Imputados cinco altos funcionarios y tres ejecutivos de ACS en el caso de la desaladora de Escombreras
La jueza de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, imputó ayer a cinco integrantes del Consejo de Administración del Ente Público del Agua (EPA) y de las empresas públicas Hidronostrum o Desaladora de Escombreras, que fueron constituidas por el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel con el fin de comprar dicha desalinizadora, además de tres ejecutivos de la empresa de Florentino Pérez ACS, según informa el diario La Verdad.
De esta forma, la jueza acepta la petición realizada por la fiscal del caso `La Sal´, María Isabel Neira, quien pidió que se investigara en un informe realizado el pasado julio a estos cinco altos cargos de la administración junto con tres ejecutivos de ACS.
A las imputaciones previas se suman ahora las de los integrantes de la empresa pública murciana Ente Público del Agua (EPA) Juan José Beltrán Valcárcel, Diego Manuel Pardo Domínguez, Miguel Ángel Ródenas Cañada y Diego Cola Palau, así como del empresario José Caballero Sevilla, persona vinculada a Hidromanagement SL, y a María Antonieta Fernández Cano, secretaria del consejo de administración de Desaladora de Escombreras S.A.
También serán investigados el director general de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, José Alfonso Nebrera García; al consejero delegado de Tedagua S.A. y director general de Proyectos Integrados vinculado al Grupo ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A, Ramón Jiménez Serrano; y al director financiero del Grupo ACS industrial y consejero de Hidromanagement S.L, Cristóbal González Wiedmaier.
En `La Sal´se investiga la presunta malversación multimillonaria en la desaladora de Escombreras por parte del Gobierno de la Región de Murcia y dos empresas, entre ellas Cobra, filial de ACS que preside Florentino Pérez, al planificar un entramado de sociedades que provocaron un agujero de 600 millones.
Basándose en el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de 29 de enero de 2018, en la cronología de los hechos y en las declaraciones de los investigados, la fiscal concluyó en su informe que las compañías privadas y el Gobierno murciano, entonces presidido por Ramón Luis Valcárcel, ahora eurodiputado del PP, pudieron haber amañado el contrato de la desaladora de Cartagena.
En el caso de la desaladora de Escombreras se investigan delitos de malversación de caudales públicos continuado, cohecho continuado, fraude, falsedades documentales continuadas y delito societario en este presunto entramado para dar agua a las nuevas edificaciones que se iban a levantar en pleno boom inmobiliario a través de la EPA sin necesidad de obtener el permiso imprescindible de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), como dicta la Ley de Aguas.
No sólo no se solicitaron dichos permisos a la CHS al haberse creado para ello la EPA, sino también se creó un entramado societario sin riesgo económico “garantizándose por 25 años sendos contratos muy lucrativos, que se hayan cumplido o no en cuanto al pago, son legalmente ejecutables”, añadió la fiscal en el informe, en referencia al contrato por el que ACS percibirá 600 millones de euros.
