Medio millar de periodistas de medios comunicación nacionales han suscrito un manifiesto en contra del envío de preguntas previamente por WhatsApp a las ruedas de prensa telemáticas del Gobierno central y han planteado un boicot a las mismas. El secretario de Estado de comunicación, Miguel Ángel Oliver, decide en último término qué preguntas se han de contestar o no, lo cual ha indignado a la profesión. En la Región el método es el mismo, aunque aquí nadie se ha levantado en armas. Lo cierto es que en Murcia las preguntas se reproducen a los responsables políticos, pero es imposible repreguntar, asunto esencial para cualquier periodista.
En tiempos de crisis, la libertad de expresión suele ser de las primeras víctimas. La comunicación se torna en propaganda y las fake news, o bulos, se reproducen a mayor velocidad. Vivimos en un mundo bombardeado constantemente por mensajes ya sea a través de los medios de comunicación, las redes sociales, y muchos de ellos por los WhatsApp -quién no ha silenciado el móvil estos días para no volverse loco-. También estamos en un momento en el que ansiamos una información y opinión que nos explique la situación que vivimos tan brutal como inédita. Por cierto, cuando Rajoy estaba asediado por la corrupción también se refugió detrás de un plasma y nadie planteó un boicot, como está pasando ahora.
La libertad de expresión de los medios de comunicación siempre se mueve en un peligroso filo que no sólo depende de las ruedas de prensa y los mensajes que quiere trasladar el Gobierno y las preguntas que éste está dispuesto a responder. Tan importante o más que esto -en democracia ninguna crisis puede ser argumento para no responder abiertamente ante los medios de comunicación- es el reparto de la publicidad institucional. Ya saben: las campañas de turismo, salud, cultura y un sinfín de asuntos que los gobiernos han de hacer públicos a la ciudadanía. A través de este reparto se compran filias y silencios, se promueven los medios afines a tu ideología y se pagan las nóminas de los reporteros que aún siguen dándole a la tecla tras la crisis económica que terminó con tantos puestos de trabajo en la profesión.
Véase la situación de este mismo medio de comunicación: eldiario.es de la Región de Murcia hasta hace muy poco tiempo no contaba para el reparto de publicidad institucional ni del Gobierno regional ni del Ayuntamiento de la capital, a pesar de existir más de cinco años. Lo lógico sería que la publicidad institucional se invirtiera en virtud de un criterio objetivo y medible como es la audiencia. Todo lo demás, se llama censura.
0