Los tribunales británicos declaran ilegal la venta de armas a Arabia Saudí por no haber evaluado el riesgo para los civiles
El Tribunal de Apelaciones británico ha declarado ilegales las exportaciones de armas a Arabia Saudí utilizadas en la guerra en Yemen porque han contribuido en los ataques indiscriminados a la población civil por parte de las fuerzas lideradas por la monarquía saudí, según ha informado The Guardian.
El caso fue iniciado por el grupo Campaign Against Arms Trade, que acusó al Gobierno de Reino Unido de permitir la venta de armas cuando existía un riesgo claro de que su uso podría violar la legislación internacional humanitaria.
En la sentencia, el tribunal señala que “el proceso de toma de decisiones del Gobierno fue erróneo de acuerdo con la ley”. El fallo señala que el Ejecutivo “no evaluó si la coalición había cometido violaciones del derecho internacional humanitario en el pasado, durante el conflicto en Yemen, y no intentó hacerlo”.
“La decisión del tribunal no significa que las licencias para exportar armas a Arabia Saudí deben ser suspendidas inmediatamente”, aclaran los jueces. “El Gobierno debe reconsiderar el asunto” y evaluar futuros riesgos.
Reino Unido ha autorizado la venta de 5.290 millones de euros en armas a Arabia Saudí desde el inicio de la guerra en Yemen, en marzo de 2015. Dichas ventas están autorizadas por los ministros de Exteriores, Defensa y Comercio Internacional.
Según la ONU, al menos 7.025 civiles han muerto desde marzo de 2015 y más del 60% de ellos a causa de los ataques de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí. Hay estimaciones mucho más elevadas respecto a las cifras de civiles asesinados.
España también es uno de los principales proveedores de armas a Arabia Saudí. En 2017, España vendió al reino más de 361 millones de euros en armas. El pasado mes de septiembre se desató la polémica porque el Gobierno español anunció la cancelación de la venta de 400 bombas de precisión láser a Arabia Saudí. La venta ya estaba aprobada y el Ministerio de Defensa anunció que devolvería los 9,2 millones de euros recibidos por el material. Poco después, el Gobierno cambió de opinión y confirmó que la transacción seguiría adelante. “Esa clase de armamento es de precisión, no produce efectos colaterales, no se pueden producir esos bombardeos que producen esa clase de tragedias”, justificó Josep Borrell, ministro de Exteriores.
