Prohens responde a los arquitectos: “Las legalizaciones extraordinarias en rústico no suponen ni un palmo de cemento más”

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que las legalizaciones extraordinarias de edificios fuera de ordenación en suelo rústico no suponen “ni un palmo de cemento más”. Lo ha manifestado en respuesta a las críticas lanzadas este miércoles por el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (Coaib), cuyo decano, Bernat Nadal, alertó de los riesgos de construir en suelo rústico común al amparo de la ley de liberalización del suelo aprobada con los votos de PP y Vox y advirtió de que, con las regularizaciones previstas, las islas “dejarán de ser un atractivo” para convertirse en “un decorado de cartón piedra en el que será difícil vivir”.

“Se tienen que valorar muchas cosas de lo que dijo el Colegio de Arquitectos. Dijeron que no se puede crecer indiscriminadamente en rústico, y desde el Govern estamos completamente de acuerdo”, ha incidido Prohens, quien ha recordado que las “grandes leyes de protección del rústico y del paraje natural” surgieron de Ejecutivos liderados por el PP.

A su parecer, el reciente incremento de la actividad constructiva en rústico se circunscribe únicamente al proceso de legalización extraordinaria de aquellos edificios fuera de ordenación cuya ilegalidad ya ha prescrito y, por lo tanto, no pueden ser derribados. “No supone crecimiento, ni un palmo de cemento más, ni una piscina, ni un porche”, ha subrayado la presidenta regional, quien ha incidido en que para acogerse a esta posibilidad se exige a los propietarios que lleven a cabo medidas “muy contundentes” dirigidas a fomentar las energías renovables o preservar el paisaje.

Las áreas de transición

No obstante, Prohens ha defendido la posibilidad de construir en las áreas de transición -actualmente consideradas como suelo rústico-, algo que la recientemente aprobada ley para la obtención de suelo permitirá llevar a cabo incluso antes de haber agotado las zonas catalogadas como urbanizables. Con todo, se trata de una decisión cuya última palabra quedará en manos de los ayuntamientos, siempre que estos cuenten con más de 20.000 habitantes y se apruebe mediante votación en pleno municipal.

“Las áreas de transición no son suelo rústico como tal. Si fuesen rústico no se llamarían áreas de transición, sería rústico, ANEI, ARIP o cualquiera de las figuras de protección. Si existen las áreas de transición es porque alguien ha pensado que las ciudades tienen que crecer hacia esas áreas”, ha justificado.

En el caso de Palma, ha insistido, éstas fueron “pintadas y elegidas” por el anterior equipo de gobierno municipal del PSOE y MÉS y quedaron plasmadas en el planeamiento urbanístico que aprobaron a finales de la pasada legislatura.

“No hay más flexibilidad para construir en rústico, todo lo contrario. Estas áreas de transición vienen no como estaban hasta ahora, sino con características muy concretas: vivienda con algún régimen de protección y para gente de aquí. No es construir para que venga más gente y seguir engordando el problema enorme del crecimiento demográfico, sino para la gente que ya vive aquí pero que no puede acceder a una vivienda en condiciones de dignidad y a un precio asequible”, ha reivindicado.

La presidenta del Govern, haciendo referencia a otros de los datos recogidos por el Coaib en su informe, ha celebrado que se haya frenado la construcción de las viviendas unifamiliares “de lujo”, “una constante la legislatura pasada”, y se haya reactivado la de plurifamiliares.

En concreto, la normativa establece que el 50% de las edificaciones que se construyan en las áreas de transición deberán ser destinadas a viviendas de precio limitado (VPL), una nueva figura introducida por el PP en esta legislatura cuyo precio máximo, tal como denuncian desde la oposición y las organizaciones sociales, se ve incrementado en hasta un 33% sobre las Viviendas de Protección Oficial (VPO).

El PP dio además apoyo a una enmienda de Vox con la que se permitirá legalizar centenares de edificaciones construidas en suelo rústico de la Serra de Tramuntana -el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO-, cuya infracción haya prescrito, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección. Una regularización que alcanzará incluso a las viviendas erigidas fuera de ordenación antes de 1991, año en que fue aprobada la ley de espacios naturales, que introdujo mayores restricciones en materia medioambiental ante la urgente necesidad de preservar el patrimonio natural y paisajístico de las islas.