Un empresario de Palma asegura que policías locales le exigieron dinero a cambio de no inspeccionarle

Un empresario de ocio nocturno de Palma, que ha declarado este martes como testigo en el juicio del caso Cursach, ha asegurado que policías locales le pidieron dinero a cambio de no realizar inspecciones.

Durante su declaración en el juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, el testigo ha asegurado que, a pesar de tener la licencia respecto a la normativa en regla, el local tenía un número de inspecciones que “no eran normales”.

Cabe recordar que, esta jornada de juicio, han declarado cuatro empresarios propietarios de locales nocturno de ocio situados en Palma y en la Playa de Palma. Todos estaban citados como testigos a petición del Ministerio Fiscal ya que en sus declaraciones se sustenta parte del escrito de acusación.

En una ocasión, ha detallado que preguntó a dos policías si había “alguna otra manera de arreglar esto porque los clientes se me van” y éstos, según su relato, se callaron y se fueron tras él mismo preguntar si la solución era el dinero.

Ante preguntas del Ministerio Fiscal, el empresario ha indicado que identificó a este policía local de Palma, con el que habló sobre dinero, después de que el juez instructor de la causa Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán le enseñaran varias fotos durante sus comparecencias en el juzgado.

“Me sentía muy acosado”

Cómo llegó al Juzgado ha explicado que fue llamado después de presentarse ante la Policía Nacional para explicar su caso. En el transcurso de su declaración ante Penalva y Subirán, ha indicado que no se sintió presionado. Sin embargo, ha precisado que se echó a llorar y tuvieron que interrumpir sus palabras porque en esa época se sentía “muy acosado”.

Ante su abogado, el testigo ha precisado que en 2005 las inspecciones eran “brutales”. Incluso, ha añadido que en una ocasión, en la que vinieron “ocho o diez policías”, uno de los agentes le dijo a una clienta que cuando quisieran le cerrarían el local “metiéndole unas cuantas papelinas”. “Me lo dijo ella”, ha precisado ante cuestiones de la presidenta del Tribunal, la magistrada Samantha Romero.

“O cerramos Sa Trobada o nos liamos a hostias”

Posteriormente, ha asegurado que, en una inspección de la Patrulla Verde, un agente le increpó: “O cerramos Sa Trobada o nos liamos a hostias”. Igualmente, ha comentado que el local fue cerrado en dos ocasiones, en la segunda ocasión fue revocada.

Después de detallar las dificultades económicas por las que ha pasado en estos años, el abogado de Bartolomé Cursach le ha preguntado por qué pide una indemnización de 519.000 euros a su representado, entre otros, a lo que el testigo ha respondido: “No lo sé. No tengo ni idea de esto del escrito de acusación”.

A continuación, ha negado que tuviese conocimiento de las quejas de los vecinos, mientras que posteriormente ha especificado que, en sus declaraciones en fase de instrucción judicial, dudó de la identidad del policía que supuestamente le pidió dinero en su local. “No estaba cien por cien seguro”.

Letrados de la defensa han ilustrado a la Sala sobre algunas contradicciones con su declaración realizada en fase de instrucción judicial. El abogado Gaspar Oliver, por ejemplo, ha mostrado un interrogatorio en la que el testigo afirma que ningún policía le pidió dinero. Sin embargo, el testigo ha dicho este martes que entendió mal la pregunta en ese momento.

Previamente a este testigo, han declarado otros dos, también empresarios que regentaban un local de ocio nocturno de Palma, que han asegurado que no recordaban “nada” ante la Fiscalía, que en su escrito sostiene que agentes acusados les exigían dinero a cambio de no realizar inspecciones.

Después de que ambos no hayan aportado ningún dato, tanto abogados de la acusación particular como de la defensa han optado por no realizar ninguna pregunta.

Mafia organizada

En último lugar, ha comparecido otro empresario que regentó durante un año un local de ocio nocturno situado en la Playa de Palma. El hombre ha explicado que cuando empezaron a trabajar “no hubo problemas”, pero más tarde la Patrulla Verde empezó a decretar cierres.

“Tuvimos muchas dificultades para seguir funcionando porque con los papeles en orden nos seguían cerrando”, ha recalcado, a la vez que ha aseverado ante la Fiscalía que interpuso un total de 11 denuncias a la Policía Local por estos cierres “sin ningún tipo de justificación y siempre me encontraba con una pared encima”. Sobre estas denuncias no obtuvo ninguna resolución, ha dicho.

Más tarde, ha continuado, “me enteré que había una mafia que trataba de evitar que el local funcionara”. Además, ha comentado que en esa zona hay diferentes grupos empresariales que explotan locales nocturnos, pero ha negado que conozca por el nombre a ningún dueño.

Sobre los policías locales que realizan las inspecciones, ha afirmado que conocía uno, que identificó gracias a las fotografías que el juez Penalva y el fiscal Subirán le exhibieron durante su declaración judicial. “No sé el nombre, cuando me mostraron las fotos y yo dije 'es éste', puede que ellos pusieran el hombre”, ha expresado.

Con todo, ha especificado que su local tenía un aforo de 70 personas y la presencia “continua” de policía local en la puerta no le aportaba seguridad: “Al principio puede ser normal, pero si entran y bajan la música, ya no te da seguridad”.