Los presos de EEUU ponen fin a la huelga y presionan por su derecho al voto

Este domingo, coincidiendo con el aniversario del levantamiento de 1971 en la cárcel de Attica (norte del Estado de Nueva York), los reclusos de las superpobladas cárceles estadounidenses pusieron fin a una huelga nacional que tenía, entre otros objetivos, la recuperación del voto para seis millones de estadounidenses despojados de sus derechos democráticos.

La protesta comenzó el 21 de agosto y no se han conocido muchos detalles, pero desde Florida y Carolina del Sur hasta el Estado de Washington hay informes de huelgas de hambre, boicots a las instalaciones y presos que se negaban a trabajar.

Ahora que la huelga terminó, los organizadores esperan poder mantener el empuje y satisfacer sus demandas, la restauración del voto entre ellas. Estados Unidos es el país con más presos del mundo (2,3 millones de personas entre rejas) y las leyes de sus estados están entre las más severas por la privación del voto a la que someten a los exconvictos.

Según los datos del Brennan Center for Justice, en 34 estados se prohíbe votar a los expresidiarios en función de las condenas que hayan cumplido. Los Estados de Kentucky, Florida y Iowa expulsan para siempre del proceso democrático a cualquiera que haya cometido un delito grave.

Los reclusos han empezado a unirse en la campaña por el voto como una forma de avanzar en la reforma penitenciaria. Jailhouse Lawyers Speak, la red informal de mujeres y hombres encarcelados que se puso al frente de la huelga de prisiones, está liderando esa campaña.

Cuando comenzaron la protesta, los organizadores de la huelga presentaron 10 demandas. La décima decía así: “Los derechos de voto de todos los ciudadanos encarcelados... deben contar. Exigimos tener representación. Todas las voces son importantes”.

Ciudadanos de segunda

Eddie, un preso que lleva cumplidos 13 de los 18 años a los que lo condenaron por robo a mano armada en Carolina del Sur, dice que cuando le den la libertad, en 2023, será condenado al ostracismo: “Pagaré impuestos pero no podré votar”. Hablando con un teléfono clandestino desde su celda, Eddie dice que la privación del derecho al voto convierte a los prisioneros en ciudadanos de segunda clase. “Es una forma de decirme que no soy un ciudadano de verdad”, dice. “No tendré ni voz ni voto en el proceso político, ni en los destinos de la nación”.

Eddie, que ha pedido ocultar su nombre verdadero para evitar represalias de las autoridades, forma parte del equipo de Jailhouse Lawyers Speak que coordinó la huelga. Dice que en su cárcel la mayor parte de la protesta se centró en boicotear las instalaciones que generaban ingresos para el servicio penitenciario, como los economatos y las máquinas expendedoras de la sala de visitas. En su prisión también hubo una negativa generalizada a trabajar, como en otros penales de Carolina del Sur. Para los reclusos en huelga, la obligación de trabajar en la cárcel a cambio de un salario minúsculo, o de nada, es una forma de esclavitud del siglo XXI.

La reacción de las autoridades, dice Eddie, fue mantener en sus celdas a los reclusos de las prisiones de máxima seguridad de Carolina del Sur. “Suspendieron todos los entretenimientos para que estuviéramos en nuestras celdas literalmente los 7 días de la semana y las 24 horas del día”, dice. “Devolvían nuestras cartas, amenazaban con aislamiento solitario a cualquier preso que fuera vinculado con la huelga, y pintaron de negro las ventanas de nuestras celdas para que no tuviéramos ni idea de si era de día o de noche”.

Dice que la intimidación no logró desanimarles ni disuadirles de planificar acciones futuras. Entre ellas, dice, una de las principales se centrará en recuperar el derecho al voto.

Los prisioneros más activistas y los que organizaban la huelga han denunciado más medidas de represalia. Kevin Rashid Johnson, autor de un artículo de opinión que el periódico The Guardian publicó al inicio de la huelga de cárceles, fue citado para comparecer el 10 de septiembre ante las autoridades de la prisión estatal de Sussex en Waverly (Virginia), donde lo encerraron en régimen de aislamiento.

Las injusticias del sistema

A Johnson le dijeron que a lo mejor lo trasladaban a otro penal, repitiendo el patrón de traslados por todo el país que vienen siguiendo con él, de prisión en prisión: de Virginia a Orégano, a Texas, a Florida y, de regreso, a Virginia. “Es una forma de represalia”, dice su abogado, Dustin McDaniel. “Las autoridades se resisten a su forma de exponer las injusticias del sistema y a que haga trabajo de educación política con el resto de prisioneros, lo trasladan para tratar de neutralizarlo”.

Los líderes de la huelga están dispuestos a sufrir más represalias pero también están trabajando en la campaña para restaurar el derecho al voto. Janos Marton, de la American Civil Liberties Union Campaign for Smart Justice (una organización que aspira a reducir a la mitad el número de presos de Estados Unidos), dice que uno de los principales logros de los 19 días de protestas fue poner en el candelero la privación del derecho al voto que sufren las personas que han cometido delitos graves.

“La organización de la huelga en todos los estados ha unido en una voz a los presos, movilizándoles hasta un nivel que no habíamos visto antes”, dice. “Tras el fin de la huelga, el impacto más tangible de esa voz amplificada es el impulso específico sobre [la recuperación de] el derecho al voto”.

Es probable que la privación del voto para millones de prisioneros sea uno de los temas candentes en las elecciones legislativas de noviembre. Los votantes de Florida tendrán que contestar si quieren o no introducir una enmienda a la Constitución del Estado para devolver el derecho al voto a las personas con condenas por delitos graves siempre y cuando hayan cumplido sus sentencias y completado los períodos de libertad condicional.

Florida es tradicionalmente uno de los estados grandes donde el voto no está definido, lo que lo convierte en clave para decidir elecciones presidenciales. En 2016, Donald Trump ganó en Florida con una mayoría de solo 113.000 votos sobre Hillary Clinton. Si devolvieran los derechos de voto a los exconvictos, unos 1,5 millones de ciudadanos del Estado volverían a figurar en el censo electoral.

En otros estados, hay funcionarios del partido republicano aplicando con tanto celo las leyes de privación del voto que incluso algunos exreclusos han vuelto a la cárcel simplemente por tratar de votar. Crystal Mason vuelve a la prisión federal de Texas el 13 de septiembre para pasar allí 10 meses de encierro porque emitió un voto provisional (en Estados Unidos, si un ciudadano asegura que tiene derecho a votar, la mesa electoral recibe la papeleta de forma provisional para incluirla en el recuento una vez verificada la afirmación del votante) en las elecciones presidenciales de 2016. No sabía que, como exdelincuente, le habían prohibido votar.

Traducido por Francisco de Zárate