Medidas económicas expansivas para la que no será la última pandemia global

Empecemos por, siento decirlo así, lo más importante. El presupuesto de la Unión Europea (UE) que ya se estaba negociando en Bruselas por parte de los Estados y que fijaba como prioridad establecer los recursos apropiados para hacer frente al cambio climático y que enarbolaba, al menos en sus pasos preliminares, los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Habíamos oído de parte de la presidenta de la Comisión, Ursula Von Der Leyen, la creación de un fondo de al menos cien mil millones de euros destinados a suplir las carencias de las regiones dependientes de energías contaminantes, con especial incidencia en el carbón. Éste era tan solo uno de los ejemplos de los nuevos 'aires' que se traía la comisión postJunker y que tan buenas perspectivas se prometía. Ahora, todo eso, se irá definitivamente al traste.

Antes de que estallara la pandemia, las negociaciones en el seno del ECOFIN trataban de si suplir o no en un período de ejercicio presupuestario de cinco años, los algo más de quince mil millones de euros netos que el conjunto de la UE pierde con la salida de Reino Unido y el Brexit. Recordemos que la mayoría de los miembros eran partidarios de no hacerlo y que los estados miembros se apretaran más el cinturón, lo que supuso un cambio en la estrategia del Gobierno español, alineándose con los países del mediterráneo dejando de lado el tradicional apoyo que habíamos mostrado al eje franco-alemán que, en este caso, todavía no se había pronunciado aunque muchos analistas consideraban que terminarían haciéndolo del lado de las economías del norte de Europa.

Ahora, en este nuevo escenario, puede que nos encontremos con un aliado inesperado. El Gobierno francés, siguiente en la dramática lista de superados por el COVID-19 y que en breve deberá implementar medidas en la misma línea que ha hecho España o un poco antes Italia.

Presupuesto de la UE para siete años

Así pues, sabiendo que sería bastante complicado desencallar la aportación del montante británico, sería mejor apostar por alargar el período de aplicación del propio presupuesto, que en un principio hubiera sido de cinco años, para pasarlo a siete. Esto es permitido por los protocolos presupuestario y ya hay precedentes. De cualquier forma, aunque proporcionalmente no supondría un considerable mayor margen de gasto (siete años es más dinero que cinco, aunque repartido por ejercicios fiscales saldría más o menos igual), lo que sí daría a todas las economías es una ampliación de tiempo para el cumplimiento de todos los objetivos que marque el presupuesto comunitario.

Descendamos al terreno real, que son las medidas que ya, sí, ha implementado el gobierno del Estado y algunas comunidades autónomas y que está en el pálpito de casi toda la ciudadanía. Por bloques, parece del todo acertado que la movilización de 200.000 millones de Euros, 117.000 correspondientes directamente al Tesoro Público, vayan destinados a dos líneas que el Ejecutivo considera inaplazables. En primer las líneas de crédito y aval que respaldarán las operaciones de las empresas, especialmente enfocadas a las operaciones internacionales de exportación para que pueda continuar la expansión pretendida en el objetivo del 1’6 de 2020, o al menos que no retroceda en exceso. En segundo lugar paliar los efectos de la caída del mercado laboral, bien por cese de actividad o por regulaciones de empleo para que, durante el período de aplicación de Decreto de Alarma todos los trabajadores afectados (por cuenta propia o asalariados) tengan algún tipo de escudo.

Pero, ¿qué sucede con la planificación de empleo a futuro? ¿qué ocurre con las posibles inversiones, de cualquier monto, que estaban previstas?. Pongamos por caso los trabajadores autónomos que cesaron su actividad poco antes de la pandemia pero que tenían previsto retomarla en estas fechas, o aquellos asalariados que estaban pendientes de reincorporarse al mercado laboral. ¿Para todos ellos no hay ninguna esperanza?

“Parar el golpe”

Por aclarar conceptos, todavía nadie del gobierno (de ningún gobierno) ha aclarado si cualquiera de las ayudas que se han puesto encima de la mesa habrán de devolverse y bajo qué mecanismo. En este sentido, falta información. Pero lo que sí es cierto es que, la línea argumental de las administraciones públicas es la de “parar el golpe” para que todo se quede como estaba. Y es aquí cuando se comete el mayor de los errores.

Aclarar que las medidas tomadas son buenas, acertadas, y por supuesto han de contar con el respaldo de todos los actores, públicos y privados, porque garantizan un respaldo que solo puede ofrecernos un Estado del Bienestar sólido. Podremos comprobar, a no mucho tardas, como las economías neoliberales (Reino Unido y Estados Unidos en primer lugar) no harán ni la mitad de lo que la vieja Europa sí está haciendo. Pero una vez dicho esto, también es cierto que el discurso no puede quedarse ahí, en “parar el golpe”, y esto tiene una explicación que puede resultar definitiva.

Crisis cíclicas

Ha sido la Organización Mundial de la Salud (OMS) la que ha alertado que ésta no va a ser la última pandemia global, que vendrán más y que, tras años de informes y alertas, está en disposición de afirmar que los mecanismos sanitarios del planeta no están preparados para absorberlas, como no lo está para esta del COVID-19. A esto hay que sumarle el primero de los puntos a los que hacía referencia, el cambio climático y, por su fuera poco, la disposición internacional de las economías más fuertes y dinámicas para contribuir a la reconstrucción de las zonas en conflicto asoladas por la guerra.

Si tenemos la certeza de que esta cuestión que nos ocupa es cíclica ¿por qué no construir desde ya, en este momento, los protocolos y mecanismos necesarios para que, como comúnmente se dice, no nos vuelva a pillar el toro? ¿Tendremos, de manera efectiva, que volver a paralizar todo el país (y la UE) cuando a alguien en no sé donde se le ocurra comerse un murciélago lleno de bichos? La lógica nos debería llevar a responder “NO”. Y si, de manera también efectiva, estamos convencidos de que no debemos volver a pasar por este trance es ahora el momento de planificar la arquitectura que nos permita esquivar el bache.

Diversos estudios internacionales han respaldado que los momentos de crisis profundas son los que deben dar lugar a las políticas económicas expansivas más feroces. En una nota publicada hace pocos días, el 12 de marzo, también lo recordaba en referencia a la presente situación Economistas Frente a la Crisis (EFC), donde señalaba que “EFC considera perentorio y urgente suspender los mecanismos de ajuste contenidos en la regulación laboral vigente que, siendo de libre disposición por las empresas, si fueran activados en todo su alcance, podrían generar en España un descalabro social y económico sin precedentes”.

Medidas adicionales expansivas

¿Cuáles son, por tanto, las medidas adicionales expansivas que debieran tomarse, sabiendo que el conjunto de la economía ha sido dañado, estés o no infectado por el COVID-19 o tu empresa o actividad empresarial te haya dejado al descubierto?

Esta propuesta trata de dejar a un lado los efectos, ya palmarios, de la paralización económica y pasar esa factura, de manera prorrateada, a los siguientes ejercicios fiscales con el respaldo de las Administraciones Públicas.  De ahí la importancia de conseguir que el Presupuesto de la UE sea de siete y no de cinco años, teniendo en cuenta, que el subsiguiente presupuesto debiera ser por el mismo período para que el conjunto de años no suponga la asfixia de las economías domésticas y el común de los mortales.

Hablemos de cifras absolutas o redondas, pero siempre aproximadas, porque incluso tomando como referencia los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) pudiéramos dimensionar de forma errónea las partidas presupuestarias.  Tengamos en cuenta que estaríamos hablando siempre del período de aplicación del Decreto de Alarma y que también siempre hablamos en dirección desde la generalidad hacia la excepciones, y no al revés, como están haciendo los gobiernos de media Europa.

Aplazamiento del pago de hipotecas y alquileres

La primera de ellas sería el aplazamiento del pago de todas las hipotecas y alquileres, al menos de la vivienda habitual. El año pasado se concedieron casi 45.000 millones de euros en préstamos hipotecarios para vivienda (44.717), el 64’5% del total. Una cifra que asciende a 70.000 millones si sumamos las fincas rústicas y urbanas. Tomando la media de pago de una hipoteca a 23 años, que si sitúa en 122.000 euros, entre doce meses estaríamos hablando de unos 3.726 millones al mes, a lo que habría que sumar las hipotecas en vigor de años anteriores y restar las que han sido canceladas.

Dando por buena la cifra de 3.726 millones al mes, y proponiendo que se atiendan los pagos de las que ya han superado el ecuador de esos 23 años, por ejemplo, todas las que ya hayan abonado más de 12 años, y asumiendo que en un año estándar se escrituran en España unas 30.500 viviendas, estaríamos hablando de un montante total de 37.260 millones de Euros al mes. Una cantidad que deberíamos (nosotros, los mortales) devolver al Estado en las 84 mensualidades que duraría el ejercicio 2020-27 del Presupuesto de la UE, a razón de 443 millones al mes. Podríamos hacer el mismo ejercicio con el pago de los alquileres de la vivienda habitual, que en España si sitúa bastante por debajo del de hipotecas, aproximadamente un tercio en el mayor de los casos/año, por lo que elevaríamos esa factura a unos 600 millones al mes durante los siguientes siete años.

La segunda medida tiene que ver con el pago de los suministros básicos habituales (energía, agua y telecomunicaciones) que si situaba en unos 10.200 euros anuales por hogar en los últimos ejercicios. Unos 400 euros al mes de media si descontamos los gastos que representan el 60% habitual adjudicados al pago de alquiler/hipoteca. En España hay 18.200.000 hogares de todo tipo (unipersonales, personas mayores, familia numerosas) y por tanto, las cifras de consumo varían. Si atendemos al valor medio de gasto, esto supondría unos 7.300 millones de euros durante la vigencia del período de confinamiento, que seguimos suponiendo será un mes.

Aclaremos. Estas dos medidas son cifras totales y deben tener sus excepciones atendiendo a los niveles de renta, por lo que, de aplicarse, bajaría la cuantía.

La tercera medida circunda la basta cantidad que suponen para las arcas públicas la totalidad de las cotizaciones sociales (asalariados + autónomos) que suman 125.500 millones de euros. En este momento la aplicación de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) se llevará por delante todavía no sabemos qué cantidad de puestos de trabajo que, en teoría, deberán ser readmitidos en sus lugares de trabajo una vez cese la crisis, que no sabemos cuando será. Si bien la garantía es que los trabajadores en esta situación cobren el 75% de su salario, no existe certeza de que, una vez superado este trance y reincorporados todos, no vuelvan a venir los despidos en las mismas empresas por causas justificadas como lo es el descenso de ingresos. Por ejemplo, nadie asegura que, pasados unos meses, los 14.000 empleados de Burguer King que han ido a la calle y que serán readmitidos a finales de abril, se queden en junio o en septiembre en las mismas condiciones o, supuestamente, esta empresa pierda una gran masa laboral y no tenga que dar cuentas a nadie.

Aplazamiento de IBI o Impuestos de Sociedades

Por tanto, en un ámbito empresarial donde se han ganado beneficios en los últimos ejercicios fiscales y, según la propuesta, haciéndose cargo el Estado del total de las cotizaciones sociales que le correspondieran a la empresa, los despidos (sean o no en ERTE) serían nulos, o dicho de otro modo, imposibles. No tiene sentido que empresas de gran capacidad que, en momentos delicados como el que vivimos, contaran con el total respaldo del Estado, dejaran a nadie en la cuneta. Además de las cotizaciones sociales, debiéramos hablar también de posibles aplazamientos (que no exenciones) en otros tributos, como el IBI (Ayuntamientos) o Impuesto de Sociedades, con la misma regla que para las anteriores medidas.

A partir de aquí se hace imprescindible la creación de mecanismos que, sabiendo que vendrán más crisis puntuales, imposibiliten la destrucción de masa laboral y salarial. O dicho de otro modo, de la misma manera que se obliga a los empresarios del campo a tener conocimientos sobre fitosanitarios o a la hostelería sobre la manipulación de alimentos, se hace imprescindible que la clase empresarial de este país acepte las crisis cíclicas como parte de la vida de la empresa y, en consecuencia, estén adecuadamente preparadas para cuando lleguen. Además de los resortes ya enunciados, pudiéramos vislumbrar un 'colchón' anual que dependiera de las aportaciones tanto del empresario como del trabajador, un fondo de garantía que anulase los efectos de los primos del COVID-19 que vendrán a vernos.

Por último, hemos de hablar del control de precios. Más allá de las anécdotas aisladas que se han podido detectar (mascarillas de tu prima a 20 euros) otra de las carencias que en esta crisis hemos descubierto ha sido el escaso margen de maniobra que sobre la posición de precios en el minorista tienen las autoridades municipales o la propia Comisión Nacional del Mercado, Valores y Competencia (CNMVC). La mayoría de las ocasiones, no sólo ahora, no enteramos del chanchulleo/timo/robo a mano armada, gracias a la labor de las organizaciones de consumidores que tan bien realizan su magnífico trabajo para que no nos saquen la cartera. La ampliación de las inspecciones periódicas y permanentes ha de volver a convertirse, si alguna vez lo fue, en sentido de Estado.

La gran estafa

El resultante de esta posición es la negación de que, una vez más, sean las clases trabajadoras, las que sostienen el país, sean las que paguen las consecuencias de cualquier crisis. Todos tenemos en mente la de 2011 (la gran estafa, que sólo en España nos llevó a regalar a la banca 50.000 millones que no veremos nunca) pero en el serial histórico hay muchas más. Tenemos la capacidad de generar las herramientas suficientes para que no nos vuelva a pasar, siendo justos y admitiendo el libre mercado.

Es imposible, salvo estimaciones de diferente índole, saber cuánto vamos a dejar de ganar en términos netos. Porque es imposible saber qué hubiera pasado si yo, mortal, hubiera podido hacerme con una buena cámara de fotos para mi negocio de imagen, o que resultado hubiera tenido la inversión en IBEX-35 de Pepito Pérez. Pero sí sabemos, por los datos objetivos que se exponen aquí o en todos los informes que en estas fechas circulan en cualquier institución, lo que nos puede costar (suministros, hipotecas, cotizaciones) la paralización de la actividad económica. Y es en esta seguridad, la de los datos objetivos, donde debemos levantar un nuevo discurso que no sea el de aguantar/superar si no el de reformular nuestro sistema económico.

Bien, pues yo digo que lo hagamos.