Carmena recibe el visto bueno del Gobierno de Sánchez al plan Chamartín pactado con el PP
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se han reunido este jueves para abordar el acuerdo para la Operación Chamartín que Carmena pactó con el anterior Ejecutivo del PP. Según ha confirmado la propia alcaldesa, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado el visto bueno al acuerdo que alcanzaron en marzo el Ayuntamiento de Madrid, Adif y Distrito Castellana Norte.
Ábalos ratifica así el plan que ha heredado del anterior ministro Íñigo de la Serna. El Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y Distrito Castellana Norte (formada por BBVA y la constructora San José) sellaron en abril el acuerdo definitivo 'Madrid Nuevo Norte', el proyecto impulsado por el Gobierno de Manuela Carmena para la Operación Chamartín. Con este acuerdo, se pone fin a 25 años de bloqueo para el desarrollo urbanístico de la zona septentrional de la capital en los distritos de Chamartín y Fuencarral-El Pardo.
En el acuerdo de abril, las tres partes aceptaron la muerte del proyecto impulsado por los gobiernos municipales del PP, el último de Ana Botella, con el que se pretendía la construcción de casi 18.500 viviendas y 3.371.000 m2 de superficie edificable. Una vez enterrada la Operación Chamartín, el acuerdo alcanzado, adelantado ya el verano pasado, prevé finalmente la construcción de 10.510 viviendas y una edificabilidad de 2.662.500 m2.
Con este acuerdo también se desecha la apuesta inicial de Ahora Madrid, que se llamó 'Madrid Puerta Norte'. Este proyecto reducía los más de tres millones de metros cuadrados de suelo sobre el que realizar la operación inmobiliaria a la mitad y limitaba la cifra de viviendas a 4.600, de las que 1.000 serían protegidas.
El nuevo plan propone la construcción de unas 10.510 viviendas: 2.600 al sur de la M-30 y 7.910 al norte de esta vía. De ellas, un 20% serán protegidas, 2.100 aproximadamente, que se destinarán a la políticas públicas del Ayuntamiento, frente al 10% del total que exige la actual Ley del Suelo y que contemplaba el plan del año 2015 impulsado por el gobierno de Ana Botella. A estas se le añadirán otras calificadas como libres, en torno a 1.900, y que podrían destinarse a alquiler social a través de la EMVS. Esto se traduce en que el municipio dispondrá de unas 4.100 viviendas para desarrollar políticas públicas de vivienda. La edificabilidad residencial total en el conjunto de los ámbitos sur y norte de la M-30 se situará en 1.050.700 m2.
El uso mayoritario al sur de la M-30 será el terciario de oficinas (1.220.000 m2), muy vinculado a la propia estación de Chamartín, manteniendo la presencia complementaria de vivienda (260.000 m²). Al norte de la M-30, el uso mayoritario será residencial: 715.030 m² en Fuencarral-Malmea-Tres Olivos (7.150 viviendas) y 75.700 m² en la zona de las Tablas (757 viviendas); pero también contará con presencia localizada de actividad económica, 251.225 m² en la zona de Fuencarral-Malmea-Tres Olivos y 140.610 m² en la zona de Las Tablas.
La urbanización del norte de Madrid es un asunto que arrancó hace ya 24 años. El plan consistía en soterrar las vías de tren de de la zona norte de Madrid –los que salen de la estación de Chamartín– y urbanizar esos terrenos con zonas de viviendas, oficinas y una nueva zona financiera con un rascacielos de 70 plantas, que sería el más grande de Europa. Con las plusvalías generadas con los terrenos, estaba previsto pagar gran parte de los gastos de la ampliación del metro, el soterramiento del tren y dos nuevos nudos de tráfico.
La oposición de Izquierda Unida
Izquierda Unida, formación integrada en Ahora Madrid, se ha posicionado en contra del acuerdo y dio hace unas semanas un paso al margen del Ayuntamiento de Madrid para que se abandone la Operación Chamartín. IU pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que Adif rompiera el acuerdo con Distrito Castellana Norte para negociar un nuevo proyecto desde las administraciones públicas. El visto bueno de Fomento este jueves deja la propuesta en papel mojado.
El partido presentó una Proposición No de Ley (PNL) ante el Congreso en la que se instaba a no renovar el contrato entre ADIF y DCN, que finaliza el próximo 31 de agosto. De esta manera, se quería acabar con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Manuela Carmena, Adif y DCN (formada por BBVA y la constructora San José) el pasado mes de marzo. La alcaldesa fue tajante con esta propuesta: “No va a tener ninguna transcendencia”.
Este jueves ha sido Ecologistas en Acción y la Plataforma vecinal Zona Norte quien ha instado al Gobierno de Sánchez a romper el acuerdo, concentrándose a las puertas del Ministerio durante la hora y cuarto que ha durado la reunión.
