En busca de una solución para frenar la apertura de bares ilegales en Centro

Aunque la actual normativa impide la apertura de nuevos establecimientos de hostelería en la mayor parte de las calles de Chueca y Salesas desde 2012 por la declaración de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), no es raro encontrarse cómo donde antes había una tienda de ropa se abre un bar de copas o un restaurante.

Esta práctica, en teoría ilegal, es posible gracias a la declaración responsable de actividades económicas, comerciales y de servicios, un instrumento de autorregulación que muchos han transformado en la varita mágica para poder abrir negocios de hostelería. La calle Infantas es un buen ejemplo de este fenómeno que ocasiona grandes perjuicios a los vecinos.

Era el año 2013 cuando la Comunidad de Madrid modificaba la ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) para añadir una disposición adicional que permite la apertura de establecimientos mediante la simple presentación de un documento (declaración responsable) en el que el titular de la actividad manifiesta cumplir con los requisitos urbanísticos y sectoriales exigidos por la normativa vigente y que se puede tramitar a golpe de clic en la web municipal.

Su objetivo inicial, favorecer la apertura de negocios mientras los meses o años que se tramita la licencia de actividad y funcionamiento, ha provocado un vacío legal en el que se amparan empresarios que saben de entrada que no van a obtener licencia o incumplen la normativa.

El diario El Mundo ahondaba ayer en el el problema, haciendo un especial hincapié en las molestias que ocasionan este tipo de locales ilegales y avanzaba que tanto las asociaciones de vecinos de Centro como el propio Ayuntamiento de Madrid han solicitado a la Comunidad un cambio legislativo que impida a bares y restaurantes abrir con una simple declaración responsable.

Porque, por mucho que el equipo municipal se esmere en vigilar y sancionar a quienes se saltan las normas, según explica a esa publicación el concejal de Distrito Centro, Jorge García Castaño, se encuentran con establecimientos infractores «que van concatenando declaraciones responsables para seguir abriendo, con el nombre de otra empresa, por ejemplo», de tal manera que negocios clausurados por sanciones administrativas pueden seguir abriendo simplemente con otra declaración responsable.

Una reclamación vecinal que García Castaño considera «bastante razonable; si lo gestionamos bien, desde el absoluto consenso de todas las partes, podríamos mejorar los plazos y sería más garantista para todo el mundo. No se trata de un cerrojazo, sino de hacer una reflexión sobre esas actividades», añade.

La Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid sin embargo ve el asunto desde otra perspectiva y considera que es un problema del Ayuntamiento, al que sugiere que realice más inspecciones, pues no tiene intención de modificar una ley que «va en línea con la normativa europea» y que afectaría a todos los comercios de la capital por igual.

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