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MADRID

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Avalmadrid engañó al Banco de España y siguió aprobando avales millonarios de alto riesgo pese a los avisos

El Banco de España alertó en 2012 de que el 1% de los avalados acumulaban el 30% del riesgo de la entidad semipública y le urgió a reducir esa concentración

Avalmadrid, presidida por el hombre de Esperanza Aguirre en la entidad, no solo no lo hizo, sino que engañó a la máxima autoridad bancaria haciéndole creer que cambiaba su manual de riesgos

Avalmadrid autorizó operaciones millonarias a favor de siete empresas en ese periodo. Uno de los beneficiados fue Arturo Fernández, presidente de la patronal y amigo de Aguirre, que recibió 2,5 millones contra las normas del Banco de España

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Expediente del Banco de España a Avalmadrid

Expediente del Banco de España a Avalmadrid

Avalmadrid es una entidad financiera semipública "constituida por y para las pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid", según asegura en su página web. La teoría parecía clara, pero la práctica no fue así. Además de los autónomos y las pymes, gran parte de sus avales –que sirven a su vez para conseguir financiación– fueron aprovechados por unas pocas manos, todas ellas relacionadas personal, empresarial o familiarmente con los propios consejeros o con el PP de Madrid.

En el año 2012, los inspectores del Banco de España investigaron por primera vez a Avalmadrid y emitieron un demoledor informe sobre esta entidad, al que ha tenido acceso eldiario.es.

El Banco de España detectó que Avalmadrid estaba siendo utilizada para financiar mucho a unos pocos. "El 1,7% de los acreditados/avalados cuentan con un riesgo individual superior a un millón de euros y acumulan el 30,6% de los riesgos en vigor a diciembre de 2011", dice el informe del Banco de España. Traducido: el 1% ordeñaba casi un tercio de los recursos financieros de Avalmadrid.

Entre esos pocos avalados VIP estaban los empresarios y dirigentes  patronales Arturo Fernández (CEIM) y Gerardo Díaz Ferran (CEOE), que fueron financiados con seis millones en diferentes operaciones que han dejado casi en su totalidad sin devolver. Ambos empresarios eran a su vez donantes de Fundescam, la fundación opaca que investiga la Audiencia Nacional porque el PP la utilizó para su presunta financiación ilegal.

El Banco de España urgió en noviembre de 2012 a la sociedad a resolver esta acumulación de tantos recursos en tan pocas manos. "Deberán aplicar una política crediticia que disminuya la concentración existente en su cartera de avalados con un riesgo particular significativo", les ordenó.

El Banco de España pedía expresamente que se limitaran los avales a clientes que no tuvieran un segundo aval en caso de estar en apuros para saldar el crédito. A esta red de seguridad se la llama reaval o reafianzamiento.

Avalamadrid no solo no implentó la orden de la máxima autoridad bancaria del país, sino que le hizo creer que lo había hecho y así se lo comunicó en una carta fechada el 19 de diciembre de 2012, el mismo año del informe. "El consejo de administración acuerda limitar el importe máximo por operaciones financieras a las cantidades máximas de reaval (...) y que estas instrucciones se incorporen al Manual de política de Riesgos", se comprometió Avalmadrid, según el contenido literal de la misiva que consta en el expediente de sanción del Banco de España, al que ha tenido acceso eldiario.es (abajo, el expediente completo).

La fecha de implementación a la que se comprometía Avalmadrid en esa misma carta era "el 1 de enero de 2013". No se hizo así.

Cuando volvieron los inspectores del Banco de España, el 28 de noviembre de 2016, se dieron cuenta de que nada de eso había ocurrido en esa fecha. Avalmadrid no solo no había mejorado el control, sino que había seguido aprobando operaciones de más de un millón de euros con apenas siete empresas. El importe concedido en condiciones de riesgo pese a las advertencias sumaba 10,7 millones, de los cuales 6,4 no tenían posibilidad de reaval.

Uno de los empresarios a los que se le concedió una cantidad excesiva de dinero contra la normativa fue Arturo Fernández, empresario de cabecera de Esperanza Aguirre. El también presidente de la patronal madrileña, hoy condenado por las tarjetas black, recibió cinco avales entre mayo y julio de 2013, que sumaban 2,5 millones de euros y sin reaval, justo lo que impedía la normativa del Banco de España que a esas alturas estaba supuestamente implementada. Quedaron sin pagar 1,3 millones, aunque es posible que un parte de esa deuda se recupere con la ejecución hipotecaria de un chalet que puso Fernández como garantía. 

Arturo Fernández era en aquel momento presidente de la patronal CEIM, uno de los accionistas de Avalmadrid. También fue consejero de Caja Madrid y luego Bankia hasta su intervención pública. Caja Madrid también mantenía un alto porcentaje de las acciones de Avalmadrid, más de un 40%.

Que la Comunidad Madrid no superara el 50% de las acciones era una garantía de opacidad. Si hubiera poseído la mayoría de las acciones, los controles públicos sobre gastos, contratos y funcionamiento habrían sido mayores en virtud de la Ley de Contratos 30/2007. Al repartir las acciones con Caja Madrid –también en manos del PP– el control por parte de este partido era igualmente absoluto, pero con menos obligaciones de transparencia. 

Bajo la presidencia de la Comunidad de Madrid

El presidente ejecutivo de Avalmadrid era entonces era Juan Manuel Santos-Suárez, el hombre de Aguirre en la entidad y que representaba a la Comunidad de Madrid en un consejo controlado por el PP de Madrid. El gobierno de Esperanza Aguirre controlaba más de 40% de las acciones de Avalmadrid y Caja Madrid –también en manos del PP de Madrid– controlaba otro 40% adicional.

Juan Manuel Santos-Suárez es el mismo directivo que presidía la entidad cuando financió a Gerardo Díaz Ferran pese a que ya era insolvente, tras recibir una carta del consejero de Economía que intercedía por el dueño de Viajes Marsans. Santos-Suárez, que ha declinado contestar a las preguntas de eldiario.es, es hoy consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el regulador bursatil. Fue nombrado por el gobierno del PP en mayo de 2014.

Bajo la presidencia ejecutiva de Juan Manuel Santos-Suárez se burlaron las normas al tiempo que se hacía creer al Banco de España que se iban a implementar, algo que incluso figura en las actas de los consejos de administación de Avalmadrid, que revisaron los inspectores del supervisor bancaria.

Según una de esas actas, en una reunión los consejeros hablaron de los requerimientos del Banco de España y tuvieron un debate sobre ello. Al acabar el debate decidieron "posponer la aprobación de la cuestión". Esto ocurrió en febrero de 2013 cuando, supuestamente, ya se habían restringido los grandes avales.

En el Manual de Riesgos seguía intacta la capacidad de autorizar avales millonarios de manera arbitraria, simplemente con que lo quisiera la "dirección argumentando razón mediante un informe favorable del Comité Directivo de Riesgos".

Cuando por fin en mayo de 2013 deciden aplicar las restricciones del supervisor bancario lo hacen a la baja. En lugar de que solo se pueda dar un aval si esa cantidad está asegurada por un reaval, el consejo de administración decide que la cantidad máxima de aval sea "el 75% más" que la cantidad que tiene reaval. En la práctica, esto implica que Avalmadrid avalaba en solitario el 75% en vez del 100%.

Esta pequeña limitación entra en el Manual de Riesgos de Avalmadrid un año después, el 1 de julio de 2014. Mientras tanto, se siguen dando créditos de riesgo y va subiendo la tasa de morosidad, que actualmente supera el 11%.

Finalmente, el 29 de julio de 2014, con año y medio de retraso, la entidad de crédito semipública Avalmadrid adopta realmente la instrucción del Banco de España. Han pasado casi dos años desde que el regulador bancario lo ordenó.

Por las irregularidades que halló de 2008 a 2016 y el retraso en cumplir con los requerimientos, el Banco de España ha propuesto multas para decenas de consejeros. También para la Consejería de Economía, dirigida en ese periodo por Antonio Beteta, el político de Aguirre que intercedió por el aval de Díaz Ferrán, y Percival Manglano.

Para Avalmadrid, el Banco de España propone 100.000 euros de sanción, según adelantó la Cadena Ser. La mayor parte del dinero de esta multa saldrá de las arcas públicas que se vieron perjudicadas por la concesión de avales de alto a riesgo. El 43% de Avalmadrid es de la Comunidad de Madrid y otro 42% es de Bankia, hoy un banco público.

El Banco de España no ha querido hacer declaraciones a eldiario.es sobre las inspecciones "al ser confidenciales".

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