La jueza anula el intento de Almeida de acabar con la cesión vecinal de la Casa del Cura

Frenazo en los tribunales al desalojo de la Casa del Cura. El juzgado número 10 de lo contencioso-administrativo de Madrid ha anulado el intento del Ayuntamiento de Madrid para recuperar de forma anticipada este edificio municipal, después de que fuera cedido en 2019 durante cuatro años a decenas de colectivos vecinales agrupados bajo el proyecto Haciendo Barrio. La sentencia llega en el momento en el que la Junta de Centro había instado al desalojo del edificio, para el que había dado cinco días el pasado martes.

La resolución judicial desestima los argumentos municipales, que querían revocar la cesión para instalar allí un centro de servicios sociales. La jueza indica que estos argumentos “no pueden servir para revocar una autorización sobre un edificio en el que se desarrollan fines sociales por la Asociación recurrente”, dice el texto judicial al que ha tenido acceso Somos Malasaña. El fallo judicial obliga además al Ayuntamiento a pagar las costas del proceso.

El concejal de Centro, José Fernández, indicó hace una semana durante el pleno de su distrito que respetaría la resolución judicial en el momento que se produjera, aunque desde el equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se había dado orden de iniciar el procedimiento de desalojo sin esperar a la sentencia de los tribunales, que los vecinos aguardaban con la esperanza de que les diera la razón.

La Casa del Cura acoge a decenas de colectivos sociales y culturales del barrio, juveniles, de apoyo a mayores o de Ampas de los centros educativos cercanos. También mantiene abierta en su interior una despensa solidaria que alimenta a más de 90 familias. Todos celebraron hace varios días una concentración para reivindicar la continuidad de su espacio en el barrio, que fue secundada por decenas de personas.

Después de conocer la sentencia, los mismos colectivos han convocado para este miércoles un acto de celebración a las 21.00 horas en el mismo espacio para celebrar esta primera victoria judicial. El Ayuntamiento no ha decidido todavía si recurrirá o no el fallo judicial, aunque en los presupuestos para 2022 que presentó esta semana tiene presupuestados 58.000 euros para adaptación del edificio.

Una victoria trabajada en los tribunales

La Junta de Centro había instado al desalojo del edificio municipal para instalar allí un centro de servicios sociales con 18 trabajadores, a 500 metros del otro que existe en el barrio. Lo hizo pese a que José Fernández (PP) aseguró en una entrevista al inicio de su mandato que pensaba respetar la cesión hasta el año 2023. Luego se desdijo de sus propias palabras. Los vecinos denuncian además que durante el verano de 2020 Fernández ordenó cambiar la cerradura del edificio cedido, lo que originó una intervención de la Policía Nacional que impidió la usurpación del inmueble.

Los vecinos adjudicatarios han peleado en los tribunales la validez de su cesión, adjudicada después de un concurso público al final del mandato de Manuela Carmena. Ya habían conseguido una primera victoria en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que frenaron en 2021 el desalojo inicial reconociendo que el proyecto que albergaba el centro era de “interés público y social”. Además de la causa principal, los cesionarios solicitaron entonces como medida cautelar que se siguiera manteniendo la cesión, cosa que fue concedida pero que luego el TSJM anuló. Recientemente, el Tribunal Supremo no admitió a trámite el de casación que también presentaron desde la asociación vecinal, un fallo al que se ha intentado aferrar el Ayuntamiento para ejecutar el desalojo sin esperar a la resolución judicial que llega ahora.