El Gobierno regional ha aprovechado la crisis sanitaria para realizar profundos cambios en la ley de puertos, incluida en el Decreto-Ley 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área de vivienda e infraestructuras, que recoge también medidas de carácter urbanístico y modifica cuatro leyes que en nada van a ayudar a salir de la crisis sanitaria, ni a regenerar la economía, ni a hacer más sostenibles los puertos, ni a afrontar las consecuencias del cambio climático. Todo esto se realizaba además sin participación pública.
Pero, por si era poco un caldo…tres tazas. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el Gobierno regional vuelve a usar como excusa la crisis sanitaria para modificar mediante Decreto-Ley, y de urgencia, la Ley del Suelo de la Región de Murcia, sin participación pública ni transparencia, y sin utilizar el procedimiento ordinario en la Asamblea Regional. En definitiva, la contrarreforma de esta Ley del Suelo va a crear una mayor inseguridad jurídica, eliminar numerosos controles sobre los trámites urbanísticos y relaja la normativa ambiental que afecta al sector de la construcción que se manifiesta como un socio de gobierno con López Miras.
Desde el punto de vista de participación democrática, las modificaciones que se quieren introducir en la normativa urbanística se han realizado con oscurantismo y una vergonzosa improvisación, sin calcular su impacto y consecuencias. Se elimina en dicha ley la participación y control del Consejo de Gobierno, y órganos colegiados, en diversos trámites. Estos cambios que se pretenden no responden a ninguna urgencia, ni solucionan la crisis económica que se va a generar por el coronavirus en la Región de Murcia.
No es de recibo que, para mitigar los efectos de una pandemia, las medidas que se adopten sean eliminar derechos de propietarios de suelo, eliminar importantes competencias del Consejo de Gobierno para dárselas al consejero de turno (los espacios verdes públicos) y suprimir la existencia de órganos colegiados como la Comisión de Coordinación de Política Territorial de la Comunidad Autónoma, donde se encontraban representados entre otros vocales un representante del Estado, y de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.
Se eliminan también informes previos, antes de la toma de decisión del consejero en diversos asuntos urbanísticos, así como la introducción de nuevos preceptos legales y condicionantes sin la debida concreción de los trámites para su aplicación. Eliminar dichas garantías solo provoca inseguridad jurídica y desigualdad en el trato ante la administración pública, con lo cual esta ley nace ya viciada y con un sesgo hacia la desregulación y la supresión de mecanismos de control. Tampoco se ha evaluado el impacto sobre el patrimonio cultural, al permitir el cambio de uso y determinadas actuaciones en edificios históricos y ámbitos protegidos, con una simple declaración responsable del promotor. Las necesarias garantías y cautelas administrativas estaban para que las decisiones en materias tan importantes como la ordenación del territorio no fueran arbitrarias.
En la misma dirección, el Consejo de Gobierno ha aprobado también el Decreto-Ley de Mitigación del Impacto de la Covid-19 en materia de medio ambiente que modifica la Ley 4/2009 en materia de Protección ambiental Integrada de la Región que permiten que las empresa e instalaciones industriales no realicen otra evaluación ambiental si las nuevas emisiones y residuos no superan el 30 por ciento. Es decir, se ha aumentado el permiso y los niveles para contaminar. También, los ayuntamientos tendrán competencias para evaluar el impacto ambiental de un proyecto urbanístico y remitirán a la consejería a documentación necesaria, ante la petición de un particular o empresa, para comenzar un proyecto. Esta normativa convierte a los ayuntamientos en organismos ambientales en materia de planteamiento urbanístico con capacidad para realizar informes de impacto ambiental cuando la población del municipio supere los 20.000 habitantes.
La objetividad y el servicio a los intereses generales de la ciudadanía quedan, de una manera palpable, en entredicho. Es necesario una presión social y política que dé marcha atrás a estos intentos de contrarreforma del gobierno López Miras que se convierte así en un subalterno de los que verdaderamente gobiernan: los constructores y la agroindustria. Todo este intento de contrarreforma se hace en un contexto tan sensible a la especulación y al pelotazo urbanístico como es el suelo y la ordenación del territorio y nos lleva con rumbo de colisión hacia otro desastre inmobiliario y medioambiental
0