Lo que Almeida no ve de sus pactos con Vox: el mural feminista, Largo Caballero o el fin de la condena conjunta al machismo

La campaña electoral seguía ganando en tensión y decibelios y los últimos episodios de amenazas a miembros del Gobierno han terminado por romperla. Este lunes se ha conocido el envío por correo postal de una navaja a la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto. El autor, ya identificado, padece un grave trastorno mental y ha sido detenido, pero Interior ya ha dado orden de reforzar el control de los paquetes que llegan a las autoridades tras las amenazas a Pablo Iglesias, Fernando Grande–Marlaska y María Gámez.

A una semana de las elecciones y en plena ofensiva de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid contra el “odio” de la extrema derecha, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se ha puesto como ejemplo de que gobernar con el apoyo de Vox no implica pagar ningún precio. Lo ha hecho para desactivar una eventual movilización por temor a la formación de Santiago Abascal, que ha destapado su versión más exaltada en los últimos días para diferenciarse del PP. “Yo tengo un programa de Gobierno con Vox y no ha pasado nada. Los madrileños no están asustados”, normalizaba el primer edil sus pactos con la extrema derecha.

Sin embargo, la hemeroteca demuestra que el pacto con Vox –limitado a un acuerdo de Gobierno con el PP que Ciudadanos nunca quiso firmar– ha dejado un reguero de cesiones para que Almeida pudiera retener sin sobresaltos el bastón de mando. Algunas han generado fracturas entre los socios de Gobierno y obligado a hacer malabares de argumentario al regidor, pese a que mantiene más que una buena relación con el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, y nunca manifestó problemas por llegar al Palacio de Cibeles de la mano de los cuatro concejales de la extrema derecha, sin cuyo apoyo no podría haber sido investido.

El mural feminista

La cesión ante Vox para borrar un mural feminista en el barrio de La Concepción (Ciudad Lineal) es el mejor ejemplo de cómo apoyar una propuesta de la extrema derecha puede disparar la crispación y el vandalismo. El intento de eliminar una obra de reconocimiento a mujeres pioneras pintada sobre el muro de un polideportivo municipal llegó a las páginas de la prensa internacional. Tras dos años de convivencia plácida con el barrio, Vox señaló el mural con una proposición para borrarlo en el Pleno del distrito. Y PP y Ciudadanos aceptaron la ejecución, aunque unos días después la formación que lidera Begoña Villacís se enmendó a sí misma, asustada por la enorme repercusión social.

Lo que vino después es historia conocida: la vandalización con pintura negra de este mural y otras réplicas surgidas como respuesta a su intento de eliminación. Los rostros de Rigoberta Menchú, Rosa Parks, Federica Montseny o Frida Kahlo, borrados. Y un alcalde que tuvo que comprometerse a repararlo después de que su partido apoyara que desapareciera. “Yo soy feminista”, aseguró el primer edil en el acto institucional del 8M. Un meses y medio después, el Ayuntamiento aún no lo ha arreglado.

La placa de Largo Caballero

No era la primera vez que una decisión del Gobierno municipal daba alas a las ideas de Vox. Pasó también con un asunto de memoria histórica. Vox propuso sacar del callejero las referencias a los socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, empezando por una placa en homenaje al primero instalada por acuerdo de todos los partidos en 1981. El modo con el que el partido de ultraderecha trató de amparar su propuesta bajo el paraguas de la ley de memoria histórica de 2007 escandalizó a más de 200 historiadores, que firmaron un informe que vinculaba los argumentos de Vox a los clichés franquistas (y erróneos) utilizados por el régimen dictatorial después de la Guerra Civil. Aún así, logró el apoyo de PP y Ciudadanos.

Las repercusiones no tardaron en saltar a la calle. Tras la retirada a martillazos de la placa, las esculturas de Largo Caballero e Indalecio Prieto amanecieron con pintadas de “asesinos” en color rojo. Vox usó la imagen del monumento vandalizado para amenazar al Gobierno con derogar la ley de Memoria Histórica. “Primer aviso”, escribieron desde su cuenta oficial, crecidos por el éxito de su propuesta.

Fin a 25 años de declaraciones contra la violencia de género

La entrada de Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha puesto fin a consensos políticos que parecían inquebrantables, como las declaraciones institucionales contra la violencia de género. Estos posicionamientos conjuntos que unen a todos los partidos contra la violencia específica ejercida contra las mujeres han desaparecido desde que Vox tiene representación en el Consistorio capitalino.

La extrema derecha, además, sigue negándose, a participar en el minuto de silencio que el Gobierno municipal convoca frente a la sede institucional en señal de repulsa cuando se produce un asesinato machista. Los cuatro concejales llegaron a boicotear esta acción con una pancarta paralela con el lema “la violencia no tiene género”. Ahora, el portavoz del grupo de extrema derecha asiste, pero se coloca a unos metros del resto de concejales para mostrar que es ajeno al mensaje oficial: “Basta ya, no a la violencia de género”.

En su versión más descarnada, Vox reventó el acto institucional contra la violencia machista del 25 de noviembre de 2019 con arengas negacionistas. Decenas de mujeres abandonaron el auditorio entre gritos de “vergüenza” y una superviviente plantó cara al portavoz, Javier Ortega Smith.

Los primeros presupuestos con Vox

El Gobierno de Almeida pudo aprobar sus primeros presupuestos del Ayuntamiento, los de 2019, gracias a un error de cálculo de Más Madrid. Con la abstención de Vox bastó entonces. Pero el año pasado necesitaba sus cuatro votos, de manera que tuvo que aflojar ante sus exigencias. Negoció muchas para sortearlas –sobre todo gracias a la buena mano de la veterana concejala de Hacienda, Engracia Hidalgo– pero cedió en otras, como dar ayudas a una organización antiabortista (Fundación Madrina) o hacer un estudio para crear un canal de remo en el Manzanares que el PP ya había descartado pese a que inicialmente lo llevaba en su programa electoral. El Gobierno también dedicó 170.000 euros a otro estudio para soterrar la Gran Vía. El área de Movilidad, dirigida por Borja Carabante, sabía que no era posible hacerlo de antemano pero la medida formaba parte del acuerdo de investidura con Vox.