Varios catedráticos de la UMU censuran en una carta todas las políticas educativas que pretende implantar la consejera de Educación, Mabel Campuzano

“Un sistema educativo que separa y segrega”. Esas contundentes palabras describen, en una carta, las políticas educativas que la nueva consejera de Educación, Mabel Campuzano, pretende implantar en la Región de Murcia, y llevan consigo la no menos contundente rúbrica de dos exrectores de la Universidad de Murcia, José Orihuela y Juan Monreal, y también la de varios antiguos decanos de la Facultad de Educación, como Antonio de Pro Bueno, Concepción Martín o Juan Manuel Escudero.

La carta cuestiona, desmonta, censura y reprocha con vehemencia y claridad las principales políticas que la nueva consejera expulsada de Vox tiene intención de implantar en la Comunidad con el beneplácito del Gobierno del Partido Popular: desde su entrada en el cargo, la consejera ha criticado la nueva ley de Educación (Lomloe), y ha defendido y anunciado sus tan mencionadas medidas estrella, el pin parental y el bono escolar.

Para los profesores de la UMU, la “libertad de elección de las familias” que Campuzano vindica a los cuatro vientos “de forma un tanto burda”, supone la libertad exclusivamente para que “los hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con las convicciones de las familias”. “Todos los derechos y libertades tienen un límite”, aseguran los firmantes de la misiva, ya que no solo debe contarse con la libertad de las familias: también con la de cátedra de los docentes, con el ideario educativo que emana de la Constitución y sobre todo con la Convención de los Derechos del Niño de 1989, avalada por España un año después, en 1990.

La carta, además, está publicada en la web Change.org desde el viernes y ya lleva recogidas casi 1.000 firmas, con la intención de que las palabras y las censuras a Campuzano circulen lo máximo posible y esté avalada por miles de personas. También entre todas esas palabras hay hueco para una reprobación con argumentos al bono escolar: su implantación supondría “la total privatización del sistema educativo; es decir, la consideración como privados, por la Consejería que usted regenta y a todos los efectos, de los centros y el profesorado del sector público”. El pin parental, por su parte, no dudan en tacharlo de “una cuestión sin base legal que no responde a los problemas reales de los centros educativos”.

Sin embargo los catedráticos firmantes piden, antes que cualquier medida polémica, que la nueva Consejería se centre en “reducir la tasa de abandono escolar”, y en paliar “los recortes en la financiación de la educación sufridos en los últimos años, la situación laboral y profesional del profesorado y el incremento de las desigualdades educativas y culturales a consecuencia de dichos recortes, sobre todo después de la crisis provocada por la pandemia”.