Giro en la antigua cárcel de Carabanchel: el Ministerio de Vivienda adquiere los terrenos y los dedicará a pisos protegidos

El Gobierno central actualiza su proyecto para urbanizar los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel y apostará íntegramente por los pisos asequibles y protegidos. Así será al menos en los terrenos que administra el propio Ejecutivo, ya que en otros la gestión depende del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida.

“Todos los suelos del Ministerio del Interior en los terrenos de la antigua Cárcel de Carabanchel acaban de ser transferidos a la nueva empresa pública estatal de vivienda para que encargue una nueva gestión pública de todos ellos”, ha anunciado en redes sociales el portavoz del PSOE en la Comisión municipal de Urbanismo, Antonio Giraldo. Un giro que puede modifcar sustancialmente el modelo que regirá una promoción en la que esperan edificarse al menos 600 nuevas viviendas.

Es también lo que ha trasladado en una carta la presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de Seguridad del Estado (SIEPSE), Sofía Hernanz Costa. La misiva, dirigida al alcalde de la capital, expone que debido al compromiso del Gobierno de España para “impulsar la construcción de vivienda”, este “ha transferido una amplia cartera de inmuebles que durante los últimos años hemos gestionado de forma exitosa”. Se trata de cuatro parcelas que, según el documento al que ha tenido acceso Somos Madrid, pasan ahora a ser propiedad de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES). Es decir, del Ministerio del Interior al de Vivienda, que anuncia ahora que les dará ese uso como pisos asequibles.

Hasta este cambio, solo dos de las parcelas de titularidad estatal iban a dirigirse a vivienda protegida: una de 15.638 metros cuadrados y el 28% de otra con dimensiones por concretar. Las hasta ahora concebidas para uso residencial en categoría de vivienda colectiva libre poseen 7.988 metros cuadrados y 10.435, respectivamente. En total, la edifcabibilidad para dotaciones residenciales públicas aumenta en 18.423 metros cuadrados.

Respecto a los terrenos que gestiona el Consistorio, destaca una parcela con calificación de residencial para vivienda de protección pública básica de 4.178 metros cuadrados y una edificabilidad lucrativa total de 8.200 metros cuadrados. El Ayuntamiento también es propietario del 71 % de otra parcela de uso residencial en la categoría de vivienda colectiva libre. Salvo nuevos cambios, esta vez por parte del equipo de Almeida, este sería finalmente el único espacio de los terrenos de la antigua cárcel que no quedaría reservado a vivienda protegida.

“El Gobierno de España cumple con sus promesas y con el que es uno de los principales problemas que hay, especialmente en Madrid: la vivienda”, afirma Giraldo. “Nos alegramos mucho, porque no habíamos dejado de reclamarlo en ningún momento y, sobre todo, porque se da también así respuesta a las demandas vecinales en Carabanchel y Latina”, considera el edil. “En adelante se buscarán nuevas fórmulas para incrementar el porcentaje de vivienda pública de esta operación”, añaden desde el Grupo Municipal Socialista.

La líder de la oposición en Cibeles, Rita Maestre, ha mostrado sin embargo las suspicacias de su partido respecto al proyecto: “Lo que Más Madrid quiere para esos terrenos son dotaciones públicas y vivienda pública asequible con el modelo que ya se ha extendido en Europa (en Viena, por ejemplo) y que sigue siendo una excepción en Madrid. Que los suelos permanezcan blindados para siempre como públicos”.

Además de cientos de viviendas, el plan para edificar sobre lo que un día fue la cárcel de Carabanchel (derribada en 2008) incluye oficinas, equipamientos sanitarios, sociales y educativos. En total se llevará a cabo la urbanización de más de 46.000 metros cuadrados de vías públicas y la creación de 23.460 metros cuadrados de zonas verdes. La superficie total de acción es de 172.143 metros cuadrados, comprendidos entre la avenida de los Poblados, la calle de Monseñor Óscar Romero y el parque Eugenia de Montijo.

La nueva empresa pública de vivienda, anunciada recientemente por la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, comenzará su andadura de manera “inmediata” con la promoción de 438 inmuebles en la ciudad de València. Esta herramienta, una de las apuestas del Gobierno para solucionar “uno de los principales problemas que sufren miles de personas en nuestro país”, tiene como objetivo “garantizar que el 100% de las viviendas sea asequible”.