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La UE fracasa en su intento de eliminar la corrupción en Kosovo

"Un Estado no se construye robando", dice el cartel en una manifestación en Prístina el 22 de marzo contra la corrupción y la subida del precio de la luz. Foto: Valdrin Xhemaj, EPA

Iñigo Sáenz de Ugarte

Dino Asanaj apareció muerto en su despacho en junio de 2012. El cuerpo del jefe de la Agencia de Privatización de Kosovo tenía 11 heridas de arma blanca. Al lado estaba un cuchillo, manchado con su sangre. Sorprendentemente, unos días después la investigación dictaminó que en realidad se trataba de un suicidio. No se halló rastros del ADN de otra persona en la sangre encontrada. Había una nota de suicidio de su puño y letra. Asanaj estaba siendo investigado por la acusación de haber solicitado un soborno –de cuatro millones de euros, nada menos– por la privatización de un hotel. No parecía que esta denuncia pudiera hacer peligrar la posición del político, ni mucho menos llevarle a prisión.

Fue una muerte sospechosa, como lo ha sido todo el sistema de privatizaciones en Kosovo, lleno de acusaciones de corrupción y de trato de favor a los amigos del Gobierno de Hashim Thaci. El suicidio de Asanaj, un hombre de confianza de Thaci, no es una gran tarjeta de presentación de la limpieza de estos procesos.

Como en muchos procesos de reconstrucción nacional ayudados por la ONU y Occidente, la llegada de los millones de la ayuda exterior y la falta de estructuras políticas y jurídicas han supuesto una mezcla peligrosa en Kosovo. Además, desde los años 90 las guerras de los Balcanes y las nuevas fronteras han extendido el poder de las organizaciones criminales. Es una zona clave en la llegada vía Turquía del opio asiático y una buena cantera de mano de obra delictiva.

Los gobiernos serbios siempre han utilizado como argumento propagandístico la descripción de Kosovo como una cabeza de puente de las mafias balcánicas. También –al igual que hicieron con Bosnia– metieron miedo con el peligro de la infiltración del fundamentalismo islámico, inexistente como se puede comprobar por la vestimenta de las mujeres de menos de 50 años en las calles de Prístina o Prizren.

Crimen en los Balcanes

El miedo al crimen tiene más peso, aunque no se limita a Kosovo. “Los Balcanes son una región clave para el tránsito de productos ilegales desde el Tercer Mundo a Europa. Bosnia, Kosovo, Montenegro y Macedonia tienen los mayores problemas. Son víctimas de la inestabilidad política”, contaba en 2008 el periodista Misha Glenny, autor del libro 'McMafia' y experto en la zona.

Lo que es injusto es considerar que solo los kosovares o bosnios son los grandes sospechosos. En Kosovo no es sólo el Gobierno el que cree que esta acusación es exagerada. “Las organizaciones criminales son un ejemplo de colaboración que sobrepasa las fronteras”, dice Luan Shllaku, director de la ONG Fundación por una Sociedad Abierta de Kosovo. “No son bandas kosovares, albanesas o serbias. Tienen miembros de todas las nacionalidades”. Glenny incidía también en eso cuando decía que los grupos criminales de varios países tenían intereses comunes.

En su origen, la guerrilla kosovar que dirigía Hashim Thaci tuvo que entrar en tratos con las mafias albanesas para conseguir armas. No las iban a encontrar en otro sitio para enfrentarse a los agentes de Milosevic. El hundimiento de la economía albanesa por una estafa piramidal en 1997 provocó un caos generalizado que incluyó el saqueo generalizado de instalaciones militares. Había mucho armamento que colocar.

Desde entonces las sospechas sobre las conexiones entre Thaci y grupos criminales no han cesado. En el caso del informe de un observador del Consejo de Europa, llegó al extremo de acusar a Thaci de ser el jefe de una organización mafiosa dedicada al tráfico de armas, drogas y hasta órganos humanos. Nunca hubo pruebas de esos delitos que pudieran presentarse ante un tribunal en condiciones de prosperar.

Una plaga extendida

Crimen y mafias tienen la tendencia de ocupar titulares con facilidad. La corrupción es un fenómeno más extendido y que afecta por completo a una sociedad. “La corrupción es endémica en Kosovo”, escribe en un informe en 2010 Lejla Sadiku, asesora de la embajada noruega en Prístina, “y se extiende en todos los sectores de la Administración Pública y de la sociedad. En el nivel más bajo, tiene la forma de favoritismo y los pequeños sobornos”. Eso es especialmente cierto en la sanidad, donde para recibir el mejor tratamiento posible no es raro que haya que entregar un sobre con dinero en efectivo.

Las cifras se mueven en un nivel exponencialmente mayor en los grandes contratos concedidos por la Administración. Sadiku cita el informe de progresos sobre Kosovo realizado por la Comisión Europea en 2009, que señalaba que las empresas continuaban pagando por recibir concesiones administrativas. “La clase política de Kosovo se ha adaptado bien a la condición de semiaislamiento del país, y a ganarse la vida llevándose una parte de la riqueza limitada de los ciudadanos”.

No han cambiado muchas las cosas desde entonces. Hace unos meses, la periodista Flaca Surroi, responsable del mayor grupo periodístico del país y crítica contundente de Thaci, destacaba que la corrupción empezó cuando los gobernantes eran los responsables de la misión de la ONU y ha seguido desde entonces. En el mundo oficial existen leyes contra la corrupción y un organismo independiente dedicado a luchar contra ella. En el mundo real, “el nivel de corrupción es máximo” y “un jefe de ese organismo terminó encarcelado”. Los medios de comunicación que dirige Surroi reciben “dos o tres demandas” al mes. “En 15 años no hemos perdido un caso”.

El fiasco de la UE

Es un éxito para el periodismo, pero un fracaso para la sociedad porque esas denuncias no sirven de mucho. Se suponía que Eulex iba a ser la clave. Este organismo de la UE (110 millones anuales de presupuesto y 2.250 trabajadores) tiene como función promover las reformas que hagan posible la integración de Kosovo en Europa, y como prioridad la lucha contra la corrupción. “Eulex es una pérdida de tiempo”, dice Surroi. “Trabajan muy poco y muy lentamente. En los dos primeros años, se centraron en los crímenes de guerra, pero descuidaron los problemas actuales”. Para cuando prestaron atención al uso de fondos públicos, la maquinaria de sobornos ya funcionaba a pleno rendimiento.

Pocos fracasos de Eulex son más notorios que la detención en julio de 2010 del gobernador del Banco Central de Kosovo, Hashim Rexhepi. Los cargos eran graves: blanqueo de dinero, evasión fiscal, tráfico de influencia y recibir sobornos. Rexhepi pasó cuatro meses en prisión antes de obtener la libertad bajo fianza. Pasó un año antes de que Eulex estuviera en condiciones de hacer público el procesamiento. Tuvo que retirar las acusaciones más graves y un juez rechazó después que se pudiera juzgar al sospechoso por las otras. Resultó que la mayor parte de las pruebas se basaba en denuncias anónimas.

¿Su origen? Denuncias aparecidas antes en periódicos progubernamentales. La élite política y económica del país pretendía deshacerse de Rexhepi para colocar a uno de los suyos al frente del banco central (lo que al final no consiguieron). Nadie protestó en la calle por estas intrigas porque a fin de cuentas la gente da por hecho que cualquiera en una posición de poder es corrupto.

Privatizaciones sospechosas

La economía de Kosovo se sostiene en buena parte gracias a las aportaciones e inversiones de la diáspora albanesa y kosovar desde Alemania, Suecia u Holanda. En un país de 1,8 millones con no menos de un 40% de paro oficial y pocos recursos naturales, los fondos públicos escasean por definición. La agricultura y el turismo deberían ser objetivos básicos. “Siempre hay dinero para infraestructuras (donde no es difícil conseguir comisiones), y la televisión pública tiene más presupuesto que la agricultura”, se queja Surroi.

Las privatizaciones son inevitablemente sospechosas en este contexto. En 2011 fracasó un intento de poner en el mercado la empresa pública de telecomunicaciones y correos por un escándalo en el que estaban implicados varios directivos. El pasado 16 de abril, el Gobierno privatizó un 75% de la empresa por 277 millones de euros. Los empleos de sus 2.500 trabajadores están garantizados durante tres años. El beneficiado fue un consorcio formado por una empresa alemana ACP Axos Capital y el fondo de inversiones norteamericani Najafi Companies, asesorado por la británica BT. Un partido de la oposición se pregunta cómo es posible que ACP Axos Capital no aparezca en los índices de Bloomberg, sólo exista desde 2005 y tuviera unos beneficios de tan solo 2.500 euros en 2011.

Las privatizaciones han tenido antes la habilidad de verse afectadas por incidentes criminales. En 2007, hubo dos intentos de asesinar al jefe del organismo regulador de telecomunicaciones poco después de la concesión de una licencia de telefonía móvil a una empresa eslovena.

“Llegará un momento en que los que mandan terminarán comiéndose entre sí”, dice Surroi. Algunos, como Dino Asanaj y su suicidio a cuchilladas, prefirieron no dejar la tarea a los demás.

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