La “estafa” de culpar al migrante pobre del retroceso del catalán: “La derecha hace demagogia”
“La derecha y la extrema derecha tienden a simplificar la situación de una manera demagógica, dando a entender que el problema en torno a la lengua y la convivencia social procede de las personas que han venido a buscarse la vida en nuestra tierra porque en la suya no pueden sobrevivir. Esta idea es una estafa y es lo que llevo planteando desde hace 25 años”. Tras más de dos décadas investigando políticas lingüísticas, el filólogo Isidor Marí rebate uno de los marcos discursivos que apuntan hacia la población migrante más vulnerable y que, en paralelo, elude analizar el impacto de factores estructurales como el modelo económico, la presión turística o la creciente irrupción de residentes extranjeros con alto poder adquisitivo. El resultado, advierte, es un diagnóstico incompleto que impide abordar el problema de fondo sobre la lengua catalana.
El investigador ibicenco, una de las voces más reconocidas en el ámbito de la sociolingüística catalana, propone un modelo basado en la corresponsabilidad: por un lado, la sociedad de acogida debe garantizar condiciones de vida dignas y evitar la segregación de la población recién llegada; por otro, quienes se establecen en el territorio deben asumir la lengua y la cultura del lugar. “Debe haber un compromiso de futuro basado en el respeto intercultural. Un compromiso de la sociedad receptora de hacer lo posible para proporcionar unas condiciones de vida satisfactorias y unas condiciones de trabajo justas en aras a superar las desigualdades y las segregaciones. Y esto debe tener una contrapartida: el compromiso por parte de quienes llegan de asumir la lengua y la cultura de la sociedad en la que se instalan, de forma gradual, con el tiempo que sea conveniente, y sin que esto suponga una división social”, subraya en declaraciones a elDiario.es.
Debe haber un compromiso de futuro basado en el respeto intercultural. Un compromiso de la sociedad receptora de hacer lo posible para proporcionar unas condiciones de vida satisfactorias y unas condiciones de trabajo justas. Y esto debe tener una contrapartida: el compromiso por parte de quienes llegan de asumir la lengua y la cultura de la sociedad en la que se instalan
Es en este contexto en el que emerge una pregunta: ¿es posible asegurar el futuro de un idioma en una realidad marcada por la interdependencia global, la presión turística y los cambios demográficos acelerados? Lejos de ofrecer respuestas simples, el autor propone un cambio de mirada. Su nuevo libro, Es pot planificar la sostenibilitat lingüística? (editado por Lleonard Muntaner), no se limita a revisar el concepto clásico de normalización, sino que lo desborda. Introduce una idea más incómoda y, al mismo tiempo, más reveladora: la sostenibilidad lingüística.
Mientras que la normalización se ha interpretado tradicionalmente como una cuestión centrada en la lengua en sí misma, la sostenibilidad obliga a mirar más allá. “Tiene la ventaja de que relaciona las lenguas y las culturas con su contexto económico, social y político y eso ayuda a entender mejor las causas, los efectos y las políticas que deben adoptarse”, subraya el lingüista, para quien el futuro “no es una predicción meteorológica”. “Lo construimos ahora”, incide, subrayando que el verdadero problema no es tanto el diagnóstico como la inacción.
El filólogo, recientemente reconocido con la Creu de Sant Jordi, rompe con el relato que desplaza el foco hacia la responsabilidad individual: el futuro del catalán no se juega únicamente en las conversaciones cotidianas ni en la voluntad de cada hablante, sino en un terreno mucho más amplio y decisivo, el de las decisiones colectivas –políticas, económicas y sociales– que condicionan cómo, cuándo y en qué contextos se usa una lengua. “Lo peor que podemos hacer es pensar que no hace falta hacer nada”, asevera. Lejos de caer en el pesimismo –o en el optimismo complaciente–, Marí rechaza las visiones fatalistas sobre el futuro del catalán.
El filólogo, recientemente reconocido con la Creu de Sant Jordi, rompe con el relato que desplaza el foco hacia la responsabilidad individual: el futuro del catalán no se juega únicamente en las conversaciones cotidianas ni en la voluntad de cada hablante, sino en un terreno mucho más amplio y decisivo, el de las decisiones colectivas -políticas, económicas y sociales- que condicionan cómo, cuándo y en qué contextos se usa una lengua
En su obra, Marí recupera y matiza una distinción clásica en sociolingüística: la que separa los usos lingüísticos institucionalizados de los individuales, retomando aportaciones de autores como Albert Bastardas y Jean–Claude Corbeil. Los primeros se corresponden con los usos formales de la lengua –propios de la administración, los medios de comunicación o el sistema educativo–, mientras que los segundos remiten a los comportamientos lingüísticos cotidianos de los hablantes en su vida privada. Sin embargo, lejos de plantear una división rígida, Marí subraya, siguiendo a Bastardas, que ambos ámbitos se sitúan en un continuum en el que las fronteras se difuminan y donde existen múltiples situaciones intermedias en las que lo institucional y lo individual se entrelazan.
A partir de esta base conceptual, el autor introduce una segunda dimensión clave: el grado de consolidación de los hábitos lingüísticos, en línea con las reflexiones de Miquel Strubell. No es lo mismo, advierte, un comportamiento lingüístico incipiente que un hábito plenamente arraigado, ya que la capacidad de modificar los usos depende en gran medida de ese nivel de consolidación. Asimismo, Marí señala que la política lingüística ha oscilado históricamente –en un “efecto péndulo”– entre priorizar los usos individuales, como ocurrió en las primeras legislaturas en Catalunya con el llamado “bilingüismo pasivo”, y reforzar posteriormente los usos institucionales. Esta tensión evidencia, en su análisis, la necesidad de abordar ambos planos de forma complementaria para entender y transformar los comportamientos lingüísticos.
Lo peor que podemos hacer es pensar que no hace falta hacer nada
Su planteamiento entronca, además, con las experiencias internacionales que ha estudiado durante más de dos décadas en países como Australia, Canadá o Suecia, territorios que han afrontado grandes oleadas migratorias con políticas lingüísticas activas y coordinadas, abordadas de forma estructural y no como un conflicto puntual. Es ahí donde su propuesta adquiere una dimensión distinta. En Australia, como ya ha expuesto en investigaciones anteriores, la diversidad lingüística no se percibe como una amenaza, sino como un activo. El plurilingüismo forma parte de la estrategia económica y de cohesión social, integrado en las políticas públicas y en el funcionamiento de las instituciones y contribuyendo con ello a reforzar la cohesión social y la identificación de los distintos grupos con el proyecto común. Un modelo que contrasta con contextos donde la diversidad lingüística, señala, se gestiona a menudo de forma reactiva o subordinada.
“Oferta activa” de la lengua
En Canadá –y especialmente en Quebec–, el sostenimiento del francés no depende de la buena voluntad de los hablantes: se garantiza desde el sistema, con medidas que regulan su uso en la administración, el ámbito laboral y los servicios. El filólogo y profesor defiende que las políticas lingüísticas eficaces no se limitan a garantizar derechos formales, sino que intervienen directamente en el funcionamiento de las organizaciones. Esto implica, por ejemplo, regular la capacitación lingüística de los trabajadores, adaptar los sistemas tecnológicos y asegurar lo que denomina “oferta activa” de la lengua, es decir, que el ciudadano no tenga que pedir ser atendido en la lengua propia, dado que ésta ya se encuentra 'disponible' por defecto.
Australia ha integrado el plurilingüismo como un elemento central de su modelo económico e institucional, contribuyendo con ello a reforzar la cohesión social y la identificación de los distintos grupos con el proyecto común
Mientras tanto, en Suecia, la gestión de la diversidad lingüística se articula desde políticas públicas que combinan integración y cohesión social. A pesar de ser un país con una lengua dominante clara, el Estado ha desarrollado programas de acogida que sitúan el aprendizaje del sueco como eje central de la inclusión, al tiempo que reconoce y respeta las lenguas de origen de la población migrante, un equilibrio entre lengua común y diversidad lingüística que, subraya Marí, ha permitido evitar procesos de segregación y reforzar la participación social sin renunciar a una lengua compartida que vertebre la convivencia.
Cambio de paradigma
A partir de estos ejemplos, Marí plantea que el futuro del catalán no puede desligarse de un proyecto intercultural más amplio cuya clave no radica solo en integrar a los nuevos hablantes, sino hacerlo en un marco que reconozca también el valor de sus lenguas de origen, generando un equilibrio entre cohesión y diversidad. Solo así, sostiene, puede construirse una identificación compartida en un contexto global donde las lenguas compiten en condiciones profundamente desiguales y en el que el catalán se sitúe en el centro de un modelo de plurilingüismo equitativo, no como lengua excluyente, sino como lengua compartida. Para ello, advierte, no basta con apelaciones individuales ni campañas simbólicas.
Marí plantea que el futuro del catalán no puede desligarse de un proyecto intercultural más amplio cuya clave no radica solo en integrar a los nuevos hablantes, sino hacerlo en un marco que reconozca también el valor de sus lenguas de origen, generando un equilibrio entre cohesión y diversidad
Se trata de un cambio de paradigma y de un enfoque en el que Marí lleva décadas trabajando, tanto desde la investigación como desde instituciones como la Obra Cultural Balear (OCB), y de un planteamiento que cobra especial relevancia en Balears, territorio marcado por el incremento de la presión turística –con el consiguiente aumento de la población flotante (la suma de residentes y turistas)– y un modelo económico que no solo ha reconfigurado el paisaje, sino también los usos lingüísticos y las dinámicas sociales.
En este contexto, Marí se muestra severamente crítico con la ausencia de avances significativos tras más de cuatro décadas de políticas lingüísticas: “Tras más de 40 años, ya sería hora de que se notara”, señala. Alude, en concreto, al marco legal definido por el Estatut d'Autonomia balear –que reconoce el catalán como lengua propia– y la Llei de normalització lingüística, la norma fundamental que regula el estatus del catalán en las islas. Aprobada en 1986 tras décadas de marginación de la lengua catalana, establece que las instituciones deben asegurar su conocimiento y uso progresivo en el ámbito de la enseñanza. Un objetivo que, a juicio de Marí, dista aún de haberse cumplido plenamente.
Tras más de cuarenta años de políticas lingüísticas en Balears, ya sería hora de que se notaran
Y es que, como señala la última 'Enquesta d'Usos Lingüístics a les Illes Balears', publicada por el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (Gresib) en 2014 y revisada en 2018, el imparable crecimiento de la población desde la década de los sesenta, cuando residían en Balears 400.000 personas –en contraste con los más de 1,2 millones actuales–, ha supuesto un decrecimiento en valores relativos de la población autóctona, que pasó de representar el 82% en 1970 al 60% en 2015. El informe, que apunta al incremento considerable de la “fragilidad” de la lengua catalana, subraya que el aumento de la población alóctona (originaria de otro país) y alóglota (hablante de otros idiomas) ha repercutido de forma directa en el retroceso de los conocimientos de catalán y de los usos que de él hace la ciudadanía en su conjunto. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 94,1% de la población residente en Balears habla bien el castellano, porcentaje que desciende al 59,5% en el caso del catalán.
Prioridad al inglés y “maltrato” al catalanohablante
“Lo que planteo en este libro es que se necesita una actuación global liderada, definida y construida por los poderes políticos, una intervención integral que comprometa a los gobiernos y que descienda hasta las organizaciones y las empresas”, subraya, denunciando la “contradicción” en que éstas incurren al “preocuparse de informar y de atender bien los clientes en inglés o, si hace falta, en otras lenguas, y que vayas a un establecimiento y te maltraten si utilizas la lengua propia de estas islas”. Una problemática que, incide, no puede resolverse sin una combinación de regulación y apoyo: no solo es necesario exigir el cumplimiento de determinados estándares lingüísticos, sino también acompañar a las empresas con medidas que faciliten su adaptación.
En esta línea, el investigador critica la incoherencia de las actuales políticas públicas en Balears y advierte de la brecha existente entre el discurso institucional y las medidas adoptadas: “No tiene sentido que, ante una situación como esta, el Govern hable de sostenibilidad, pero haga políticas contra la sostenibilidad, o que tenga el compromiso, por ley y por Estatut, de trabajar por la normalización de la lengua propia de las islas y, en cambio, esté adoptando medidas contrarias a la recuperación de nuestra lengua. Evidentemente, de este modo no lo arreglaremos”, recrimina, aseverando que, sin una estrategia alineada con esos objetivos, no será posible revertir la situación.
No tiene sentido que el Govern hable de sostenibilidad, pero haga políticas contra la sostenibilidad, o que tenga el compromiso, por ley y por Estatut, de trabajar por la normalización de la lengua propia de las islas y, en cambio, esté adoptando medidas contrarias a la recuperación de nuestra lengua
Durante esta legislatura, las políticas lingüísticas impulsadas por el Govern del PP con el apoyo –y la exigencia– de Vox han girado en torno a la introducción de la “libre elección de lengua” en la enseñanza, la flexibilización o eliminación de los requisitos de conocimiento de catalán en la administración y el blindaje del español como lengua vehicular. En conjunto, se trata de un paquete de actuaciones que, según conservadores y extrema derecha, buscan garantizar la “libertad lingüística”, pero que colectivos educativos y sociales perciben como un cambio de orientación respecto al modelo de normalización lingüística vigente desde la década de los ochenta.
En el fondo, el libro de Marí plantea una cuestión política de mayor calado: qué tipo de sociedad quiere ser Balears en un contexto de transformación constante. Para el investigador, la sostenibilidad lingüística no es solo una cuestión de preservar una lengua, sino de evitar la fractura social. El objetivo, recuerda, debería seguir siendo el mismo que se fijó en la Transición: que toda la población conozca las dos lenguas oficiales para garantizar igualdad de oportunidades y cohesión. Sin ese horizonte compartido, advierte, el riesgo es la consolidación de comunidades lingüísticas separadas y potencialmente enfrentadas.
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