Ocho Claustros de Profesores unen a la iniciativa de Somos Educación Pública para pedir que se paralice la LOMCE
A fecha del viernes 2 de julio, ya se han sumado los claustros de profesores de ocho centros de Enseñanza Secundaria a la iniciativa lanzada desde la Plataforma Somos Educación Pública, que ha difundido un escrito al que pueden adherirse para solicitar la paralización de la LOMCE en la Región de Murcia. Los claustros de los ocho institutos han acordado hacer llegar dicho escrito, por medio del Consejo Escolar, a las máximas autoridades de la Región, “emplazándoles con urgencia a paralizar la implantación de la LOMCE”.
Los docentes de estos centros quieren sumarse de esta manera a las “numerosas iniciativas que se están llevando a cabo alentando a los gobiernos regionales a frenar, en todo lo posible, la aplicación de la nueva Ley”. En su declaración, los profesores vierten críticas a la LOMCE que, según afirman, “va en dirección contraria a la defensa de una escuela pública democrática y participativa”. Consideran inadmisible que “por imperativo de esa Ley muchas plazas docentes sean suprimidas, se produzcan numerosos desplazamientos y se obligue al profesorado a impartir materias que no son de su especialidad”.
En su escrito subrayan la “precipitación de los plazos para aplicar los cambios” previstos en la Ley. Asimismo, se refieren al contexto electoral y las cambiantes mayorías parlamentarias en las distintas comunidades autónomas, expresando su preocupación ante la incertidumbre que rodea a la aplicación de una Ley que fue aprobada “sin diálogo, sin un mínimo consenso parlamentario y con múltiples alegaciones de dudosa constitucionalidad”. La declaración será remitida tanto al Presidente del Gobierno Regional como a la Presidenta de la Asamblea Regional.
El escrito está abierto a todos los IES de la Región de Murcia, y desde Somos Educación Pública esperan y confían en que muchos más claustros de profesores quieran unirse a esta iniciativa, para mostrar el rechazo de los docentes a la implantación de una ley que, tal y como han acordado públicamente la mayoría de los partidos de la oposición, será derogada en cuanto haya un cambio de Gobierno estatal.
