El Gobierno de Murcia modificará los criterios de admisión en centros escolares para saltarse la 'ley Celáa'

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado que el Gobierno regional va a plantear una modificación en el decreto que contiene los criterios de admisión escolar “para garantizar que, como hasta ahora, las familias de la Región de Murcia puedan matricular a sus hijos en los centros que elijan”.

“Seguimos garantizando así la libertad, que es la seña de identidad de la Región, no solo en el ámbito educativo sino también en el económico”, ha señalado el presidente. Con este cambio busca sortear los criterios de proximidad con los centros escolares establecidos por la 'ley Celáa' (Lomloe) a la hora de matricular a los estudiantes, una medida con la que el Gobierno central busca “velar para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza”.

La norma autonómica adaptará el marco regulador del Decreto por el que se regulan los criterios y el procedimiento para la admisión y escolarización del alumnado desde Educación Infantil hasta Bachillerato en colegios e institutos públicos y concertados. El proyecto, han asegurado desde el Gobierno murciano, “recoge las modificaciones necesarias para adaptar el texto a los cambios introducidos en la Lomloe sobre escolarización en centros públicos y privados concertados”.

“Esta era una de las prioridades del Gobierno regional y lo cumplimos”, subrayó López Miras, quien también se refirió al compromiso cumplido del Ejecutivo de recuperar la presencialidad total el próximo 29 de abril para los alumnos de Infantil y el 6 de mayo para los de Primaria, “siempre garantizando todas las medidas de seguridad y haciendo que los centros educativos de la Región sean de los más seguros de España”.

No obstante, la Lomloe no cambia las posibilidades de elección de centro de las familias. La ley estipula que “corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento y las condiciones para la adscripción de centros públicos, respetando la posibilidad de libre elección de centro”. La novedad de la ley es que establece que la escuela pública tiene que garantizar la oferta de plazas “mediante una oferta suficiente de plazas públicas” o que “las Administraciones educativas programarán la oferta de modo que garanticen la existencia de plazas públicas”, además de promover “un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”. Esta disposición debe asegurar la disponibilidad de una plaza pública para todo el que la pida.

Entre otros objetivos, la 'ley Celáa' busca que haya un mayor equilibrio entre el perfil del alumnado de los centros con concierto y los públicos para evitar la segregación socioeconómica del alumando. Para ello, la norma prima, a la hora de matricular, en los criterios de cercanía al domicilio o al trabajo de los padres y crea áreas de influencia de los centros educativos que “cubran en lo posible una población socialmente heterogénea”. Para asegurar la igualdad en el acceso, las familias podrán presentar su solicitud de admisión ante la administración educativa, como ahora, pero también ante la comisión de garantías, que deberán velar por el cumplimiento de las normas, “especialmente las relativas evitar la segregación del alumnado”.