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Miles de ciudadanos se manifiestan en León frente al desguace y el expolio del mundo rural

Más de 4.000 personas de siete autonomías protestan contra la reforma de la Administración Local bajo lemas como “No, al expolio y sí, a la democracia y al gobierno del pueblo” o “Sí, a los comunales; sí, a la democracia directa; ¡por nuestros concejos!”.

Asociaciones de protección de concejos, pedanías o juntas vecinales no están dispuestos a la pérdida de sus rangos administrativos ni a convertirse en el chivo expiatorio de ayuntamientos gravemente endeudados.

Más 4.000 personas se manifestaron en León en contra de la Ley de la Administración Local / Astorgaredaccion.com

Más 4.000 personas se manifestaron en León en contra de la Ley de la Administración Local. / Astorgaredaccion.com

El Gobierno se ha empeñado en acabar con la trama rural y liquidar las bases seculares de relación de los habitantes y campesinos con su medio y con sus recursos vitales y más valiosos. La “nueva modernización” reformista se ha plasmado con toda su batería tecnocrática y su doctrina neoliberal (las economías de escala, la eficiencia, la externalización, las competencias “impropias, la resurrección de las diputaciones, la centralización…) en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

El debate que tiene lugar en estos momentos en el Congreso de los Diputados por vía urgente nos parece una burla burocrática hacia quienes vienen realizando una gestión honesta y, sin deudas, en esas entidades locales menores y municipios que además bregan diariamente por los servicios de proximidad y por la cohesión social.

Bajo lemas comunes: “No, al expolio y sí, a la democracia y al gobierno del pueblo”; “Sí, a los comunales; sí, a la democracia directa; ¡por nuestros concejos!”, y bajo el empuje entusiasta del Frente en Defensa de las Juntas Vecinales, distintas plataformas y asociaciones se manifestaron el domingo, día 20, en León, en defensa de sus territorios, de sus bienes comunales, de su personalidad jurídica como entidades locales menores y de su autonomía y representación democrática.

Más de 4.000 personas procedentes de Asturias, de Cantabria, del País Vasco, de Navarra, de Galicia, de Aragón y, sobre todo, originarios de los pueblos de León, Palencia, Burgos, Segovia, Soria, Salamanca o Zamora, con el apoyo de plataformas del resto de la regiones españolas, han mostrado su rechazo a las propuestas de la ley entre las que son particularmente graves y negativas para el mundo rural las que afectan a los concejos y entidades locales menores.

Las asociaciones, entre las que cabe señalar a la Federación Estatal de Concejos, Parroquias Rurales y Pedanías o a la Plataforma en Defensa de las Juntas Vecinales de Omaña, y los habitantes de miles de pueblos, no están dispuestos a la pérdida de sus rangos administrativos ni a convertirse en el chivo expiatorio de ayuntamientos gravemente endeudados.  

El Noroeste de España y sus músicas y pendones se sintieron hondamente comprometidos en esta manifestación con sus pueblos y sus gentes. Madrid, Rajoy y Montoro siguen estando muy lejos, y algunos representantes políticos se mantienen obedientes a esta lejanía y sordos al clamor popular. Los leoneses, cuyas juntas vecinales  representan el mayor número del país y sus bienes comunales constituyen una gran riqueza territorial, se sienten abandonados y vendidos por los representantes políticos del Partido Popular.

En Madrid, además, no entienden a la región de Castilla y León, como lo ha manifestado su presidente, Juan Vicente Herrera, y, sobre todo, su portavoz, el Consejero de Presidencia, que ha expresado en los últimos días su desagrado ante la ley al poner en riesgo los servicios de proximidad en el medio rural castellano-leonés y al entrar en contradicción con algunas de las propuestas adoptadas por las Cortes de Castilla y León o el propio Gobierno Regional, e incluso con la reciente Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León, que se muestra favorable al mantenimiento del tejido rural y de las entidades locales menores.

Contrasta esta opinión con la de los presidentes de las diputaciones provinciales, todos ellos del Partido Popular, que están orgullosos con los objetivos de la ley y con los mecanismos previstos para que los entes provinciales se conviertan en los depositarios de la soberana y autonomía local, lo que puede violentar más allá de lo razonable los principios constitucionales.

Fernando Martínez Maíllo, presidente de la Diputación de Zamora y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha sido beligerante en defensa de la ley, dejando en mal lugar a la Junta de Castilla y León, a las Cortes Regionales y a los pueblos más desvalidos del mundo rural. Esperemos, no obstante, que la sensibilidad y cordura lleguen a la Carrera de San Jerónimo y se recojan literalmente las demandas y reivindicaciones presentadas por los Concejos y Juntas Vecinales en el proceso de presentación de enmiendas a la ley, una vez que  han sido rechazadas las enmiendas a la totalidad.

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