El PP exige borrar del acta del Parlament balear la alusión al supuesto beneficio de un conseller con la nueva ley de puertos

El PP ha reclamado al Parlament balear que retire del diario de sesiones del último pleno, celebrado este martes, las acusaciones vertidas por el portavoz adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons, contra el conseller de Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, quien, según los socialistas, se vería favorecido personalmente con la reforma de la Ley de Puertos pactada por populares y Vox. Los socialistas apuntan a que esta modificación legislativa, que contempla ampliar de 30 a 50 años las concesiones de los clubes náuticos de las islas, habría sido diseñada a medida de los intereses de determinados actores privados, entre ellos los del propio Lafuente.

Las manifestaciones tuvieron lugar mientras se debatía la toma en consideración de la reforma, aprobada con los votos de populares y extrema derecha. Los grupos de la oposición criticaron el hecho de que la iniciativa haya sido articulada a través de una Proposición de Ley (PL) registrada directamente en la Cámara por ambos socios de investidura, sin tan siquiera haber sido debatida la modificación previamente por el Consell de Govern, lo que habría aportado mayores garantías de transparencia y control institucional. 

En un momento del debate, Pons puso sobre la mesa el conflicto de intereses que plantearía la reforma, al señalar que Lafuente mantiene vínculos con uno de los puertos de Balears que se beneficiará de la misma, el de Addaia (Menorca), cuya gestión se encuentra desde 1979 en manos de Addaya, empresa perteneciente a la familia del conseller, tal como consta en los registros empresariales consultados por elDiario.es. El conseller ostenta, además, el 67,32% de participaciones -valoradas en 377.428 euros- de Rella i Solc SL, sociedad patrimonial familiar para la que, como expuso en la declaración que presentó ante la Cámara balear, no realiza actividad empresarial y de la que no recibe remuneración. Se da la circunstancia de que Rella i Solc es la propietaria de la sede en la que se ubica el domicilio social de Addaya.

En una queja presentada este miércoles ante la Cámara, el Grupo Popular critica que las manifestaciones del socialista “van en contra del honor y la reputación” de Lafuente y “pretenden generar dudas sobre su imparcialidad y rectitud”. En el escrito, el PP asevera que el PSIB “es consciente y conocedor” de que la PL “tiene su origen en una iniciativa de la Asociación de la Asociación de Clubes Náuticos de Balears (ACNB), trasladada a todos los grupos parlamentarios hace más de seis meses a través del correo institucional” de cada uno de ellos.

“La propuesta pretendía alcanzar el consenso de todas las formaciones para poder ser presentada conjuntamente, ya que consideraban que era de interés general y suponía la armonización con la ley estatal y con las demás comunidades autónomas”, inciden los conservadores, aseverando que, dado que este acuerdo “no fue posible, finalmente fueron dos grupos parlamentarios los que decidieron impulsarla”, en alusión a PP y Vox. Los populares consideran que las afirmaciones efectuadas por Pons, que califican de “difamatorias e injuriosas”, son “contrarias a los principios de respeto institucional, honorabilidad y decoro exigibles en el ejercicio de la actividad parlamentaria”, por lo que reclaman su retirada del diario de sesiones del pleno.

Durante el pleno, Lafuente negó de forma tajante las manifestaciones acerca de un supuesto trato de favor: “Se trata de una iniciativa de los grupos presentada a propuesta de las asociaciones y de las entidades. Por tanto, interés personal, absolutamente ninguno”, espetó el conseller nada más subir a la tribuna. El titular de Mar y Ciclo del Agua apeló al interés general de la reforma de la ley de puertos y mostró su “total disposición” a dar explicaciones sobre ello “ante todos los grupos, todos los diputados y donde haga falta” acerca de su situación patrimonial, que, incidió, “en todo caso es fruto de una situación de herencia”.

“Mi situación patrimonial respecto a lo que pueda tener relación con el sector se reduce a una cosa muy sencilla: a que mi padre tenía participaciones en una sociedad desde hace 30 años. Ni he comprado ni he vendido acciones de la empresa. Tampoco hay aceptación de herencia. No he participado en ningún consejo de administración ni tengo poder de decisión sobre ninguna empresa”, aseveró el conseller, quien volvió a expresar su disposición a dar “todos los datos que ustedes quieran sobre esta materia”.

Mientras tanto, el PSIB ha exigido este miércoles, entre otros documentos, la declaración de patrimonio, la declaración de renta de los últimos años, las circunstancias de la herencia y las participaciones en la empresa, además de explicaciones y “transparencia” ante los “posibles intereses directos” en la modificación de la ley de puertos. “Estamos delante de una cuestión que no es menor, que representa el uso de la iniciativa legislativa para favorecer intereses particulares”, ha alertado Marc Pons, quien ha exigido al conseller la “máxima transparencia y diligencia” en la entrega de la documentación.