La asociación que tumbó el primer plan sobre el Beti Jai denuncia en los tribunales el nuevo intento de Almeida para cubrirlo

Nueva batalla judicial por el frontón centenario de Madrid. La asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) y la plataforma Salvemos el Beti Jai lleva a los tribunales el plan especial aprobado por el Ayuntamiento para permitir una nueva cubierta en el edificio y usos alternativos al deportivo en esta finca histórica situada en el distrito de Chamberí.

“El nuevo Plan especial es un calco del anterior con pequeñas modificaciones; es decir, una amenaza en toda regla a la conservación del monumento”, aseguran desde la asociación en defensa del patrimonio. Una nueva cubierta “sería inviable económicamente por sus dimensiones y puntos de apoyo”, añaden, si se ajustara al plan especial recién aprobado por el equipo de Almeida.

Desde MCyP creen que es imposible que la nueva cubierta “no modifique la envolvente” y ven injustificada además la ampliación de un 10% de edificabilidad bajo la cancha del frontón, ya que que en los Bienes de Interés Cultural (BIC) como el Beti Jai “se concede de forma muy puntual y para resolver problemas concretos”.

Otra de las razones que les han llevado a presentar la demanda es el uso “educativo” asociado a la instalación, “que podrían permitir convertirlo en un polideportivo para una de la numerosas universidades privadas que proliferan en Madrid”.

Por último, desde MCyP explican que se reservan el derecho “a retirar el contencioso en caso de que surja un proyecto de restauración que permita recuperar el frontón Beti Jai con total respeto a sus valores patrimoniales”.

El Beti Jai es el único que queda en pie en Madrid de la época dorada de este tipo de instalaciones deportivas, que alcanzaron gran popularidad durante el siglo XIX y principios del XX. Fue rescatado por el Ayuntamiento de Madrid después de décadas de deterioro. Dejó de albergar partidos de pelota en el año 1919, a partir del que fue utilizado para diversos menesteres, como convertirse en taller y centro de pruebas del inventor Torres Quevedo (allí probó sus dirigibles), también como taller de coches, local de ensayo para bandas, fábrica, taller de escayolas, centro de mítines políticos, cárcel, almacén e incluso viviendas a modo de corrala, que sirvieron como escenario cinematográfico.

Después de recuperarlo, el gobierno de Manuela Carmena intentó sacar adelante un plan especial que sirviera para ponerlo de nuevo en uso, convocando a la vez un concurso de ideas en el COAM que finalmente descartó. El plan fue tumbado por sendos recursos judiciales de MCyP y el PSOE debido a que incluía una cubierta de la que recelaban los demandantes.