Ya han transcurrido diez años desde que el Plan más famoso de Europa, el Bolonia, pusiera las bases para ese Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Lo cierto es que quedaba bien sobre el papel pero, años después, aún estamos esperando que la teoría aterrice del todo en los campus y que exista, por ejemplo, una verdadera evaluación continua. Un dato: en muchas titulaciones aún tenemos horquillas de evaluación en la que el examen supone el 70 o incluso el 80% de la nota final. Más datos: en muchas, existe un abrumador desequilibrio entre teoría y práctica, suponiendo un volumen de trabajo extremo para estudiantes que pasan hasta 10 horas en un campus que además no dispone de los espacios óptimos para su descanso. Estudiantes que invierten a veces varias horas en desplazarse desde su ciudad de origen porque la combinación y el horario de los transportes no son los adecuados y no disponen de los medios económicos suficientes para residir en Murcia.
El Sistema Universitario español se financia mayoritariamente con cargo a los fondos públicos y con la llegada de la crisis y las políticas de austeridad los recortes en este sistema no han sido una excepción. España utiliza a día de hoy menos recursos para financiar sus Universidades que la media de los países de la Unión Europea y la OCDE. ¿Cómo hemos sobrevivido entonces?
La financiación pública cayó un 28% entre 2009 y 2015. Mientras tanto, el dinero ingresado por tasas académicas subió de media un 31%, con grandes diferencias por comunidades. Todas las Comunidades Autónomas incrementaron entre los cursos 2008/2009 y 2016/2017 sus precios públicos para la enseñanza superior. Murcia se sitúa en un incremento del 25,8%. Es decir, que en los últimos años los estudiantes y sus familias fueron los que soportaron los recortes de las universidades y suplieron al estado durante la crisis. En esta situación, no son pocos los estudiantes que compaginan su tarea estudiantil con un trabajo –generalmente precario- para costear su matrícula o los costes indirectos derivados de su actividad universitaria.
¿Qué ha pasado con el sistema de becas? Los cambios introducidos en 2010 y 2013 en el régimen general de becas y ayudas al estudio universitario, concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se han dirigido a aumentar los requisitos académicos para ser beneficiario de una beca (RD 1.000/2012, de 29 de junio). Al mismo tiempo se redujeron las cuantías de las ayudas a las que puede optar un estudiante universitario, tanto de grado como de máster (RD 609/2013, de 2 de agosto).
Esto nos ha llevado a que en una Región como la nuestra, que cuenta con la cuarta renta per cápita más baja de España (21.978€), solo un 34,3% de nuestros estudiantes tengan una beca del Ministerio para estudiar un grado y un 27,5% para estudiar máster. Todo ello en una Comunidad en la que un 34,8% de sus residentes está en riesgo de exclusión y pobreza y que sufre una tasa de paro del 17,21% (34,57% para los menores de 25 años).
La puesta en marcha del Plan Bolonia ha sido muy dispar en toda Europa y no solo porque a mitad del proceso llegó la crisis económica y con ella los recortes y el fantasma, esta vez real, de la temida privatización de la Educación. También porque España eligió un modelo 4+1 en lugar del habitual marco europeo de 3+2 y además, no igualó el precio de grado y máster.
La llegada del posgrado estaba enfocada a una docencia especializada y ligada a la vida laboral, que en mi opinión, todavía estamos construyendo. Esto, en parte, solo ha aumentado la presión de muchos estudiantes que piensan que si no estudian ese año o dos extra sus perspectivas de empleabilidad se verán mermadas. Esta situación es más grave, si cabe, en los másteres llamados habilitantes para ejercer una profesión regulada (abogacía, profesorado, arquitectura), que son un requisito imprescindible para poder trabajar. Los precios de los másteres no son ni mucho menos baratos (entre los 1.409 y 1.654€ anuales los habilitantes, 2.500€ los no habilitantes). Los expertos reconocen además que ese año o dos adicionales discriminan gravemente a los estudiantes según su capacidad económica para pagarlos. Tengamos en cuenta que en la Universidad de Murcia solo uno de cada cuatro estudiantes de máster tiene beca.
La situación se agrava aún más si pensamos en el gran incremento en el precio que supone la segunda, tercera y cuarta matrícula de las asignaturas, que afectan más a los estudiantes de las ramas de Ciencias y de Ingeniería y Arquitectura, así como a los que deben compaginar por su situación económica estudios y trabajo.
Con todo ello, se hace imprescindible un Pacto Autonómico por la Educación Superior que genere un marco estable y que responda a las necesidades que tenemos como Región. Que baje el precio de las tasas, que iguale el precio de grados y másteres y que incremente el número de ayudas económicas para compensar los recortes estatales. Que no discrimine por razón de renta y que garantice, de verdad, que ningún estudiante abandone la Universidad o deje de ingresar en ella por los costes directos o derivados que supone estudiar una titulación.
Recientemente otras Comunidades como la andaluza han aprobado cambios legislativos para bonificar el 99% de los créditos aprobados en primera matrícula. Se trata sin duda de un paso muy importante y de una exigencia que la comunidad de la Universidad de Murcia debería hacer suya a medio plazo. Para ir lejos debemos ir paso a paso. ¿Por qué no empezamos por garantizar esta medida para las rentas más bajas y la extendemos progresivamente al resto?
La necesidad de crear masa crítica. La recuperación del movimiento estudiantilEs muchísimo, como vemos, lo que se puede hacer para mejorar la vida de nuestros estudiantes, pero si queremos tener éxito hay que hacerlo con ellas y con ellos y no caer en la lógica de siempre. Hay ya varios documentos y declaraciones oficiales que apelan a la necesidad de aumentar el protagonismo del estudiantado en la gestión del Espacio Europeo de Educación Superior pero el Sistema Universitario español adolece de una baja participación estudiantil y la Universidad de Murcia no es una excepción.
No seremos un sistema maduro y democrático si no construimos una gran masa crítica de estudiantes activos e implicados en el día a día universitario, capaces de luchar y velar por el cumplimiento de sus derechos y que abanderen la transición generacional. ¿Qué hace la Universidad de Murcia para ello?
La recuperación y el fomento de la participación estudiantil se han convertido ya en una tarea necesaria y urgente. La Universidad debe apostar por los estudiantes con medidas que desarrollen su capacidad crítica como la autogestión de sus propios espacios, la regulación del derecho a paro académico, una política de incentivos para fomentar el liderazgo y la representación estudiantil, etcétera. En definitiva, la creación y puesta en marcha de un Plan de Participación Estudiantil con medidas concretas y reales que siente las bases para la próxima generación.
*Elvira Medina Ruiz es profesora Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales y miembro candidatura de José Antonio Gómez.
0