Palma, a años luz de Málaga: los coches de caballos continúan en la ciudad a pesar de la polémica
Los coches de caballos que pasean a los turistas ya son historia en Málaga. La ciudad ha dado el paso culminando una de las reivindicaciones que mantienen las entidades animalistas en toda España. La capital malagueña ha dejado de contar con este tipo de transporte turístico, que funciona con caballos, después de que el Ayuntamiento haya revocado las 25 licencias que seguían en vigor. Para ello, ha tenido que indemnizar a sus titulares con más de 125.000 euros cada uno. El coste total ha supuesto un desembolso de más de 3 millones de euros para las arcas municipales.
Según el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre (PP), los coches de caballos dan “mala imagen” al mundo. De hecho, el alcalde ya anunció el fin de los coches de caballos en enero de este año. El anuncio del fin de esta práctica en menos de un año fue una sorpresa en Málaga, ya que el Consistorio había defendido un proceso gradual hasta ese momento. Las últimas licencias caducaban en 2035. Unas semanas antes de que Málaga pusiera fin a los coches de caballos, unos 200 activistas se movilizaron en Palma para protestar contra este tipo de explotación animal y forzar al Ayuntamiento a poner fin a ella.
Sin embargo, el Ayuntamiento de la capital mallorquina no parece dispuesto a ponerles fin. En el caso de Palma hay 28 licencias en vigor, que, a diferencia de Málaga, son hereditarias y vitalicias. Revocarlas implica negociar con los caleseros, una opción que no parece estar sobre la mesa del consistorio. De hecho, el Ajuntament de Palma no ha respondido a la consulta de elDiario.es sobre si iba a seguir el Consistorio el ejemplo de Málaga en el momento en que se publica esta noticia.
En cuanto a otros asuntos, los animalistas mallorquines también han lamentado que siga habiendo corridas de toros en la isla y han mostrado su enfado por el hecho de que los menores de 16 años puedan asistir a ellos. Consideran, además, que el caso de la ‘macrogranja de los horrores’ de Llucmajor, que reveló las condiciones de insalubridad y maltrato que sufren las aves, no es más que otro ejemplo de la relación que como sociedad tenemos con los animales.
“Los caballos están en malas condiciones”
Las malas condiciones en las que viven los caballos que trabajan en la industria de las calesas es un asunto recurrente denunciado por las entidades animalistas, como ya contó elDiario.es en una crónica de julio de 2022. “Los caballos están en malas condiciones, muy delgados. Hay animales que no podían caminar más. Los hemos podido ver y lo hemos denunciado, pero después nunca se encuentra al caballo”, lamentaba, ya entonces, Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde.
Pese a que año tras año los animalistas denuncian la misma situación que recoge luego la prensa local y que se debate también en los plenos municipales, todo sigue igual. Las últimas críticas se han centrado en los desplomes de dos caballos en menos de 48 horas. Fuentes del Ajuntament de Palma aseguraron a este diario que los sucesos no se debieron a golpes de calor ni al mal estado de salud de los caballos sino que, en uno de los casos, unos turistas cruzaron de forma imprevista la calle al paso de la galera y, en el otro, el caballo pasó por una zona deslizante lo que provocó su caída. Sin embargo, tanto el partido animalista como la asociación Satya Animal denuncian la explotación a la que están sometidos.
“Uno de los casos podría ser [fortuito] pero el otro no porque el caballo se desvanece. No hace ni amago de levantarse. Esto solo puede ocurrir por la sobreexplotación que trae un servicio así, que depende del beneficio económico de cuántos kilómetros haga el caballo”, asegura Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal, quien añade que la Policía Local no multa a los caleseros cuando se producen infracciones. “No tienen ningún interés en recuperar las licencias, dicen que es un servicio legal”, asegura y añade que el Consistorio afirma que solo se compromete a inspeccionar a los equinos que sufren las caídas.
[El desplome de caballos] solo puede ocurrir por la sobreexplotación que trae un servicio así, que depende del beneficio económico de cuántos kilómetros haga el caballo. No tienen ningún interés [en el Ayuntamiento] en recuperar las licencias, dicen que es un servicio legal
Las licencias son vitalicias
El problema que hay con estas licencias es que son hereditarias y vitalicias. El Ayuntamiento de Palma solo puede rescatarlas llegando a un acuerdo con los caleseros, que se niegan a renunciar a ellas. En opinión de Gimeno, están intentando llevar la situación “al límite” para conseguir una licencia de taxi, valorada entre doscientos mil y trescientos mil euros. Al contrario de lo que ha ocurrido en Alcúdia —municipio cercano a la costa de Menorca—, donde las licencias han caducado y el Ayuntamiento las ha sustituido por calesas eléctricas, convirtiéndose en el primer municipio de la UE en ofrecer este servicio de forma homologada. “Hemos apostado por vehículos eléctricos porque había que darle una salida a nuestro sector. Si no lo hacíamos, no teníamos futuro. La sensibilidad respecto a los animales ha cambiado mucho en estas décadas y era el momento de evolucionar”, afirmó Eduardo Salazar, cuya familia lleva más de 50 años en el negocio de las galeras. Según los animalistas, en este municipio el Consistorio tenía una posición más favorable para introducir un cambio que deje atrás la explotación animal.
El problema que hay con estas licencias es que son hereditarias y vitalicias. El Ayuntamiento de Palma solo puede rescatarlas llegando a un acuerdo con los caleseros, que se niegan a renunciar a ellas
Antes de ser presidente de Progreso en Verde (partido que se presentó a las últimas elecciones municipales de Palma en una coalición con PACMA), Amengual militó en organizaciones animalistas como AnimaNaturalis. Según su visión, hay algo “turbio” detrás del servicio de calesas de la capital porque las administraciones y autoridades no están abriendo los expedientes sancionadores que corresponderían a la cantidad de infracciones que se producen. “Hay caleseros que se ríen cuando publicamos en redes sociales las infracciones que cometen. Dicen que a ellos no les multan”, lamenta.
Hay caleseros que se ríen cuando publicamos en redes sociales las infracciones que cometen. Dicen que a ellos no les multan
El partido animalista se plantea acudir a la vía judicial para estudiar la revocación de estas licencias. “No tiene sentido que un Ayuntamiento quiera retirar un servicio y no pueda hacerlo porque existe una licencia vitalicia”, argumenta. En estos momentos hay 28 licencias de calesas en Palma. Si cada uno de los propietarios pidiera 200.000 euros, el coste para las arcas municipales sería de 5,6 millones de euros. “El Ayuntamiento [gobierna el PP con el apoyo externo de Vox] siempre responde que los servicios jurídicos argumentan que no se pueden [revocar]”.
En estos momentos hay 28 licencias de calesas en Palma. Si cada uno de los propietarios pidiera 200.000 euros, el coste para las arcas municipales sería de 5,6 millones de euros
Los niños pueden ver el “espectáculo taurino”
El PP recuperó buena parte de su poder territorial tras las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo de 2023 poniendo fin a los cambios que se habían producido en España a partir de 2015 con los ayuntamientos más importantes y buena parte de las autonomías gobernadas por coaliciones de izquierdas. Tanto el Ajuntament de Palma como la Comunitat Autònoma pasaban a estar gobernadas por el PP. Sin embargo, como ocurre con otros asuntos en la llamada ‘guerra cultural’ que la extrema derecha está librando contra los consensos que son asumidos por la mayor parte de la sociedad por su transversalidad, los conservadores se están viendo arrastrados por Vox. ¿Y cuál podría ser una de sus señas de identidad, de tradición, de españolidad? Los toros.
En 2015 el PSOE gobernaba en coalición con Més per Mallorca y Més per Menorca a través de un pacto de legislatura con Podemos y Gent per Formentera. Este primer Ejecutivo progresista de la era Francina Armengol aprobó una ley autonómica para impedir la muerte del toro en las plazas. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió la normativa autonómica al Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal dio en parte la razón a los conservadores y anuló parcialmente la ley balear. La tauromaquia fue declarada patrimonio cultural por ley en el Congreso de los Diputados en 2013.
Además, en cuanto han sumado mayoría en el Parlament, conservadores y ultraderechistas han modificado la ley de regulación de las corridas de toros para permitir la entrada de menores de edad. El primer Ejecutivo de Armengol había aprobado la Ley 9/2017 de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en Balears, que no permitía el acceso de niños y adolescentes en los festejos taurinos. “Es la aberración máxima a la que podíamos llegar”, valora Gimeno. Los animalistas recuerdan que la ONU, a través de la Convención de los Derechos del Niño, se ha posicionado a favor de esta prohibición. “Nos parece una desprotección de los menores brutal”, lamenta el activista. Cabe recordar que el pacto de gobierno al que Marga Prohens (PP) llegó con Vox para erigirse presidenta ya contemplaba que los menores pudieran volver a las plazas.
“Llama la atención la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes que hay”, reconoce Gimeno. Lo que muestran los estudios demoscópicos es un giro hacia la derecha entre los menores de 24 años, es decir, los más jóvenes de la generación zeta. Especialmente entre los hombres. Y en este desplazamiento del marco ideológico hacia la derecha, las cuestiones culturales relacionadas con este espectro político, así como la tradición, ganan peso.
“La era de la antipolítica se construye, a nivel social, en torno a la retórica de la identidad, la exclusión y el patriarcado. Los líderes de la derecha radical buscan construir una sensación de cohesión apelando a similitudes y diferencias en torno al sistema sexo/género, a aspectos culturales, religiosos, de procedencia…”, afirmaba, en este sentido, Alina Danet, politóloga y vicedecana de Estudiantes, Participación y Relaciones con la Sociedad de la Universidad de Granada.
Amengual, presidente de Progreso en Verde, recuerda que tras la aprobación de la ley balear de toros de 2017 se redujeron muchísimo los festejos taurinos. En su etapa de activista recordaba entre siete y diez corridas de toros anuales mientras que tras la aprobación de la nueva norma cayeron a unas dos al año. “La entrada de menores no va a salvar la tauromaquia”, apunta Amengual. Cree que la sociedad balear es mayoritariamente antitaurina. Los animalistas confiaban en que saliera adelante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se iba a debatir en el Congreso de los Diputados, pero que no salió adelante debido a la abstención del PSOE y los votos en contra de PP y Vox. Si la ley se hubiera debatido y aprobado, la tauromaquia habría perdido su estatus como patrimonio cultural.
La granja de los horrores “debería estar cerrada”
Uno de los casos de maltrato animal más graves que han salido a la luz en los últimos meses ha sido el de la ‘macrogranja de los horrores’ de Llucmajor, después de que elDiario.es desvelara en primicia la situación perniciosa en la que vivían las gallinas. El interior de esta macrogranja presentaba unas condiciones de insalubridad y suciedad extremas, según las imágenes grabadas por las asociaciones ARDE y Satya Animal entre los días 21 y 29 de abril. Después de que técnicos de Agricultura, Ganadería y Medio Rural inspeccionaran las seis naves al día siguiente junto con agentes del Seprona de la Guardia Civil, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural cerró una de ellas. La empresa que explota la granja se enfrenta a una sanción superior a los 200.000 euros. Además, el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ha abierto diligencias penales por la presunta comisión de un delito de maltrato animal contra la empresa Avícola Ballester -marca comercial de Avícola Son Perot S.A.-.
“En una sociedad que vive con normalidad explotar animales, utilizarlos en beneficio propio, no esperábamos conseguir un rechazo social mayoritario ni mucho menos institucional”, reconoce Gimeno. El portavoz de Satya Animal reconoce que el caso generó un gran impacto social, pero cree que se debe, sobre todo, al riesgo que todo ello suponía para la salud pública. “Creo que se ha conseguido sensibilizar también, pero al final la conclusión que se saca es ‘yo al final me como ese huevo’, que es lo que ha encendido a la sociedad”, opina.
En una sociedad que vive con normalidad explotar animales, utilizarlos en beneficio propio, no esperábamos conseguir un rechazo social mayoritario ni mucho menos institucional', reconoce el portavoz de Satya Animal
“Las imágenes creo que hablan por sí solas, son dramáticas, y es una vergüenza que esa granja a día de hoy siga abierta”, lamenta Amengual, presidente de Progreso en Verde. El activista de Satya Animal, en la misma línea, coincide en que “las expectativas eran bajas” ya que vivimos en una sociedad que “vive con normalidad” la explotación animal. Las entidades animalistas coinciden que la actuación de la administración es “decepcionante” y que solo se mueven “por la imagen”.
“Creemos que todo quedará reducido a meras infracciones administrativas”, reconoce Gimeno. Es decir, la multa de poco más de 200.000 euros, pese a que en un principio se enfrentaba a 420.000 euros. Amengual cree que todo se reduce a la “corrupción institucional”. “¿Qué inspecciones se habían hecho?”, se pregunta. “Ha habido alguna dimisión pero no las suficientes. Y la granja debería estar cerrada”, sentencia. Al final, coinciden las entidades animalistas, pierden los de siempre: los animales. “La decisión final es reducir el número de animales (que pasa de 136.000 a un máximo de 40.000 gallinas), por lo que vuelven a perder los animales”. “El sacrificio va a ser masivo”, sentencia.
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