Casillas ilegales: La Fiscalía mantiene la acusación de prevaricación al exalcalde de Arnedo

La Fiscalía rebaja dos años la petición de inhabilitación al exalcalde de Arnedo mientras la defensa pide la absolución al entender que no hay delito. Son las conclusiones una vez transcurridas las dos sesiones de la vista oral. El Fiscal mantiene su acusación al exalcalde de Arnedo, Juan Antonio Abad, de no querer cumplir con su obligación, mientras que la defensa ha negado dicha conducta pasiva.

De hecho, en su informe final y una vez transcurridas las dos sesiones de vista oral, el fiscal ha mantenido su acusación, a Abad, de un delito continuado de prevaricación administrativa y otro de omisión intencionada en la persecución de hechos delictivos. “Se ha incrementado la plantilla pero sólo para tramitar expedientes pero no para ejecutar la demolición, que era la medida obligada”, ha dicho señalando que los propietarios ya contaban, antes de ejecutar la obra, con que “se pagaba la sanción y la edificación no se demolía”. No obstante, ha rebajado su petición de pena de los catorce años y cuatro meses de inhabilitación que le pedía inicialmente por los dos delitos a doce años y cuatro meses.

Por su parte, la defensa ha pedido la absolución al entender que no ha habido una conducta pasiva ante una situación que, ha subrayado, era anterior a su mandato: “No tiene una conducta pasiva quien contrata un vigilante de obra”. Además, ha creído que no está entre sus competencias “perseguir delitos”.

El fiscal, en su informe final, ha mantenido que la conducta de Abad, alcalde de Arnedo entre 2003 y 2015, “ha sido prevaricadora”. “El resultado de la pruebas ha dejado claro que en Arnedo proliferan las construcciones ilegales”, ha dicho. En el suelo protegido de huertas tradicionales, ha dicho, “hay 1.800 construcciones ilegales”, aunque el procedimiento se ciñe a 38, que fue las que investigó la Guardia Civil, y ante las que sólo se levantó expediente, desde el Ayuntamiento, a siete (según han declarado hoy un guardia civil encargada del procedimiento). De las 38, además, no se investigó una porque en el momento en que se hizo la inspección no estaban los propietarios. “Lo decisivo”, para el fiscal, “es que no han desaparecido las construcciones ilegales” y el alcalde ahora juzgado “no ha querido cumplir con la obligación que tenía” como tal y ha sido “refractario a demoler”. En algunos casos, ha dicho, “se imponía una sanción” económica “porque suponía un ingreso para el ayuntamiento”.

“Ahí no duelen prendas, y el propio particular lo sabe”, ha dicho al tiempo que se ha centrado en el caso de una multa de 31.000 euros que el particular abona y, más adelante, comete otra legalidad. Ha añadido que, además, “aunque se esté hablando de las huertas del Cidacos la mayor parte” de las construcciones “no se dan en este suelo protegido”, sino en suelo con la configuración de no urbanizable.

“En ese suelo, en el que no se puede construir, se han edificado muchas viviendas pero no se ha demolido nada, sólo la chimenea de una barbacoa, pero no es atribuible a Abad, y el arquitecto ha reconocido que jamás se ha demolido nada, la voluntad ha sido legalizar”, ha relatado.

Otro caso relatado por el fiscal se ciñe a febrero del 2006, cuando se multó al promotor de una vivienda pero no se abrió expediente, a pesar de que constituía un delito contra la ordenación del territorio. Tras continuas desobediencias de la orden de demolición el particular paga la multa y en 2013 “amplía el palacio”. El Ayuntamiento, ha subrayado el fiscal, “consiente” la situación de las 'casillas' ilegales y, además, “proporciona servicios, como el saneamiento”. Para el fiscal, al alcalde le “interesa consolidar las construcciones”, lo cual supone, a su juicio, una “forma turbia de soslayar el cumplimiento de la legalidad”.

La abogada de la defensa de Abad ha subrayado cómo en Arnedo existen construcciones ilegales “desde hace más de cuarenta años” y su defendido “no es responsable de que cuando llegó existieran 1.800”. “Se afirma que tuvo una conducta de permisividad, pero hay pruebas aplastantes de que no es así; cuando uno tiene permisividad no crea un departamento donde antes no lo había; no contrata a una técnico de urbanismo o crea la figura del vigilante de obra”, ha aseverado.

Además de rechazar una conducta pasiva, ha defendido que no se incoe expediente sancionador a la vez que se desarrolla el procedimiento administrativo; y ha subrayado que “el señor Abad no tiene conocimientos en urbanismo”. A la letrado le ha costado “imaginar que alguien pueda asumir, sin problema, una sanción de 64.000 euros”, rechazando, por tanto, que los propietarios tuviesen en cuenta que iba a haber una multa antes de hacer la obra. “Se dice que es algo que está aceptado”, ha indicado, pero también que “se crean plataformas contra el ayuntamiento”.

Ha señalado “tres resoluciones del actual alcalde en los que se archiva el expediente sancionador porque se ha restablecido la legalidad”. Y ha constatado que hay expedientes que “no se tramitaron a tiempo porque había problemas por el volumen de trabajo acumulado”. “Planteémonos de qué estamos hablando”, ha dicho señalando que se trata de “una piscina, una ventana, una puerta, obras en el interior de una bodega”.

“No estamos hablando de los chalets de Villamediana”, ha señalado afirmando que “no existe acreditación de que se le haya propuesto al señor Abad” una ejecución subsidiaria, o demolición, “y se haya negado”. Los técnicos, por contra, ha señalado, le recomiendan “esperar”, y “lo que está haciendo es ser prudente” porque “si estamos en situaciones en la que va a ser posible la legalización para qué demoler”.

Por otro lado, se ha preguntado “cómo se hace la ejecución subsidiaria de la reparación de una piscina o del cambio de un alicatado” y ha señalado que “hay un plazo para la demolición de quince años”, poniendo sobre la mesa “la complejidad de llevar a cabo demoliciones cuando existen parcelas urbanizadas”.

Por otro lado, se le han planteado “dudas jurídicas” porque no está, ha dicho, entre las “competencias” de un alcalde “perseguir delitos”. Algo a lo que ha sumado que el propio ayuntamiento pidió auxilio a la Fiscalía y la respuesta fue que se trataba de irregularidades administrativas.