El Govern de Prohens acepta crear el registro de objetores al aborto: “Es un derecho completamente garantizado en Balears”

El Govern balear se encuentra en trámites de sacar adelante el Registro de Personas Objetoras previsto en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Así lo han señalado fuentes del Ejecutivo de Marga Prohens (PP) a elDiario.es tras el requerimiento formal remitido por Pedro Sánchez a las comunidades autónomas que aún no han cumplimentado este trámite, entre ellas Balears, para que, en un plazo de tres meses, cumplan esta normativa.

Las mismas fuentes señalan que la Conselleria de Salud está pendiente de recibir los informes preceptivos y que el derecho al aborto está “totalmente garantizado” en el archipiélago.

El objetivo del registro es conocer cuántos profesionales hay disponibles en los hospitales públicos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El presidente del Gobierno ha enviado una carta a los presidentes de esas cuatro comunidades autónomas instándoles a que cumplan con la normativa en ese plazo antes de recurrir a la vía judicial.

“Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, señala Sánchez en la misiva en la que recuerda que las correspondientes comunidades autónomas aún no han regulado ni creado un Registro de Personas Objetoras de Conciencia, como estableció la reforma de la ley del aborto hace dos años. En diciembre del año pasado, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó un protocolo para el desarrollo de los registros.

“Dicho registro es una herramienta indispensable para poder garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso a este derecho en los hospitales públicos”, explica el presidente del Gobierno, que ha aprovechado la polémica norma aprobada en el Ayuntamiento de Madrid por PP y Vox, que pretende obligar a los trabajadores públicos a informar a las mujeres que quieran abortar de un supuesto síndrome post-aborto, para impulsar ese derecho, con medidas como la reforma de la Constitución para blindarlo como un derecho fundamental.

Sánchez recuerda al socialista Adrián Barbón y a los populares Jorge Azcón, Marga Prohens e Isabel Díaz Ayuso que la creación del registro es de “obligado cumplimiento”. “El respeto al derecho a la objeción de conciencia no debe ser, en ningún caso, un impedimento para el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud, sea cual sea su territorio”, argumenta Sánchez.