La defensa del 'caso Arroyo' cree que las acusaciones han sido “imaginarias” o “sueños”

Se acabó. El juicio por el denominado ‘caso Arroyo’, por la localidad de Valladolid donde se habrían cometido supuestas irregularidades urbanísticas, quedó ayer visto para sentencia con un alegato de defensa realizado por el abogado Javier Gómez de Liaño, el mismo que defiende a Luis Bárcenas, en el que cree que las acusaciones contra el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez –que fue del PP y ahora de Independientes por Arroyo-, se han basado en “sueños” o cuestiones “imaginarias”.

El segundo de los políticos juzgados fue Jesús García Galván, que hasta hace unas semanas era el portavoz del PP en la Diputación vallisoletana y anterior delegado territorial de la Junta en esta provincia, cuyo abogado recriminó a la Audiencia Provincial que el derecho a la tutela judicial se había vulnerado durante la instrucción del sumario, ya que “sin estar imputado se le abrió una investigación sin recibir información”.

Los dos abogados defensores arremetieron con dureza contra el Ministerio Fiscal y la acusación popular, de quienes han dicho que acusado “sólo con sospechas”.

Pero el más virulento fue Gómez de Liaño, quien se fijó en el fiscal para decirle que había actuado “sólo con el corazón, olvidándose de la cabeza. Y fue más allá al decirle que construyó esta acusación con ”sospechas infundadas, rumores y con falsas apariencias, criminalizando todo lo relacionado con Arroyo, sin demostrar nada“.

Su acidez tuvo otra diana, uno de los testigos y ex socio de la empresa que supuestamente compró al alcalde José Manuel Méndez. Fue categórico al afirmar que “es un claro caso de testigo falso y corrompido que mostró un comportamiento grosero y que está cegado por su deseo de venganza contra los que fueron sus socios empresariales”. Incluso le dijo a la presidencia de la Sala que abriera diligencias contra este testigo por su supuesto perjuro.

El abogado defensor trató de desmontar cada acusación, utilizando adjetivos contundentes. Así definió como “dislate jurídico” que se le acuse de prevaricación, dado que los acuerdos sobre modificaciones urbanísticas siempre fueron aprobados por el Pleno del Ayuntamiento en función de informes técnicos previos. Respecto a la posible malversación dijo que esta acusación era “una extravagancia jurídica” por parte del fiscal.

Por su parte, el abogado de Jesús García Galván también criticó a la Fiscalía porque se había articulado la acusación al exportavoz del PP en la Diputación Provincial “con sospechas”, por lo que después del juicio, “ha acabado el sueño del Ministerio Fiscal y de la acusación popular”.

En el ‘caso Arroyo’ –considerado uno de los juicios más importantes de supuesta corrupción política en Castilla y León- se ha acusado tanto al alcalde como al exdelegado territorial de la Junta en Valladolid de recibir regalos para favorecer los intereses urbanísticos de una empresa constructora.

El fiscal ha mantenido para el alcalde de Arroyo su petición de diez años y medio de prisión, el pago de multas superiores a los 535.000 euros y la inhabilitación para ocupar un cargo público por un periodo de 27 años por dos delitos de prevaricación, dos de cohecho y uno de malversación de caudales públicos.

Por su parte, para Jesús García Galván el fiscal pide tres años de cárcel por un delito de prevaricación y uno de cohecho, 18 años de inhabilitación y una multa de más 300.000 euros.

Sin embargo, el abogado de la acusación popular, que representa a una asociación vecinal de Valladolid, ha reducido su petición inicial y ha pedido lo mismo que el fiscal.