Recientemente el gobierno de López Miras ha anunciado a bombo y platillo la deflación del tramo autonómico del IRPF, lo que en la práctica supone una bajada de este impuesto del 3,5%, que supondrá una reducción en la carga impositiva a los contribuyentes y una disminución en la recaudación de 12 millones de euros.
En principio, este tipo de acciones tienen buen marketing político. Ya de entrada, esta cuestión, pone en el foco el problema económico de la inflación de la que se culpa al Gobierno central. Además, las bajadas de impuestos, en general, son bien recibida por los contribuyentes, que legítimamente quieren minimizar, en la medida de lo posible y de lo legal, sus obligaciones fiscales. Y, por último, al disminuir los recursos de la Comunidad, lo lógico es que aumente el déficit de la Región y permita a López Miras seguir con su discurso victimista ante el Gobierno nacional sobre la infrafinanciación de esta Región y la necesidad de que se le dote de más recursos estatales en el ámbito de la financiación autonómica.
Últimamente estamos habituados a que las Comunidades gobernadas por el PP utilicen las bonificaciones fiscales como propaganda electoral para enfrentarse al Gobierno central. Dicha actitud es poco responsable y desleal con el funcionamiento de las instituciones públicas. Lo primero que se debería hacer cuando hay una rebaja fiscal, es concretar el coste que dicha medida va a tener en las cuentas públicas e indicar la forma que se van a suplir dichos ingresos. Desde un punto de vista racional, cuando hay una disminución en los ingresos solo caben dos opciones, o bien reducir el coste de los servicios públicos, o bien explicar la forma de suplir los ingresos de los que se van a prescindir, y esto se debe explicar claramente a la ciudadanía, y si me apuras, con tablas 'Excels'.
El origen del problema es la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas en materia fiscal, lo cual es un error. La política fiscal debe ser única en toda España y marcada por el Gobierno de la nación. Piense el lector en el poco sentido que tiene que el Impuesto de Sucesiones esté bonificado en línea recta en Comunidades como Murcia y Madrid, y no lo esté en otras zonas de España. La conveniencia o no de la aplicación de este impuesto debería ser objeto de un debate serio, sosegado, el cual se tendría que hacer en las Cortes Generales, y lo acordado se debería aplicar de forma uniforme en toda España. De igual manera debería pasar con todas las bonificaciones al Impuesto de Sociedades y del IRPF que actualmente se aplican de forma desigual en distintas partes de España.
Lo que no tiene sentido es que los españoles tributemos de forma distinta dependiendo de la región de España en la que tengamos nuestro domicilio fiscal. Tal situación es antieconómica, porque distorsiona la unidad del mercado nacional e injusta, ya que afecta a los principios de igualdad y solidaridad entre españoles. Y también favorece la utilización de la rebaja impositiva con fines electorales y para entorpecer la eficacia de las políticas económicas nacionales.
En cualquier caso, este problema es un síntoma más de la quiebra del Estado Autonómico. Desde el 78 estamos asistiendo a un vaciamiento de las competencias estatales a favor de las Comunidades Autónomas, impulsada por los nacionalistas vascos y catalanes. En la práctica, a fecha de hoy, España es casi un Estado Federal. De hecho, el nuevo objetivo confeso de los separatistas catalanes es que al no haber podido irse de España, es expulsar a España de Cataluña, y esto se consigue a través del interminable proceso de vaciamiento de las competencias estatales.
En este tema se debe ser sincero con la ciudadanía y explicar el coste económico que supone para España tener en su interior diecisiete mini Estados, con el consiguiente gasto en diputados regionales, altos cargos y órganos duplicados. Si recuerda el lector, hace unos años hubo una polémica judicial sobre quién debía pagar el Impuestos de Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas, se discutía si debía abonarlo las entidades bancarias o el consumidor. Al final, los Tribunales dieron la razón a la banca, pero el Gobierno inmediatamente cambió la regulación del impuesto, de tal forma que a partir de ese momento la obligación de pago recayó sobre las entidades bancarias. Lo que no se dijo en ese momento es que la mayor parte de lo recaudado por este tributo se utiliza para financiar a las Comunidades Autónomas. Los debates deben ser serios, y el ciudadano tiene derecho a saber todos los elementos que afectan a una cuestión polémica para poder formarse una opinión seria e independiente.
La política fiscal es un elemento clave para la economía y para la efectividad de ciertas políticas, como son la redistribución de la riqueza o el incentivo de determinadas actividades económicas que, en algunos momentos, puedan ser consideradas estratégicas para la economía nacional. Pero para que dichas políticas sean efectivas deben ser unitarias y de aplicación uniforme en todo el territorio nacional, y estas políticas deben ser fijadas por el Gobierno de la nación, y en ningún caso las políticas fiscales deben utilizarse como arma propagandística o para obtener ventajas electorales. Como diría Mariano Rajoy, la política es para adultos, y se debe actuar con madurez y responsabilidad dejando determinadas cuestiones fuera del debate político y actuando con sentido del Estado.
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