La Consejería de Cultura y Portavocía nos abruma de nuevo con motivo del Día Internacional del Libro. Me gusta pensar que esto se debe a que Noelia Arroyo es una buena lectora de Walter Benjamin y conoce bien una de sus máximas: “Los regalos han de afectar al que los recibe produciéndole temor”.
Recientemente se nos comunicaba lo que se había programado para la fecha: “multitud de exposiciones, talleres, conferencias para toda la familia y representaciones teatrales”, el anuncio de una edición “de lujo” de La Gitanilla que Cervantes “escribió en Murcia”, la “apertura de la Oficina del Escritor”, que según declaraciones de Francisco Giménez estará “formada por funcionarios que tienen ‘cariño e interés’ por la literatura y la escritura”, “la instalación de un centenar de códigos QR” para descargar El Quijote, y otras actividades en el MUBAM, en el Museo de Santa Clara, en el MURAM de Cartagena, también en la Filmoteca, que proyectará Don Quichotte, así como en el Cendeac, en La Conservera, en el entorno del Palacio de San Esteban y la Biblioteca Regional. El mensaje es claro: la máquina funciona a la perfección.
Noelia Arroyo ha descubierto lo que otros en el mismo cargo no supieron hacer sin tirar de un presupuesto disparado: producir temor a través de una oferta cultural abrumadora. Por supuesto, hablar aquí de temor no significa que se pretenda atemorizar a nadie. La lectura es otra: cuando se consigue “atemorizar” a alguien dándole regalos, lo que se evita es justamente que se plantee ningún tipo de queja. De ahí su idoneidad para leer cuál es el principal objetivo político-comunicativo de la nueva Consejería de Cultura y Portavocía: ocupar al máximo el espacio del discurso para así eliminar cualquier posibilidad de articular una respuesta crítica. Se busca instaurar la idea de que una buena política cultural depende única y exclusivamente de la oferta, y a partir de ahí, cualquier interrogación que se plantee con aspiraciones de mirar más allá de esa identidad entre oferta y política cultural termina hundiéndose bajo una cantidad enorme de regalos en forma de nombres, actos, presentaciones e iniciativas. Es la primera consecuencia de que una idea se convierta en dominante.
La pregunta, finalmente, es si esta afasia inducida contribuye a que dispongamos o no de una vida pública saludable. Mi opinión es que no. Primero, porque la oferta no cierra el debate en torno a las políticas culturales públicas; y luego, porque este cierre estropea nuestra capacidad para distinguir entre lo relevante y lo que no lo es, y por tanto para percibir en qué interpelaciones y críticas se encuentra el germen de un cambio valioso y pertinente en la forma de pensar la política cultural, y en qué respuestas y réplicas, como las que daba la consejera hace poco más de una semana en la comisión, se descubre una concepción profundamente conservadora, esquiva y autopromocional de las instituciones.
Sin embargo, el silencio que parece rodear la política cultural de la Consejería de Cultura y Portavocía se ha visto interrumpido estos últimos días por el caso de la Biblioteca Regional, al cual dedicaron parte del Pleno del pasado jueves. Resumamos los principales términos en los que establece el debate: el Partido Popular presenta una moción para la “recuperación del presupuesto del programa de la Biblioteca Regional”. Con anterioridad, la prensa recogía unas declaraciones de Noelia Arroyo en las que atribuía la responsabilidad de la “parálisis de la Biblioteca” –en palabras de su director, Antonio Prats– a los partidos de la oposición y a sus enmiendas a los presupuestos regionales, llamándolos por tanto a “rectificar”, al tiempo que reforzaba la imagen de su Consejería subrayando que su cometido, dado el caso, es “restituir la partida” presupuestaria y volver a proporcionar a la biblioteca los recursos que precisa para continuar el “servicio de calidad y excelencia al que nos tiene acostumbrados”.
La estrategia es sencilla: conseguimos que se sobreentienda que hasta ahora, es decir, hasta justo antes de que el Partido Popular perdiera la mayoría absoluta, el funcionamiento de la Biblioteca ha sido óptimo, y en segundo lugar, instalamos la idea de que la oposición, en su falta de perspectiva, ha puesto en entredicho a una de las instituciones más relevantes de la Región, dejando al partido en el Gobierno la responsabilidad de enderezar lo torcido y poner las cosas en su sitio. Es la oposición, por tanto, la que no ha mostrado voluntad alguna de seguir en la “buena” dirección, como demuestran las enmiendas a los presupuestos que, según señala el Partido Popular en la moción presentada, son la causa fundamental de los “varios problemas graves” en que se encuentra la Biblioteca: “se podrán comprar más libros –sigue la moción– pero los lectores tendrán menos oportunidad de leerlos, ya que por un lado se ha recortado el contrato especial para la apertura los fines de semana de la Biblioteca Regional, en un 87%, que impide que se pueda realizar este servicio a los usuarios, y lo más grave es que afecta directamente a los trabajadores de la empresa que se encarga del servicio con el posible despido del personal”.
Por su parte, la oposición presentaba una enmienda a la totalidad en la que se solicitaba “el mantenimiento del actual servicio de apertura de la Biblioteca Regional, así como su ampliación a los domingos, junto a la posible asunción de la gestión directa del servicio por parte de la CARM, con la consecuente subrogación de los trabajadores y trabajadoras eventuales”. Sin duda alguna, si es importante restituir ciertas condiciones de servicio, este otro punto, el de la “gestión directa”, resulta decisivo para comenzar a pensar la política cultural desde una perspectiva transversal, más compleja y poliédrica que la que se limita al tema del acceso, por decisivo que sea –que lo es. Sobre todo porque así se pone el foco sobre una cuestión que suele quedar al margen del debate político cuando se trata de cultura: la precarización creciente de los profesionales del sector.
De hecho, en el Pleno no pasó de largo el problema de las “mordidas” que se llevan las empresas a las que favorece la externalización (que se viene realizando desde 2007) de una parte del servicio de la Biblioteca, el que se ofrece “fuera del horario habitual”. Es en ese marco donde el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, situó la necesidad de devolver la “dignidad a los trabajadores”, poniendo fin a un contrato cuya “mordida” cuantificó en un cincuenta por ciento de la partida asignada. Pero la Consejería de Cultura y Portavocía demostró tener muchos más flancos vulnerables, puesto que el presupuesto de la Biblioteca, según recordó Emilio Ivars, se ha visto reducido desde 2008 en un treinta y tres por ciento (de nueve millones de euros a tres). Además de la regresión en el número de personal funcionario, que ha pasado de tener sesenta y nueve funcionarios en 2010 a situarse en cifras de 2003 cuatro años después (2014, ocho personas menos), y esto aún en tiempos de mayoría absoluta del Partido Popular.
En suma, no fue una buena tarde para el partido en el Gobierno, que vio cómo su moción se quedaba en nada y la enmienda de la oposición le ganaba la partida. A ella le correspondió ser el jueves la encargada de regalar, articulando una voz propia en la Asamblea y dando recorrido a las reclamaciones de sus usuarios y usuarias, trabajadores y trabajadoras. Por eso es importante leer bien la situación, y ante todo reconocer el valor que tiene para la vida pública y de nuestras instituciones esta entrada en ellas del sentido de lo justo y lo razonable. Es con éste –y otros ejemplos– que se debe empezar a reconstruir un sentido común, o si se prefiere decir así, una percepción e interpretación compartida de las cosas, que esté en condiciones de abordar las dificultades del día a día; pero nunca sobre el silencio, la ausencia de debate público, o sobre ese “temor” del que hablaba Benjamin, por muchos regalos que haya por medio.
