PP y Ciudadanos relajarán las limitaciones legales que impiden recalificar terrenos quemados en Madrid

El PP y Ciudadanos relajan las limitaciones legales que impiden la recalificación de terrenos quemados. Foto EFE

La nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid rebajará las limitaciones legales de la actual para impedir reclasificaciones de terrenos forestales destruidos por incendios o agresiones ambientales. PP y Ciudadanos va a permitir con su mayoría parlamentaria que se mantenga el artículo 26 del proyecto presentado por el Gobierno de Cristina Cifuentes en 2016.

Ese artículo elimina la referencia a los 30 años que marca la ley autonómica actual como barrera para evitar que se cambie el uso y poder construir. Un blindaje contra los incendios intencionados y la posible especulación urbanística con esos suelos quemados que ahora PP y Ciudadanos apoyan que desaparezca. Este punto de la ley ya se ha debatido, según fuentes parlamentarias, en la ponencia abierta en la Asamblea de Madrid con este resultado. Aunque aún podría volverse a él porque el dictamen todavía no está cerrado, recuerdan desde Ciudadanos. 

La nueva redacción, enmendada sin éxito por PSOE y Podemos, remite en su lugar a la ley nacional de Montes, que incluye el periodo de las tres décadas pero desde 2015 también una excepción que da alas a las comunidades para "cambiar el uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden".

Estas "razones imperiosas" no están definidas en el articulado reformado con Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Detrás de esta polémica modificación legal estaba Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente pero antes director general de Medio Ambiente cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ramos tuvo que dimitir a principios de 2016 por el caso Acuamed, aunque ya no estaba en Medio Ambiente sino en Presidencia. "Ramos se llevó el galardón de haber modificado la normativa ambiental para reducir la protección del medio natural. Y en el Ministerio hizo lo mismo: tocó la ley de costas, la de patrimonio...", explica María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. 

En Ecologistas critican la decisión de PP y Ciudadanos de relajar las restricciones como un "retroceso". "Es una actuación anacrónica. El resto de países avanzan hacia una mayor protección, hacia incluir el medio ambiente en las normativas de forma trasversal, pero aquí vamos hacia atrás. Los incendios intencionados para reclasificar suelo se habían desterrado. "No tiene ninguna justificación ni social ni ambiental. Y es una muestra más de que la Comunidad de Madrid lleva gobernando para casos puntuales desde 2003, para que determinada finca no tenga problemas para recalificar. Es esa forma de hacer leyes para que no haya problemas con nadie", opina Nieto. 

La diputada de Podemos que participa en la ponencia de la ley del suelo, Laura Díaz, asegura que la referencia al "interés público" puede ser un "coladero". "Ya tenemos experiencia en Madrid sobre las situaciones excepciones. El campo de golf de Chamberí se pudo construir porque fue declarado de interés público", recuerda. La justicia, tras años de lucha vecinal y judicial, terminó ordenando el derribo de la infraestructura. Díaz también critica que vaya a sustituirse una "legislación proteccionista" por otra que lo es menos: "la protección con la nueva redacción queda muy devaluada". Para el PSOE, mantener esa protección es también "una línea roja", según el diputado Rafael González Montoya. 

La Consejería de Medio Ambiente defiende que la "interpretación realizada por Ecologistas en Acción es errónea y no responde al contenido del proyecto de ley". Fuentes del departamento aseguran que la nueva norma, al contrario de relajar, "amplía los supuestos en los que se aplican estas condiciones ya que lo amplía a suelos que no estén protegidos por el planeamiento". 

La redacción de la nueva ley madrileña, que según el PP podría ser aprobada en la Asamblea en dos o tres meses, también borra de su articulado la referencia a los terrenos que han sufrido "agresiones ambientales". Bajo este paraguas entrarían, por ejemplo, los vertidos sobre suelos o la destrucción de la cubiertas vegetales por actuaciones ilícitas. Con la ley actual si algo así sucede en un terreno no urbanizable protegido tiene la misma protección que si se hubiera calcinado por un incendio. Pero con la futura no será así, de manera que los suelos dañados por estas agresiones quedan expuestos a ser reclasificados en cualquier momento, sin blindaje alguno. 

La ley del suelo es uno de los grandes proyectos de legislatura del PP en Madrid. Fue presentado por la expresidenta Cifuentes como una de sus banderas pero su tramitación está siendo larga y espaciada en el tiempo. El proyecto presentado por el Gobierno tiene casi 300 artículos, que se están revisando uno a uno en una ponencia en la Asamblea de Madrid de la que saldrá la redacción definitiva de la norma, solo apoyada por Ciudadanos. 

Etiquetas
Publicado el
21 de septiembre de 2018 - 21:58 h

Descubre nuestras apps

stats