El PP sancionará a Lourdes Méndez por ausentarse de la votación sobre la reforma de la ley del aborto
El PP no aplicará el mismo castigo a todos sus diputados díscolos, y además, prefiere esperar a que concluya toda la tramitación parlamentaria de la iniciativa para acumular previsibles nuevas rupturas de voto de los mismos u otros parlamentarios. En el peor de los casos, se calcula que un diputado podría sumar hasta 1.800 euros de sanción.
En la votación del martes, donde se tomó en consideración la propuesta del PP para obligar al consentimiento paterno a las jóvenes de 16 y 17 años que quieran interrumpir su embarazo, hubo una diputada que votó en contra, la madrileña Eva Durán, y cuatro que prefirieron no participar en la votación: además de la murcian Lourdes Méndez, se ausentaron José Eugenio Azpiroz (Guipúzcoa), Javier Puente (Cantabria) y Antonio Gutiérrez Molina (Melilla).
De los cinco, Azpiroz, Méndez y Puente explicaron por carta a sus compañeros del Grupo Popular que se desmarcaban por considerar insuficiente la reforma parcial de la ley de aborto, ya que mantiene los plazos para interrumpir voluntariamente el embarazo: 14 primeras semanas de gestación.
Se penalizará la discrepancia pública
Según informaron a Europa Press en fuentes de la dirección del Grupo Popular, a la hora de aplicar la sanción habrá que analizar la actitud que ha mantenido cada uno de estos diputados a lo largo de las últimas semanas y el sentido del voto. Es decir, que según estiman, no puede tratarse de la misma forma el voto en contra que el hecho de no votar, y tampoco aquellos que han expresado públicamente su discrepancia que los que se han mantenido al margen de polémicas públicas.
También se tendrá en cuenta la responsabilidad que ocupan en el grupo parlamentario, pues se da la circunstancia de que dos de ellos, José Eugenio Azpiroz y la propia Lourdes Méndez, no son diputados de base sino que presiden comisiones en el Congreso. Azpiroz lo hace en Empleo y la murciana lo hace en Discapacidad.
Todos estos elementos influirán en la decisión final de las multas, que serán individualizadas dentro de una horquilla que va desde los 150 a los 600 euros. En todo caso, la dirección del Grupo Popular no piensa precipitarse y esperará a ver la evolución de la tramitación por si hubiera reincidencia.
Tras las elecciones de mayo, se calcula que puede haber dos o tres votaciones más sobre esta reforma en el Pleno del Congreso: Una sobre las enmiendas de totalidad que presenten PSOE e Izquierda Plural, donde no habrá discrepancias porque lo que piden es mantener tal cual la ley de plazos de 2010, y las votaciones definitivas de la proposición del PP, la del dictamen de la comisión y la votación de conjunto dado que el de rango orgánica. Acumular tres multas que se consideren especialmente graves podría suponer una suma global de 1.800 euros para un diputado, 600 por cada infracción.
Lo que el PP no quiere arriesgar bajo ningún concepto es esa votación final de carácter orgánico, que requiere sumar 176 votos presentes a favor. En principio no tiene problemas si no hay muchas ausencias y dando por hecho que volverá a sumar los seis de Unió (UDC), el de UPN y el de Foro Asturias.
