Ayuso propone usar fondos del Gobierno central para localizar fosas de supuestos prisioneros de guerra explotados por los republicanos

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso propondrá usar fondos del Gobierno central para localizar las fosas comunes donde supuestamente fueron enterrados presos políticos que, según argumenta, trabajaron en la construcción de un tren de Madrid a Valencia, encargado en 1937 por el entonces presidente del Gobierno Juan Negrín para que las fuerzas republicanas pudieran sortear el cerco de las tropas de Franco sobre la región madrileña.

Según publicó este miércoles el diario La Razón, la Comunidad de Madrid tiene ya preparada una propuesta, que planea enviar próximamente al Ministerio de Presidencia, para iniciar estos trabajos de localización en dos campos identificados en los municipios madrileños de Pozuelo del Rey y Ambite. El presupuesto que han estimado es de 63.747,30 euros y la solicitud se enviará en el marco de la conferencia sectorial de Memoria Democrática, después de que el Gobierno acordara con los consejeros del ramo en abril repartir tres millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar trabajos de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil, así como actividades de divulgación.

De acuerdo con la información de La Razón, la propuesta de la Comunidad de Madrid consta de dos línea: una para la localización de esas víctimas, para lo que solicita un estudio de las posibles evidencias orales y documentales. Según apuntan, los redactores del proyecto cuentan con el testimonio de dos vecinos de edad avanzada en Villar del Olmo y Ambite, que oyeron a sus padres hablar sobre ese lugar de enterramiento. Los presos en cuestión sin embargo, dice el escrito, no figuran en ningún documento del Archivo Histórico Nacional ni en las listas del Centro Documental de la Memoria Histórica ni en los archivos de la Cruz: “Eran presos gubernativos, dependientes de la policía secreta del Ministerio de Gobernación sin ningún control judicial y por tanto con escasa trazabilidad”.

“Las ejecuciones y desapariciones forzadas a las que hace referencia este estudio preliminar corresponden a las últimas incorporaciones al Campo de Trabajo, y es donde queremos centrar nuestra investigación y localización, atendiendo de esta forma al principio de verdad, justicia y reparación”, dice el escrito del Gobierno regional, que propone al Ministerio de Presidencia un estudio con “medios no intrusivos –aéreos y terrestres, aplicando la tecnología más avanzada– que puedan situar estos lugares de enterramiento con el objeto de añadir evidencias físicas que contrasten los datos orales y documentales, colaborando de esta forma en la confección del Mapa de Fosas”.

La segunda línea de la propuesta, siempre según la información del diario, es un proyecto para señalizar los puntos por los que discurrió ese túnel ferroviario que “por su significancia dentro del contexto de Memoria Democrática fuesen más importantes, como son los lugares de enterramiento, los recintos de internamiento y todos aquellos lugares donde se utilizó mano de obra forzada”.

Ese trazado ya está sin embargo señalizado y transformado en una vía verde que se puede recorrer a pie. Se trata de un sendero que sale de las afueras de la localidad de Carabaña y llega hasta los alrededores de Estremera. El recorrido utiliza parte de la antigua vía Torrejón-Tarancón, que es el trazado en el que funcionó este tren, conocido como ferrocarril de los 40 días o 'Vía Negrín'. Aquel ferrocarril se encargó durante la guerra para conectar la vía con las líneas que llegaban hasta Levante, toda vez que la ciudad región madrileña estaba sitiada por el bando franquista. El tren se utilizó solo con fines militares y fue desmantelado a partir de 1939.

Una propuesta “etérea”

El proyecto, sin embargo, no menciona a familiares de aquellos presos y reconoce en sus propias líneas que la identidad de los reos no consta ni en los archivos ni en la causa general. El portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, afirma en declaraciones a este diario que la propuesta parece “etérea” y cree que tiene más que ver con una política de partido, aunque ha dado la bienvenida a la presidenta madrileña a las políticas de memoria, toda vez que, según ha considerado, en la Comunidad de Madrid tiene mucho trabajo que hacer en este sentido.

“Me parece perfecto que cualquier persona busque los restos de sus familiares. En nuestro caso siempre trabajamos a partir de los familiares de las víctimas y en este caso no lo he visto. Me gustaría que estuvieran porque son los que tienen más legitimidad”, afirma Silva, que se muestra extrañado de que ni siquiera el franquismo durante 40 años hiciera una investigación al respecto.

Silva ha aprovechado para reprochar al Gobierno del PP que mientras hace estas propuestas sobre memoria, rechaza otras como la que le ofreció la ARMH para colocar una placa en la fachada de la sede de la Comunidad de Madrid, la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, en memoria de las personas que fueron torturadas por el régimen franquista cuando en ese edificio funcionaba la Dirección General de Seguridad.