La falta de independencia económica o la dificultad para flexibilizar horarios y condiciones laborales compatibles con la vida personal y familiar en situaciones de violencia de género dificultan que las mujeres denuncien y se atrevan a emprender otra forma de vida, libre de maltrato, que garantice su integridad y la de sus hijas e hijos. Por ello, erradicar la violencia de género no puede realizarse sin proporcionar la suficiente autonomía económica a las mujeres, así como adaptaciones de las condiciones laborales de las trabajadoras que sufren este tipo de violencia.
El reconocimiento institucional de los derechos laborales de las víctimas de violencia de género exige responsabilidad y compromiso firme por parte del Gobierno regional y de la patronal.
Existen una serie de importantes normas y medidas para el fomento del empleo y para la garantía de los derechos laborales y económicos dirigidos a las mujeres víctimas de violencia de género, sin embargo, la aplicación, desarrollo y evaluación las normas y estrategias acordadas son deficitarias. La Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia no ha tenido una aplicación completa y efectiva de gran parte de las medidas que contiene, tampoco hay desarrollo ni evaluación periódica de las actuaciones realizadas.
Como novedad se crearía un Observatorio de igualdad, cuya función sería visibilizar las discriminaciones de género que existen en nuestra Región, especialmente en materia de violencia de género. Pero 12 años después, dicho organismo sigue sin haberse creado. Tampoco se ha cumplido de forma íntegra el artículo 15 por el cual un objetivo prioritario era la elaboración y aprobación de planes municipales de Igualdad de Oportunidades, en los cuales se establecen líneas de intervención en la lucha contra la violencia de género.
En cuanto al artículo 44, sobre prevención en el ámbito laboral, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debía de participar con las personas responsables de las empresas y agentes sociales en el fomento de medidas dirigidas a la prevención de la violencia de género en el ámbito laboral. El resultado es otro grave incumplimiento, ya que la interlocución con las organizaciones sindicales en materia de violencia de género es precaria o nula. Existe un programa de inserción socio-laboral de víctimas de la violencia de género regulado por el Real Decreto 1917/2008, que no se difunde, ni se desarrolla ni se evalúa suficientemente. Los resultados conocidos son muy escasos, tanto en relación al número de contrataciones a víctimas de violencia de género, como para el número de contratos de sustitución.
El V Plan Estratégico Regional de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2016-2020 (PERI) se quedó en septiembre de 2016 en estado de borrador. En él se establecían medidas como el fomento de actuaciones y protocolos en las empresas para prevenir la violencia de género, el acoso sexual y por razón de género o la mejora de la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género en situación de desempleo. Por último, el Pacto Regional contra la Violencia de Género (2018-2022) contempla medidas en el ámbito laboral, pero hasta la fecha no se ha emprendido ni una de ellas, siendo manifiesta la ausencia de colaboración institucional con las organizaciones sindicales.
Resulta muy preocupante el escaso uso que las trabajadoras víctimas de violencia de género hacen de los derechos laborales, lo cual lleva a pensar que no se difunden adecuadamente y que existen dificultades para ejercitarlos en el ámbito de la empresa. No queda garantizada tampoco la difusión de la información del conjunto de recursos y prestaciones existentes a las trabajadoras víctimas de violencia de género más vulnerables, como mujeres mayores, extranjeras o con diversidad funcional, que pueden verse en serio riesgo de exclusión.
Derechos de las víctimas de violencia de género, como el de la reordenación de su tiempo de trabajo, para que se hagan efectivos su protección o su derecho a la asistencia social integral, solo se podrán ejercitar si vienen establecidos de forma concreta en los convenios colectivos. De no ser así derivan en negociaciones entre empresa y trabajadora afectada, llegando a un acuerdo o terminando en el juzgado por una clara obstaculización del ejercicio del derecho.
El número de convenios colectivos que contemplan estos supuestos u otros que pudieran beneficiar a la víctima son aún mínimos porque, entre otras cosas, no existe la obligación de negociar derechos laborales para las mujeres víctimas de violencia de género. Y por otra parte, ¿qué hay de aquellos convenios paralizados en los que las patronales del sector se niegan a negociar? ¿Cómo se contribuye a compensar entonces los derechos laborales de una trabajadora víctima de violencia de género? Está claro que de ninguna manera.
La hipocresía envuelve todo un discurso institucional y empresarial a favor de la integración y la compensación de derechos a las mujeres víctimas de violencia de género. Pero la realidad es bien distinta. La falta manifiesta de apoyos, de responsabilidad, de ausencia de empatía, o la clara dejación de funciones institucional, no contribuye a que la región de Murcia deje de estar por encima de la media nacional en la ratio de mujeres víctimas de violencia de género.
Despedimos el año con más de 1.700 mujeres denunciando en el tercer trimestre en los órganos judiciales de la región de Murcia que son víctimas de violencia de género. De ellas desconocemos el número de trabajadoras, pero tanto si lo son, como si no, está claro que asegurarles una emancipación económica del maltratador y unas condiciones laborales flexibles son fundamentales para que se atrevan a denunciar. La coordinación de los interlocutores sociales y el Gobierno regional es absolutamente necesaria para supervisar la contratación, la difusión y la garantía de los derechos laborales de las trabajadoras víctimas de violencia de género. Entre todas y todos podemos apoyar, y quizás lograr, que las víctimas dejen de serlo y se conviertan en supervivientes. Pero es cuestión de voluntad, compromiso y responsabilidad. De momento el Gobierno de la Región de Murcia incumple sus deberes.
