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La FRAVM considera insuficientes las medidas sobre el alquiler y los pisos turísticos

Viviendas de uso turístico ilegales en C/ Augusto Figueroa, 47 | SOMOS CHUECA

Somos Chueca

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La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) considera decepcionantes las medidas del Real Decreto-Ley 21/2018, de 14 de diciembre, en materia de vivienda y alquiler que entraba ayer en vigor. En su opinión, se trata de un texto “poco contundente” que deja fuera medidas “muy esperadas” como el límite de precios del alquiler.

La FRAVM, que agrupa a 280 entidades vecinales de la región, considera que las acciones del gobierno se quedan cortas para poder solucionar el grave problema de la vivienda que viven no solo Madrid y Barcelona, sino también otras ciudades del país: suben los precios de compra y los alquileres y cada vez más pisos son transformarlos en viviendas de uso turístico (VUT).

Alquiler

La nueva norma del gobierno extiende la duración mínima de los contratos de alquiler de 3 a 5 años (7 años si el arrendador es una persona jurídica y no un particular) y prolonga la prórroga tácita de 1 a 3 años. Además, pone límites a las garantías adicionales: con un máximo de dos meses de fianza.

La entidad vecinal considera que se trata de medidas positivas, pero echa en falta una que, a su juicio, es fundamental: dar a los Ayuntamientos la capacidad de establecer limites máximos para los precios del alquiler en aquellos municipios “que hayan sufrido un alza importante en los últimos tiempos”.

Viviendas sociales en alquiler

La FRAVM también señala la importancia de constituir un gran parque público de viviendas sociales en alquiler, tanto por parte de los ayuntamientos como de las comunidades autónomas y el gobierno central.

“Recordamos que, en la legislatura anterior, tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid malvendieron a fondos buitre 5.000 viviendas”, señalan, y lamentan que el Real Decreto-Ley no intervenga en esta cuestión de manera concreta pero destacan positivamente la posibilidad de que los ayuntamientos recarguen hasta en un 50% el IBI de las viviendas vacías.

La Vivienda de Uso Turístico (VUT)

En cuanto a las VUT, el nuevo texto establece dos medidas: faculta a las comunidades de propietarios para limitar o prohibir su instalación en edificios residenciales y para incrementar hasta un 20% las cuotas de las y los propietarios de esas viviendas de uso turístico, siempre y cuando se alcance una mayoría de votos del 60%.

Para la FRAVM estas dos medidas no sirven para combatir la proliferación de las VUT y considera que tendrán un impacto negativo “sobre las rentas de alquiler y sobre la convivencia en el seno de las comunidades”. Frente a su propuestas de que para la instalación de una VUT en un edificio residencial sea necesario “el voto unánime de las y los propietarios o, al menos, el voto favorable del 75%”, se ha optado por “regular el voto cualificado en contra”, donde “la minoría puede imponer su voluntad a la mayoría”.

En cuanto al incremento del gasto que las VUT generan en las comunidades de vecinos, señalan que “es muy injusto que los vecinos y vecinas que sufren las molestias de los pisos turísticos tengan que afrontar el mayor gasto que suponen, mientras que los propietarios se llevan los beneficios”.

Además, como las dos medidas no tendrán efectos retroactivos, las VUT que hoy ya están funcionando no se verán afectadas por las medidas del gobierno. Asimismo, FRAVM señala que la mayoría de las VUT que hay en Madrid incumplen la normativa, por lo que piden al gobierno regional y al Ayuntamiento de Madrid que tomen las medidas necesarias para cerrar las que no cumplan con las reglas.

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