La familia de Miryan, la discapacitada fallecida a la que le retiraron la pensión, deberá pagar casi 8.000 euros al IMAS
La familia de Miryan Pérez, la mujer con un 91% de discapacidad a la que le retiraron la pensión pública y que falleció en diciembre de 2017, deberá pagar finalmente la multa interpuesta desde el Instituto Murciano Acción Social (IMAS). El origen de la sanción fue la superación de la horquilla de ingresos en 500 euros que se estipulaba para la pensión no contributiva que percibía Miryan.
En un principio la multa ascendía a 11.798,50 euros, que era la suma de lo que la hija de Asensio Pérez había percibido a través de su pensión desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de octubre de 2017. Finalmente la sanción se ha visto reducida al comprobar que la familia Pérez no sobrepasó el límite de ingresos en el 2017, siendo un total de 7.925,20 euros lo que deben ingresar, en un solo pago y en un plazo de 30 días desde la recepción de la notificación.
Según los cálculos hecho por Asensio, tiene que devolver de 2016 más de lo que su hija percibió, “no entiendo las cuenta que han hecho desde la administración para imponerme esa cifra”. Además, ha indicado que en 2017 su hija recibía más de lo que se refleja en los documentos, lo que implicaría que la multa debería verse aún más reducida.
“La semana que viene voy a Murcia a que me lo expliquen. La trabajadora social de la asociación en la que estoy tampoco entiende como han calculado el importe que debemos pagarles”, ha señalado el padre de Miryan.
Por otra parte, ha asegurado que interpondrá una demanda por el Juzgado de lo Social, opción que tiene disponible dentro de los primero 30 días desde la recepción de la documentación que confirma la multa. “Ante de ir al abogado quiero que una persona responsable de la administración me explique cómo han llegado a la conclusión de que debemos pagar esa cifra”, ha comentado Asensio.
“Falta de ética”
Cuando nació Miryan Pérez García (1988), un error médico le provocó una parálisis cerebral que la dejó con una discapacidad del 91% (Grado III, nivel 2). Desde hace 15 años, había cobrado una pensión no contributiva, que había permitido a su familia costear servicios de fisioterapia, además del pago de medicinas preventivas que no cubre la seguridad social.
A finales de octubre de 2017, el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia, decidió suspender de forma inmediata su pensión. Además, la familia de Miryan debía pagar 11.798,75 euros en el plazo de un mes, el total de lo percibido a través del IMAS desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de octubre de 2017 en materia de pensión.
Tras el comienzo de una campaña de recogida de firmas en contra de la sanción y que, a día de hoy, está cerca de alcanzar las 300.000 firmas, Miryan fallecería de un fallo multiorgánico el 25 de diciembre de 2017. Pese a ello, su familia debía seguir pagando la multa, por lo que decidieron recurrirla ante el IMAS a principios de enero. Junto al recurso, entregaron cientos de miles de firmas recogidas hasta el momento a través de la campaña que habían puesto en marcha en change.org.
Una semana más tarde, Asensio se enteraría a través de un artículo del periódico La Opinion que la consejería de familia había decidido reducir su multa a poco más de 7.000 euros, cifra similar a la estipulada en la última notificación emitida desde el IMAS. Asensio calificaría como una “falta de ética” por parte de la administración pública el haberse enterado del fallo a favor de su recurso por un periódico
