2021: ¿Un año para la esperanza en la lucha contra la pobreza y exclusión?

Todo va a depender, como siempre, de la voluntad política.

Hemos puesto mucho empeño en despedir 2020, casi tanto como esperanzas depositadas en que 2021 sea un año distinto; ese es nuestro propósito y en ese objetivo, vamos a poner nuestras fuerzas. Porque a la crisis sanitaria le va a suceder una crisis social y económica sin precedentes en la historia reciente de nuestra región. Un 2021 que por si solo no cambiara nada, de no cambiar las políticas, las decisiones, las medidas y los comportamientos.

Con la vacunación ya en marcha, hay motivos para confiar en que las cosas mejorarán pero, desde luego, no lo harán por sí solas. Para que efectivamente las cosas cambien, necesitamos mirar críticamente la realidad y, desde el diagnóstico más certero posible, proponer y ejecutar políticas y medidas más eficaces en la lucha contra la pobreza y la exclusión social que persigan el bien común; porque de esta crisis, debemos de salir todas y todos o no saldrá nadie..

La necesidad de un buen diagnóstico ha sido algo en lo que la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN-RM) ha insistido desde hace años. Es por eso que, en septiembre de 2019 presentamos una investigación que realizamos junto a la Universidad de Murcia, contando con la financiación de la Consejería con competencias en materia de políticas sociales. El estudio daba una imagen bastante precisa sobre la pobreza y exclusión en la región y algunos de los datos que más destacaban eran que el 32% de murcianas y murcianos se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social, contando con un 20% de trabajadores y trabajadoras pobres y un 15% de hogares que sufrían pobreza energética. Los datos ya mostraban un panorama que llamaba a la acción inmediata, situando la lucha contra la pobreza y la exclusión como una prioridad de la agenda política, social y económica de la región. Un panorama que, después de casi un año de pandemia, ha empeorado sustancialmente; a los “rostros clásicos” de la pobreza, se han incorporado personas y familias que estaban en situación de fragilidad y vulnerabilidad y para quienes la crisis de la covid19 ha supuesto un varapalo en la línea de flotación de sus precarias bases de sustento.

Y seguimos pensando que el conocimiento de la situación, debe de estar en la base de la acción. Por eso, hemos puesto en marcha una nueva investigación que nos permita actualizar el conocimiento que tenemos acerca de la realidad murciana, de nuevo junto a la Universidad de Murcia y con la financiación de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Una nueva investigación que debe ser la base de un futuro observatorio regional de la evolución de la pobreza y la exclusión social que nos aporte datos de tendencias y no solo radiografías temporales.

Pero en tanto llegan los datos, hay ya algunos indicadores que nos permiten hacer una primera aproximación a las dimensiones a las que puede estar llegando la pobreza en la región.

El número de familias atendidas por los Servicios Sociales de atención primaria en los ayuntamientos de la Región de Murcia se dispara, en relación con 2019, un 88% por culpa del coronavirus. Los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento de Cartagena atendieron en los 9 primeros meses del año a casi un 20 % más de personas que en todo el año anterior. El 75% de las personas atendidas por Cruz Roja con motivo de la COVID-19, jamás habían necesitado ayuda de la organización.

Los datos dibujan, sin la menor duda, un panorama desolador. Pero si para algo deben servir estos indicadores es para reforzar el compromiso y las medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y eso es tarea de una política comprometida con la ciudadanía, coherente con la realidad, y responsable en el ejercicio de su vocación de servicio público, que anteponga los intereses colectivos a los particulares, poniendo en el centro a las personas; porque la pobreza no son datos estadísticos, números impersonales, son familias y personas.

Y por enésima vez reiteremos la necesidad de recordar el conjunto de medidas contempladas en el II Pacto de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia que se firmó el pasado mes de mayo de 2019, entre otros, por los dos partidos que actualmente forman el gobierno de la región y que ha sido el texto de referencia en las reuniones y espacios de interlocución que EAPN-RM ha realizado con la administración regional. Los pactos se alcanzan para ser cumplidos y evaluados.

Dicho Pacto se actualizó para adaptarlo a la situación de pandemia e incluye cuestiones fundamentales para la (re)construcción de una sociedad más justa y democrática. Apuntamos a continuación las cuestiones que nos parecen más relevantes en la hoja de ruta en el desarrollo de políticas correctoras de desigualdades sociales para este 2021. Cuestiones que ya estuvieron sobre la mesa en 2020 y que son ya ineludibles en la agenda política.

Debe ponerse en marcha con urgencia lo que hemos llamado el órgano rector de lucha contra la pobreza. Entendemos este órgano rector como el instrumento que permitirá coordinar y optimizar todas las medidas de lucha contra la pobreza. Estas medidas deben hacerse desde una perspectiva integral y con la necesaria transversalidad que implique a las distintas consejerías y administraciones. La pobreza es una realidad multidimensional y, por tanto, precisa ser abordada desde múltiples frentes: desde los servicios sociales, pero también desde el empleo, la educación, la innovación, la vivienda, la salud, la política económica y fiscal. Si algo nos ha mostrado la crisis es precisamente eso: no podemos avanzar en la corrección de desigualdades, si las personas no tienen acceso en las mejores condiciones y con las máximas garantías, a los derechos que están en la base de nuestro modelo de sociedad (sanidad, vivienda, educación, empleo,...); porque la lucha contra la pobreza no es cuestión de caridad, sino de derecho y justicia social.

Para que realmente sea así, para que haya una acción integral contra la pobreza en el marco de los derechos fundamentales, es preciso que nos dotemos de las herramientas adecuadas; en este sentido, ya es inaplazable que la Ley de Servicios Sociales se apruebe, que finalice ya ese “agónico itinerario administrativo” a la que se ha visto condenada, incorporando todas las propuestas de mejora que se han trasladado desde los diferentes interlocutores sociales. No es tolerable que continuemos con una Ley obsoleta del 2003 sin que el Gobierno Regional haya sido capaz de aprobar un nuevo marco legislativo que regule una cartera básica de servicios como derechos subjetivos de ciudadanía.

De igual forma es inaplazable la planificación de una Estrategia Regional a cuatro años -y sus correspondientes ramificaciones hacia el ámbito local- de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, que cuente con la máxima participación y consenso, con una dotación presupuestaria suficiente, con planes operativos anuales y un mecanismo de seguimiento y evaluación; evitando que quede relegada al “cajón del olvido”, alimentando así el nivel de frustración que tenemos acumulada la sociedad en su conjunto y de manera mucho más clara, quienes más cerca estamos de la realidad precaria de más de un tercio de los murcianos y murcianas.

Son muchas las cuestiones sobre las que avanzar: desde la brecha digital a la brecha salarial, desde la convivencia en nuestros barrios, al acceso a una vivienda digna y a la extirpación de nuestro paisaje invisible de los infames asentamientos chabolistas -que contribuyen a reforzar la imagen de que en algunos contextos, cuidamos más a las verduras y hortalizas de nuestra huerta que a las personas- , desde una igualdad de oportunidades educativas, hasta el derecho a unos ingresos suficientes, garantizando la complementariedad entre el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Básica de Inserción; o desde el desarrollo de actuaciones de “bajo perfil” frente al discurso del odio, al desarrollo de políticas inclusivas eficaces que no dejen espacio al racismo y a la xenofobia. Para abordarlas es necesario PLANIFICAR y no solo IMPROVISAR.

Junto al qué y cómo hacer y junto a cómo coordinarlo todo para darle sentido, está el cómo financiarlo. La lucha contra la desigualdad debe contar con presupuestos que la hagan efectiva. Los compromisos y los discursos deben traducirse en partidas presupuestarias que hagan que los objetivos sean realmente alcanzables. Este artículo se va a publicar sin que los presupuestos de este año estén todavía aprobados; y lo que es peor, se aprobarán sin que las organizaciones sociales podamos realizar sugerencias -eso, aunque solo sean sugerencias- que contribuyan a mejorar la eficacia y eficiencia del dinero de los murcianos y murcianas. La única forma de que la espera merezca la pena es que las políticas sociales (entendidas desde la visión integral de la que ya hemos hablado: desde los servicios sociales a las políticas activas de empleo o la vuelta a la presencialidad en los centros educativos) reciban un financiación que nos permita llegar a finales de 2021 con una población menos empobrecida. Y no podemos olvidar la asignatura histórica y pendiente: la financiación de la parte de esas políticas que se lideran desde la administración pública, pero que se desarrollan en colaboración con las entidades del tercer sector y que, responden a un modelo trasnochado, ineficaz y profundamente injusto e incoherente con lo que debe de ser una nueva gobernanza de las políticas públicas.

Y si hemos usado el plural al hablar de las cuestiones que deben estar en la agenda política de 2021, no ha sido de forma retórica ni mayestática. Como hemos dicho en infinidad de ocasiones, el tercer sector de acción social debe ser un actor principal en las políticas puestas en marcha para combatir la pobreza y la exclusión social. Muchas veces, desde la discrepancia, pero siempre desde la convicción de que el reto que nos ocupa, exige el máximo de cooperación y trabajo conjunto. Debe contarse necesariamente con la voz, la experiencia y el conocimiento de las entidades que estamos trabajando en la primera línea de lucha contra la pobreza y exclusión.

Escribimos este mensaje desde la convicción de que la sociedad no puede construirse y reconstruirse dejando a una parte de la misma atrás. No concebimos que pueda ser de otra manera. La pandemia nos ha dejado algunas lecciones que debemos recordar porque tenemos tendencia a olvidar. Una de ellas es que la salud individual es la salud colectiva y que la pobreza siempre complica la salud. No sabemos lo que nos espera a la vuelta de 2021 ó 2022, como no supimos lo que nos deparaba 2020. Pero sí sabemos que cuanto más cohesionada e igualitaria sea una sociedad, mejor podremos enfrentar los retos sociales.

Durante el 2020 hemos mantenido niveles de interlocución interesantes con toda la estructura de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Los primeros “acordes” suenan bien; pero el reto está en que la “partitura” que tenemos que construir conjuntamente, cuente con la armonía y con la sonoridad y calidad a la altura de la calidad del reto que nos ocupa. Y eso también va a depender de la voluntad política. Hay personas y familias que no pueden seguir esperando.