Ayudas al transporte y medidas sobre los alquileres: la izquierda apura el final de campaña para lanzar nuevas promesas

Después de que las últimas encuestas publicadas sigan apuntando a una victoria del PP de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas del próximo martes –aunque, según esos mismos sondeos, necesitará previsiblemente el apoyo de Vox para mantener el Gobierno de la Comunidad de Madrid–, las tres fuerzas de izquierda que concurren al 4M, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, han decidido apurar los últimos minutos de la campaña que concluye este domingo para lanzar nuevas promesas que puedan movilizar a su electorado, para que finalmente puedan desbancar a la derecha del Gobierno regional tras un cuarto de siglo de ejecutivos del PP.

El pasado lunes, Más Madrid y Unidas Podemos mantuvieron sendos encuentros con el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de la Comunidad de Madrid en los que se comprometieron a redactar una primera ley de vivienda autonómica. La formación que encabeza Mónica García anunció que, si llega al Gobierno autonómico, elaborará una normativa específica que evite los desahucios “sin alternativa habitacional” y que “regule los pisos turísticos”.

El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, también hizo público ese mismo lunes que se había comprometido con el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas por escrito a “desarrollar la primera Ley de Vivienda autonómica que tome como base la Iniciativa Legislativa Popular presentada por el movimiento de vivienda en 2017” para regular los precios de los alquileres. Esta última promesa se incluyó en el acuerdo de Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que hizo a Pedro Sánchez presidente en enero de 2020, pero las discrepancias entre los socios han impedido por el momento que se materialice a nivel estatal. Por ello los partidos de Mónica García y Pablo Iglesias plantean aplicar ya esa regulación si consiguen gobernar Madrid.

También en un último esfuerzo por movilizar el voto progresista, en este caso el de los más jóvenes, el jueves, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, prometió dos años de abono de transportes gratuito y un mes de alquiler para los menores de 30 años en el caso de que consiga gobernar la región. Gabilondo lanzaba esas propuestas apenas cinco días antes de los comicios y después de que las últimas encuestas publicadas apuntaran a que Más Madrid se acerca a los socialistas en intención de voto y llega especialmente a ese nicho electoral más joven del electorado madrileño.

“Si soy presidente, el abono joven será dos años gratuito”, explicó Gabilondo en Parla, tras recordar que ese abono joven se ampliará a los 31 años –actualmente tan solo llega hasta los 26–. El cálculo del PSOE es que la gratuidad durante dos años supondrá un coste de 256 millones de euros anuales y llegará a 1,7 millones de personas, una partida que los socialistas consideran más que asumible con los 22.000 millones de euros con los que cuenta la Comunidad de Madrid. Gabilondo también vinculó la iniciativa a la política medioambiental.

En cuanto al abono del primer mes de alquiler a los menores de 30 años, el PSOE calcula que supondrá 56 millones de euros anuales. Gabilondo también se comprometió a prohibir la venta de vivienda pública a fondos buitre así como a “iniciar la construcción de 15.000 viviendas” con fines sociales. 

Nuevas promesas de Ayuso y Bal

En la última semana, también hubo promesas de última hora por parte de las derechas. El lunes Ayuso se comprometió a cambiar el modelo de las residencias de mayores, principal foco de la pandemia en Madrid, para que cuenten con más profesionales. Se trató de una promesa que se lanzó en la fase final de la campaña y que llegaba tras el desastre vivido en la primera ola de la pandemia cuando la Consejería de Sanidad estableció un triaje por el que miles de ancianos y también personas con discapacidad se les denegó el traslado a los hospitales. Más de 6.000 ancianos murieron en las residencias a consecuencia de la falta de atención en dos meses. Y nunca se medicalizaron los geriátricos como prometió Ayuso al inicio de la pandemia.

Desde Ciudadanos, su candidato, Edmundo Bal, impulsó el miércoles, también en la recta final de una campaña marcada por las amenazas de muerte recibidas por varios altos cargos del Gobierno y candidatos a los comicios de la Comunidad de Madrid, una carta con un pacto por el “respeto y la conciliación” frente a la violencia que envió a sus homólogos de PP, PSOE, Vox, Más Madrid y Unidas Podemos. “La violencia supone una lesión al sistema democrático. Espero que me respondan, porque son cinco puntos que son fáciles de firmar”, indicó entonces el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Madrid. Por el momento, la única que ha firmado la misiva ha sido Ayuso, a la que Bal ha prometido apoyar en la investidura si esta tiene opciones de mantener el Gobierno y si Ciudadanos logra finalmente representación en la Asamblea –algo que niegan las últimas encuestas publicadas–.

Precisamente la crispación que motivó la carta de Bal, que ha sido la gran protagonista de la campaña de las elecciones madrileñas, dejó en un segundo plano las principales propuestas de los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid para los próximos dos años: los programas electorales, ese conjunto de promesas y compromisos que, según la tradición democrática, deberían constituir el centro del debate político durante las dos semanas de campaña. A continuación se resumen las principales propuestas de los partidos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, respecto a la política fiscal –en principal debate económico de la campaña–, en Sanidad, Educación y demás políticas sociales.

La pandemia y las políticas sanitarias

“Es imprescindible reforzar las plantillas en el sector sanitario, incorporando de forma inmediata a aquellos especialistas de medicina familiar, salud mental, medicina preventiva y salud pública formados y que han finalizado su especialidad. A la vez, acabaremos con la temporalidad de nuestros profesionales sanitarios, con una gestión adecuada de los recursos humanos y retributivos suficientes que permitan la cobertura del 100% de las plazas en todo el territorio de la Comunidad de Madrid”, promete en su programa el PSOE (ver en PDF), que también apuesta por que los ciudadanos solo tengan que esperar un máximo de entre 48 y 72 horas para lograr una cita en sus centros de atención primaria. En los próximos dos años, el candidato socialista, Ángel Gabilondo, pretende iniciar la construcción de 30 nuevos centros.

En el caso de las urgencias hospitalarias, el compromiso del PSOE es que el 90% de los pacientes sean atendidos en un máximo de cuatro horas. Los socialistas, que vinculan la recuperación económica al ritmo de vacunación, también plantean cambios en el proceso que está llevando a cabo el Gobierno regional, al que reprochan las largas colas y los desplazamiento de muchos kilómetros para la administración de las vacunas. “Activaremos los centros de salud para la vacunación incluso los fines de semana”, establece el programa que se centra en el periodo 2021-2023. “Haremos más de 200.000 pruebas semanales de acuerdo a la capacidad de la que dispone la Comunidad de Madrid. Contratar el número de rastreadores recomendado por los expertos (alrededor de 2.000) para la detección, seguimiento y control de contactos”, señala el PSOE, que también quiere extender a la tarde la capacidad asistencial para las citas no-COVID que se han visto aplazadas durante la pandemia.

Sin aportar medidas concretas, el PP de la presidenta y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, se compromete en su programa (ver en PDF) a “modernizar y reorientar la Atención Primaria madrileña para unos servicios más accesibles y orientados a los ciudadanos, con mayor tiempo de atención al paciente” y plantea “encaminar la asistencia hacia una sanidad que siga al paciente”, caracterizada por infraestructuras “sin paredes”. Ayuso, que ha mantenido intactas las competencias en Sanidad durante la pandemia, asegura ahora que reducirá “un 50% las listas de espera” en el caso de “las listas de espera quirúrgica, de pruebas diagnósticas y en consultas”.

El PP pretende además impulsar “la creación de la nueva Red de Hospitales de Cuidados y Recuperación Funcional de la Comunidad de Madrid, con la rehabilitación del antiguo Hospital de Puerta de Hierro y un nuevo Hospital de la Sierra Norte, en el municipio de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, que se sumarán al Hospital de Guadarrama, el Hospital La Fuenfría (en Cercedilla) y el Hospital Virgen de la Poveda (en Villa del Prado)”, concluyen los populares en su programa.

Bajo el epígrafe “una comunidad más saludable”, las políticas sanitarias constituyen la mayor parte del programa de Más Madrid (ver en PDF), cuya candidata, Mónica García, es médico del Hospital 12 de Octubre. De hecho, la formación ecologista plantea “reconstruir el sistema sanitario” diezmado tras 25 años de recortes del PP con “un modelo basado en el territorio que contemple el bienestar físico, mental y social según las necesidades reales distribuidas por áreas de salud y centrado en la Atención Primaria”. Para ello, Más Madrid plantea realizar “estudios de viabilidad y eficiencia de la progresiva internalización de los servicios externalizados tanto asistenciales como no asistenciales” y activar “las vías legales disponibles para recuperar el carácter público de los hospitales privatizados”.

Además de programas de recursos humanos para garantizar unas condiciones dignas para los trabajadores sanitarios, Más Madrid propone un Plan de Actuación ante Pandemias, así como “explorar vías alternativas al actual sistema de protección intelectual” para “asegurar el incremento de la producción y el acceso equitativo de vacunas para el COVID”. El equipo de García quiere asimismo “reorganizar” el Hospital Zendal en “un Centro Sanitario que dé respuesta a las diferentes necesidades” de la comunidad, especialmente “las que puedan estar relacionadas con los ingresos de Larga Estancia y Rehabilitación, la realización de pruebas complementarias que puedan ser internalizadas para no derivarse a centros privados o la generación de espacios de innovación e investigación; todo ello con personal propio no obligado ni sustraído a otros centros sanitarios”.

Unidas Podemos se compromete en su programa (ver en PDF) a insuflar 1.000 millones de euros en Sanidad para aumentar la contratación de profesionales y mejorar las infraestructuras. La candidatura de Pablo Iglesias plantea “aumentar el personal en 10.000 efectivos” y “mejorar su condiciones salariales y laborales”. Buena parte de ese dinero irá también a la atención primaria, hasta que alcance “un 25% del total”. Además, se plantea la cobertura “real y gratuita” de la salud “bucodental, fisioterapia, oftalmología y mental, incluyendo la cobertura de gafas y audífonos”.

Uno de los elementos centrales del programa de Iglesias pasa por investigar lo ocurrido en las residencias de mayores en la primera ola. Unidas Podemos quiere saber “qué ocurrió durante la epidemia del coronavirus” en las residencias. Pero, además, plantea revertir el modelo concertado que impera ahora en la región. “Desprivatización de centros y crear unas 2.300 plazas públicas”, señala el programa. Además, se plantea aprobar una “Ley de Calidad del Sistema de Cuidados” que incida sobre ratios y condiciones laborales mínimas, “sea cual sea su titularidad y el modelo de gestión” de la residencia.

Ciudadanos, entre otras medidas, plantea en su programa “combatir las tesis anti-vacunación alejadas del rigor científico” y promover “la vacunación con campañas específicas”, así como que “las farmacias, clínicas odontológicas y clínicas veterinarias puedan vender y realizar test de detección COVID-19 por PCR, antígenos y anticuerpos a todos los ciudadanos, sin importar la zona en la que residan”. El equipo de Edmundo Bal también propone “consolidar la incorporación de los 10.000 nuevos profesionales sanitarios que han reforzado el servicio madrileño de salud durante la pandemia”. Ante la ausencia de un programa como tal, Vox se limita a señalar, en su propaganda electoral, que destinará “todos los recursos públicos a combatir la emergencia sanitaria y económica”.

Impuestos y política fiscal

“En la Comunidad de Madrid se va a bajar medio punto el IRPF para todos, sea cual sea su escala”, anunció durante la campaña el portavoz de la extrema derecha en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. En su propaganda, Vox se limita a señalar que suprimirá “todos los chiringuitos y subvenciones ideológicas para acometer una bajada inmediata y radical de impuestos”.

El pasado martes, el diputado socialista de la Asamblea de Madrid y alcalde de Soto del Real, Juan Lobato, desmontó la propuesta electoral de Vox con datos, en un tuit que se hizo viral: “En Madrid hay muchísimos madrileños que cobran menos de 12.000 euros, en concreto un 30%, a los cuales esta reforma baja cero euros. También en Madrid hay mucha gente que gana menos de 30.000, en concreto otro 40%, a los cuales esta rebaja fiscal les baja 5 euros al mes. Y también hay mucha gente (un 22-23%) que gana hasta 60.000 euros a los cuales baja 11 euros al mes. Sin embargo, al otro 7% su reforma les baja hasta 4.500 euros. Esta es la reforma que plantean”, alertó.

La propuesta fiscal de Unidas Podemos plantea, en cambio, una reforma “progresiva para bajar los impuestos a las rentas más bajas” y “que los que más tienen paguen lo que les corresponde”. En total, se calcula aumentar la recaudación en 3.180 millones gracias a recuperar los impuestos de Patrimonio, Donaciones y Sucesiones. Por ejemplo, eliminando “por completo la actual bonificación del 100% en el Impuesto de Patrimonio solamente para fortunas superiores a un millón de euros” o “la bonificación para herencias y donaciones superiores a un millón de euros y situaremos la bonificación marginal en el tramo entre 500.000€ y un millón de euros un 50%”.

Mientras el PSOE de Ángel Gabilondo se ha comprometido a “no tocar” los impuestos durante los dos próximos dos años, la candidata de Más Madrid, Mónica García cree que “Madrid tiene un indudable desfase fiscal” y, por ello, “los que más tienen, más tienen que aportar”. Su partido aboga, por ello, por subir los impuestos a las rentas más altas. Se trata, según su programa, de “comenzar a abordar la reforma fiscal que Madrid necesita para que el 1% más rico de la Comunidad contribuya de forma más equitativa a sostener los servicios públicos”. Más Madrid empezará “por eliminar la bonificación del 100% en el impuesto de patrimonio que regala cada año 1.000 millones de euros al 0,8% más rico” y “desmantelar la guarida fiscal de los superricos para que a partir de 2022 y 2023 contribuyan más de forma progresiva, sin tocar en ningún caso los impuestos que paga la clase media y trabajadora”.

Contra el criterio del FMI y de las instituciones internacionales, el PP de Ayuso plantea, por su parte, bajar medio punto del IRPF en todos los tramos y ampliar la bonificación del impuesto de Donaciones y Sucesiones entre tíos y sobrinos (del 10% al20 %) y entre hermanos (del actual 15% al 25%). El impacto de esta última medida será, según los populares, de 11.000 beneficiarios, un 0,16% de la población, mientras que el Gobierno regional dejará de recaudar 30 millones de euros al año. Los populares han realizado bajadas sucesivas de impuestos desde 2004. Una línea que comparte Ciudadanos, que en su programa plantea sin más concreción un “modelo de fiscalidad e impuestos bajos para que los madrileños no paguen ni un euro más en impuestos”.

Educación

Junto con la sanidad, la educación es otra de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas y en la que, por ello, más hincapié realizan los programas electorales de los candidatos a presidir Madrid. Insistiendo en “la libertad de elección de centro (público, privado, concertado)”, una de las medidas de cabecera del PP, el equipo de Ayuso se compromete a luchar contra la nueva ley educativa del Gobierno, la llamada Ley Celaá. Impulsará el “concierto educativo en Bachillerato de manera progresiva en los centros ya concertados, y que el alumno no esté obligado a cambiar de centro al terminar la ESO”, e introduce la posibilidad de aplicar el llamado “pin parental” exigido por Vox en sus propuestas, para “garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones, con el fin de evitar cualquier tipo de adoctrinamiento”. Los populares prometen, además, construir 30 “centros educativos públicos”.

El PSOE, por su parte, plantea “establecer un incremento de la inversión educativa por alumno en la Comunidad de Madrid para acercarla a la media nacional” con “el objetivo de incrementar en 25.000 nuevas plazas públicas en el sistema educativo madrileño” y “poner en marcha un plan de choque de centros educativos dotado con más de 250 millones de euros para la construcción, ampliación y mejora de los mismos, así como asegurar sus accesibilidad, sostenibilidad y conexión a internet de alta velocidad y con un compromiso específico de acabar con la construcción por fases”. El equipo de Gabilondo quiere universalizar la educación infantil de 0 a 3 años o “impulsar la bajada de los precios públicos universitarios hasta niveles del curso 2011, con el objetivo de lograr progresivamente la gratuidad de la primera matrícula, la equiparación de los precios públicos de máster a los de grado y la exención del pago de la enseñanza superior a víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos”.

Unidas Podemos propone dotar el presupuesto educativo con 1.000 millones de euros más con el objetivo de “aumentar el personal en 10.000 efectivos”, poner fin “a los conciertos educativos con centros que segregan por sexo”, y garantizar que “la universidad y la FP públicas serán gratuitas en dos años”. Para todo ello, el equipo de Iglesias tratará de aprobar una “Ley de Calidad del Sistema Educativo”.

El programa de Más Madrid también incluye “una Ley de Educación madrileña que permita ofrecer un marco normativo amplio y necesario para transformar la educación en la Comunidad de Madrid de acuerdo con criterios de calidad y equidad, centrada en el alumnado”. “Incrementaremos la financiación en materia de educación para alcanzar los niveles de inversión a la media española del 5,5% del PIB. Evaluaremos y revisaremos los conciertos educativos para asegurar la gratuidad de la enseñanza, evitando el cobro de cuotas complementarias, regulando las extraescolares y el respeto a una educación plural y diversa”, apunta el equipo de Mónica García. Asimismo, la formación ecologista plantea la “creación de Escuelas Infantiles públicas para garantizar el acceso a la educación gratuita y universal de 0 a 6 años” o “asegurar la reflexión y el espíritu crítico en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje y la presencia del estudio de la Filosofía, la Literatura, las Artes y las Humanidades, fomentando una educación en valores basada en la igualdad, la justicia, la identidad, la sostenibilidad y la gestión de las emociones con el fin de fortalecer una ciudadanía democrática”.

Ciudadanos, finalmente, promete “un sanitario en cada colegio”, dotar “de mayores recursos a los centros educativos con una tasa de fracaso escolar por encima del 15%” o garantizar “una educación en valores democráticos y del siglo XXI para todos los alumnos de la Comunidad de Madrid”.

Ayudas económicas y sociales

Unidas Podemos se plantea “incrementar en 200 millones” la financiación en Dependencia que corresponde a la comunidad autónoma “para situar a Madrid entre las que más invierten”.“ Esto permitirá eliminar en dos años la lista de espera de 28.000 personas”, asegura el programa del candidato, Pablo Iglesias, que plantea además cambiar el modelo de atención residencial a la asistencia en el propio domicilio. En vivienda también se plantea una reversión total del modelo actual. Unidas Podemos insiste en “regular el precio de los alquileres en las zonas tensionadas” y situar las rentas en “un 30% del sueldo medio”. También “establecer la cesión obligatoria del uso de la vivienda vacía de grandes propietarios, los que tienen más de 10 viviendas, así como a bancos, fondos de inversión y SOCIMIS”. Se introduciría un “impuesto a la vivienda vacía” y se aprobaría una “Ley de Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Madrid”. Además, se plantea derogar la reciente ley del suelo, la única norma aprobada por Isabel Díaz Ayuso en sus dos años de Gobierno, y se paralizará la Operación Chamartín.

El PSOE pretende impulsar el Ingreso Mínimo Vital que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez con un complemento de 150 euros al mes o de 200 euros en el caso de la renta mínima de inserción en la región. Además, quiere revisar la Ley de Renta Mínima de Inserción “para coordinar las prestaciones con el Ingreso Mínimo Vital”. “Con el objetivo principal de luchar contra la pobreza infantil se aplicará un suplemento de 200 euros al mes a aquellas familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción que cuenten con menores a su cargo”, reza el programa de los socialistas. En contra de la pobreza energética, el PSOE propone que no se pueda dejar sin suministros a las personas vulnerables para “no dejar a nadie atrás”.

Cuando presentó el programa, Gabilondo también anunció un complemento de 400 euros anuales a las pensiones no contributivas. Se trata de una ayuda que existe en seis comunidades, entre ellas Catalunya, pero el PSOE pretende que la de la región sea la más elevada de toda España. El cálculo es que llegue a unas 42.000 personas que cobran pensiones no contributivas –es decir, aquellas que perciben personas que no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo– con un coste total para las arcas públicas de 17 millones de euros.

Los tres partidos de izquierda –PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos– incorporan medidas específicas para luchar contra la discriminación del colectivo LGTBI, impulsar la igualdad y hacer frente a la violencia machista, así como iniciativas para garantizar la integración de los inmigrantes y evitar también su exclusión social. El PP no hace mención al colectivo LGTBI en ninguna de las 165 páginas de su programa y Vox, en línea con el polémico cartel desplegado en la estación de Sol que criminaliza a los menores inmigrantes, plantea “recuperar la seguridad” en los barrios “exigiendo la expulsión de los inmigrantes ilegales, cerrando todos los centros de MENAS y persiguiendo la okupación ilegal y las bandas callejeras”. Los dos partidos, PP y Vox, contemplan ayudas a la maternidad, y el equipo de Ayuso habla incluso de adoptar “todas las medidas para apoyar la vida de los no nacidos, dando alternativas a las madres embarazadas”.

Más Madrid apuesta además por un plan de emergencia con medidas urgentes para poner en marcha en los primeros 100 días de mandato, que constituye una estrategia focalizada en ofrecer ciertas ayudas a “los colectivos y sectores más afectados por la crisis”. El plan, bautizado como Reanima Madrid, recoge la incorporación “inmediata” de más personal sanitario con “pruebas superadas” y la contratación de personal de educación, un complemento autonómico de 600 euros “durante seis meses ampliables” para los perceptores del ingreso mínimo vital que se hayan quedado en paro “sin subsidio” desde que comenzó la pandemia o ayudas a trabajadores que se encuentren en ERTE, entre otras acciones. Dentro de Reanima Madrid, se contempla también un plan de formación urgente para trabajadores en paro con becas de formación de 300 euros mensuales durante cuatro meses para “financiar cursos y programas de especialización, especialmente enfocados a cualificaciones relacionadas con la digitalización y transición ecológica”.

Además de las recientes medidas anunciadas por Gabilondo, en materia de transporte el partido de Mónica García plantea  la creación de una “tarifa plana universal” para el transporte público de la región, que “sería como un billete sencillo” y permitiría desplazarse durante 90 minutos por todo el territorio madrileño. En esta línea, Ciudadanos plantea en su programa que “quienes residan en la región podrán moverse ”de forma gratuita y a través de un transporte sostenible“ los fines de semana, pues el partido lleva en su programa electoral el compromiso de ”establecer una zona única de tarifa los fines de semana y festivos para todos los titulares de un abono transporte en la Comunidad de Madrid“. Esta medida se sumaría, de acuerdo con lo que indica Ciudadanos, al abono de 30 euros entre los 26 y los 30 años, la apertura de Metro de Madrid las 24 horas del día los fines de semana y los nuevos intercambiadores y ampliación de tres líneas del suburbano.