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REGIÓN DE MURCIA

Que nadie se mueva

Hagamos una traducción al lenguaje llano. El PP, primero viéndolas venir en 2017 (sabía que ya no tendría mayoría absoluta) se miró en el espejo y dijo algo así como: de perdidos al río

Toma de posesión del Consejo de Gobierno tras las elecciones regionales de mayo de 2015 con el expresidente Pedro Antonio Sánchez / CARM

Toma de posesión del Consejo de Gobierno tras las elecciones regionales de mayo de 2015 con el expresidente Pedro Antonio Sánchez / CARM

Hemos vivido estos últimos días como un insólito triunfo del Gobierno regional la sentencia del Tribunal Supremo en la que se desestiman las aspiraciones de Aeromur para con el aeropuerto de Corvera. Pero esta aparente victoria solo esconde la batalla soterrada que hasta hace unos meses se ha dado en el PP de la Región de Murcia.

Para comprender la dimensión del hecho, primero hemos de identificar a los protagonistas de la historia. El recurso judicial para poner fin al contrato con Aeromur (Sacyr, los amigos de Pedro Antonio Sánchez (PAS) y Fernando López Miras) lo pone en su día Alberto Garre, exprresidente de la Comunidad, sustituto temporal de Ramón Luis Valcárcel hasta que el delfín PAS pudiera acceder al puesto. Y ahí es donde todo comenzó a torcerse para el PP regional.

En esos días de 2014 y 2015, Garre se desvela en su ambición política y deja claro dos cuestiones. La primera es que se acabó el servilismo materializado en forma de economía clientelar que los populares habían tejido durante años en todo el empresariado de la Región y fuera de ella. Como primer plato de este proceder cae el contrato del aeropuerto de Corvera, a la sazón una auténtica ruina para las arcas de la Región de Murcia, o como lo denominó en su momento un alto cargo del PP en Hacienda: “Un atraco a mano armada”. Con ello, no sólo se ponía fin a la barra libre de despilfarro que tiempos después denunciaría la 'renovada derecha' y ahora socios de gobierno de los populares, el partido naranja, sino que se mandaba un mensaje de autoridad de quien estaba a los mandos del Gobierno, el propio Garre. Quería quedarse y empezaba a maniobrar para que así fuera. La segunda cuestión es que Garre ya era conocedor del impulso electoral de Ciudadanos, por un lado, y sobre todo de Vox por otro, y un militante como él, que llevaba las siglas grabadas a fuego, no podía permitir que la marca PP se viera superada o desestabilizada.

Realmente Garre creía en la gestión del PP para la Región y deseaba comenzar a mostrar una labor profesional en servicio de la ciudadanía. Pero sus días estaban contados. Para comenzar a hacerse sitio denunció la corrupción que había en su partido y el resultado ya es por todos conocido, lo echaron a patadas y, ni siquiera, figuró en el destacado puesto de las candidaturas de las siguientes elecciones que cualquier expresidente que lo deseara hubiera tenido. Fue uno de los más lamentables desenlaces del caso Auditorio, que después le costaría a la Región de Murcia las portadas en toda España gracias a la corrupción del PP junto con la dimisión de PAS.

Pero ese halo de decencia política, aunque todo oliera a podrido, no podía desestimarse de un día para otro. El siguiente Gobierno, formado en mayo de 2015, contaba con algunas piezas que otorgaban la pátina de seriedad que la expulsión de Garre había supuesto. Andrés Carrillo y Juan Hernández (consejeros de Hacienda y Empleo respectivamente) eran quienes lidiaban con las cuestiones económicas y llegaron incluso al Gobierno de Fernando López Miras en 2017, pero para ellos ya era tarde. La gestión profesionalizada, aunque infructuosa, era acusada por los cuadros medios del PP que veían como subvenciones, convenios y tratos de favor eran continuamente podados por los consejeros económicos heredados de la época de seriedad.

Hagamos una traducción al lenguaje llano. El PP, primero viéndolas venir en 2017 (sabía que ya no tendría mayoría absoluta) se miró en el espejo y dijo algo así como: de perdidos al río. Sacrificó las piezas que hicieran falta para mantener el poder y así se dio la salida tanto de Carrillo como de Hernández, tan sorpresivas que incluso buena parte de los mandatarios de la CROEM pidieron a López Miras una rectificación, horas antes de que el anuncio se hiciera público.

Esta cadena de errores, que se identifica con renunciar a la marca de seriedad en la gestión, llevó a la derecha regional a depender, ya en las elecciones de 2019, de los votos del fascismo para mantener la Presidencia de la Comunidad.

Así pues, la sentencia de Aeromur no es otra cosa que el choque de dos modelos de entender la política en las filas conservadoras. De un lado Garre, Carrillo, Hernández o el también expulsado de la vida pública Juan Bernal, que en diferentes momentos de las últimas dos décadas han intentado enderezar la nefasta gestión pública del PP y limpiar la casa de enchufados y sacabarrigas. Del otro lado de la mesa, los que ganaron la partida, encabezados por el actual presidente y acólitos como Adela Martínez-Cachá, Javier Celdrán, Antonio Luengo o Francisco Bernabé, también su antecesor en el puesto PAS (quizá todavía cobrando de la Fundación Humanismo y Democracia, dependiente del PP) y el insultante y vergonzante silencio de cargos municipales del PP y parte de la cúpula empresarial de la Región.

Si la foto no se mueve en el próximo ciclo electoral veremos como en la Región de Murcia el partido del fascismo supera o sustituye al PP, a la vez que Ciudadanos se convierte en una fuerza residual. Todo parece que, salvo sorpresa, y como siempre pasa en política, nadie se moverá de la foto.

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