Cifuentes vuelve a la Asamblea por el máster que acabó con su carrera política
Cristina Cifuentes se sienta este miércoles por segunda vez en una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. La primera vez lo hizo a raíz de un informe de la Guardia Civil que la implicaba en la financiación ilegal del PP. En el ecuador de la legislatura y con todo a favor, sorteó las preguntas sin muchos problemas entre ataques a la oposición. Su partido le hizo un paseíllo de camino a la sala en la que tenía que declarar. Ahora vuelve en una situación muy distinta: como una ciudadana más, desvinculada ya del PP después de que el escándalo de su máster haya acabado con su carrera política.
En el tiempo de descuento de la legislatura los partidos han decido citar a la expresidenta madrileña a la comisión que investiga las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos. No ha sido fácil. Ningún grupo, salvo Podemos, la incluía en su lista prioritaria de comparecientes. A la primera sesión acudieron el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, las tres profesoras imputadas y el director del extinto Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde.
Para la segunda, este mismo lunes, el PSOE impidió junto al PP llamar a declarar a Pablo Casado y a Carmen Montón con el argumento de que había “otras prioridades”. Los socialistas incluso rechazaron, según Podemos, una tercera vía para acceder a todos sus comparecientes pero incluir a Casado, sacrificando a Montón y a Cifuentes.
Solo con una sesión extraordinaria, Podemos y Ciudadanos han forzado al resto de grupos a sentar a Cifuentes en la comisión de investigación. En este último intento, los socialistas se han abstenido y han permitido in extremis sacar adelante su citación. Casado y Montón se han quedado definitivamente fuera en un calendario muy ajustado compuesto solo de cinco sesiones (dos de ellas sin comparecientes).
Así, Cifuentes vuelve a la Asamblea una semana después de que la Fiscalía haya fijado en un escrito la acusación contra ella en el caso Máster. El Ministerio Público le atribuye un delito de falsificación en documento oficial y pide para ella tres años y tres meses de cárcel. Para el responsable del máster, Enrique Álvarez Conde, y para la asesora de Cifuentes que acudió a presionar a la Universidad, Maite Feito, pide tres años y nueve meses.
Según la Fiscalía, Cifuentes fue la inductora de la falsificación del acta “a sabiendas” de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) “que jamás se produjo” y que exhibió en varios medios y redes sociales “para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”.
Esa falsificación con la que Cifuentes intentó salvar su prometedora carrera política ha sido la que finalmente ha acabado con ella. Dimitió el pasado mes de abril en tres actos: primero como presidenta de la Comunidad de Madrid, después como presidenta del PP de Madrid y finalmente dejó su acta de diputada.
La pérdida de su escaño en la Asamblea motivó que la jueza del caso, al haber perdido la protección del aforamiento, imputase a Cifuentes. En el caso de Pablo Casado, que sacó su título en condiciones similares, la jueza tuvo que elevar una exposición razonada al Supremo, que el Alto Tribunal rechazó.
Un precedente con “paseíllo”
Cifuentes ya compareció en la comisión que investigaba la corrupción en la Comunidad de Madrid. Lo hizo después de que la Guardia Civil enviase al juez de Púnica un informe que incluía a la expresidenta en el engranaje de la financiación ilegal del PP de Madrid. Desde su puesto como presidenta del parlamento, habría facilitado una concesión a la empresa de Arturo Fernández, amigo personal de Esperanza Aguirre y donante del partido.
La Asamblea citó a Cifuentes después de que la presidenta generase una polémica con sus críticas a los agentes que redactaron el informe: “Ese informe recoge muchos juicios de valor pero ningún fundamento jurídico”. “No voy a consentir que nadie quiera sacar rentabilidad de esto. Voy a llevar a cabo todas las actuaciones que sean precisas: quien intente manchar mi nombre, me va a tener enfrente”, añadió.
El 2 de junio de 2017, Cristina Cifuentes se presentó en la Asamblea de Madrid con un traje blanco impoluto en el que lucía una gran insignia de la Guardia Civil. Con ese distintivo en la chaqueta cargó contra los agentes del cuerpo: “La UCO se equivoca en muchas cosas. Contiene extremos que están equivocados y realiza juicios de valor que deberían hacer jueces o fiscales”. Entre rifirrafes con los portavoces de la oposición, Cifuentes solo admitió “posibles errores administrativos” en los contratos que se dieron a Cantoblanco.
Ese día, la entonces presidenta entró en la sala tras atravesar un paseíllo de diputados del PP que aplaudieron a su paso. Lo hizo acompañada de Ángel Garrido, su consejero de Presidencia que tomó las riendas del Gobierno regional tras la dimisión de Cifuentes. Este lunes Garrido alabó el trabajo de su predecesora y le deseó “la mejor de las suertes”.
Su regreso a la Asamblea no tendrá tanta pompa como en aquella ocasión. El PP no participará siquiera en la comisión y sus diputados no volverán a hacerle el paseíllo. “No se reproducirá aquel paseíllo pero el grupo estará a su disposición”, ha dicho el portavoz del PP en la cámara, Enrique Ossorio.
Cifuentes no ha hablado desde su dimisión, salvo un par de vídeos y fotos en su Instagram, una de ellas para anunciar que se daba de baja en el PP. No ha dado entrevistas y ha evitado a la prensa. Este miércoles no está obligada a romper el silencio que mantiene desde el pasado 25 de abril: puede acogerse a su derecho a no declarar por estar inmersa en un proceso judicial que afecta a la materia de su citación.
