por el procedimiento ordinario.

Prohens ha aprovechado el encuentro para trasladar a la ministra la necesidad de reformar la Ley de protección de la infancia con el objetivo de ampliar los delitos que recoge el artículo 57 e incluir el delito de acoso cuando se comete sobre menores para excluir a las personas condenadas por estos hechos del acceso a profesiones que implican contacto con menores .