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Concentración por un aborto digno frente a la Asamblea Regional

Erena Calvo/ EFE

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El debate sobre los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que deciden abortar en la Región de Murcia se ha trasladado este jueves de la calle y los medios de comunicación a la sede de la Asamblea Regional, donde se ha votado una moción impulsada por la diputada socialista Lara Hernández. Sin embargo, finalmente ha salido adelante “la enmienda a la totalidad que han presentado las tres derechas, Ciudadanos, Vox y Partido Popular, y que a pesar de no ser la peor que podrían haber propuesto, sigue siendo muy ambigua y sin apostar por un cambio real”.

Asociaciones feministas lideradas por la de Psicología Perinatal han protestado este jueves a las puertas de la Asamblea Regional por la derivación de mujeres para abortar por criterios médicos “fuera del sistema sanitario público a clínicas privadas” y han demandado que sean atendidas en el primero, “como dicta la ley”, en palabras de su portavoz, Anina Rivas.

En su moción, los socialistas reclamaban un compromiso respecto a los casos de IVE por criterios médicos de no derivar a las mujeres a centros fuera de la Región; ofrecer acompañamiento psicológico a todas las mujeres durante el proceso de interrupción de su embarazo; garantizar la salud ginecológica y la libertad personal de toda mujer durante los procesos de embarazo, parto o interrupción del mismo; asegurar una cartera de profesionales médicos que puedan asistir en cualquier centro público de la Región de Murcia a mujeres en estos casos; prestar ayuda a las mujeres que denuncien haber sido víctima de violencia obstétrica durante un proceso de embarazo, parto o IVE, y asumir el compromiso de hacer necropsias a los fetos.

La moción del PSOE llevaba meses cocinándose, desde que juró como diputada en el Parlamento murciano, pero los ritmos de la pandemia y después la moción de censura al Gobierno regional “lo han retrasado todo mucho”. Indignada por un caso cercano “de una mujer que había sufrido secuelas psicológicas”, presentó una serie de preguntas a la Consejería de Salud sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE). “Tardaron mucho en responder, y cuando me dieron los datos que pedí todavía sentí más indignación”, explica a elDiario.es Región de Murcia.

En este sentido, explica Lara Hernández, al no realizarse cuando las mujeres tienen que someterse al proceso fuera de la Región, “no se puede estudiar el origen de las malformaciones o anomalías fetales y ayudar a las familias a detectar las causas y evitar posibles embarazos similares posteriores”.

Se trata de una “cuestión ideológica, porque si el bebé muere por causas naturales, entonces se interviene en La Arrixaca y se hace la necropsia”. Sin embargo, “cuando no es así, no se realizan; es más, nos hemos enterado de que ha habido casos en que cuando la mujer ha despertado, ya se había incinerado al bebé sin su permiso”.

Cuestiones que también han sido reclamadas por las propias mujeres que han denunciado recientemente la violencia obstétrica a la que tuvieron que hacer frente, así como por foros de matronas y otros profesionales sanitarios. Para apoyar la moción, este jueves está prevista una concentración a las puertas de la Asamblea Regional.

Desde Podemos habían presentado dos enmiendas a la moción, que asumió el PSOE, en las que se planteaba la creación de un registro en el que deberán inscribirse aquellos profesionales que se quieran acoger a la objeción de conciencia, expresando los motivos por los que rechazan prestar este servicio, anticipadamente, por escrito y de manera individual. Este registro debería estar ya disponible, recuerdan, ya que aparece recogido en la ley pero en la Región de Murcia nunca se ha puesto en marcha, en “otro claro incumplimiento de la legalidad vigente en España por parte de un presidente regional que se cree por encima del Estado y de las leyes nacionales”, ha señalado la portavoz en sede parlamentaria de la formación morada, María Marín.

Además, la propuesta de Podemos implicaba que aquellos facultativos que se acojan a la objeción sean destinados a unidades donde no se les plantee ningún conflicto de este tipo. La diputada ha considerado que es incomprensible que habiendo personal capacitado y dispuesto para realizar la interrupción del embarazo, este servicio no se esté prestando de manera que todas las mujeres puedan ser atendidas en su hospital público de referencia“. La enmienda también proponía la creación de Unidades de Salud Sexual y Reproductiva en centros de salud de todas las áreas del Servicio Murciano de Salud, ”a las que las solicitantes de la interrupción voluntaria de embarazo puedan dirigirse para solicitar toda la información necesaria“.

“Decidir libremente”

La enmienda a la totalidad que han presentado Ciudadanos, Vox y Partido Popular, “es muy ambigua e introduce sus puyas ideológicas, como el punto en el que piden que se acompañe a las mujeres y se mejoren los protocolos para que puedan decidir libremente”, señala la diputada Lara Hernández. La socialista reconoce que “no es la peor que podrían haber presentado, pero no es nada determinante, por ejemplo piden que se procure que todos los tratamientos que la ley exija sean garantizados por la sanidad pública, pero es algo que deberían exigir y no procurar”.

Los tres grupos parlamentarios proponen ofrecer acompañamiento psicológico a las mujeres antes, durante y después del proceso de aborto; promover la mejora de los protocolos hospitalarios que faciliten la información a la madre antes de iniciar cualquier procedimiento, de manera que pueda decidir libremente y con conocimiento; garantizar la salud ginecológica y la libertad personal de cada mujer en los procesos de embarazo, parto o aborto; continuar trabajando en el desarrollo de protocolos que garanticen que las mujeres reciben el trato más adecuado y procurar que todos los tratamientos obstétricos que la ley exija dispensar sean ofrecidos por el sistema de sanidad público.

Desde el PP, la parlamentaria María del Carmen Ruiz Jódar ha asegurado que los socialistas “están alejados de los problemas de las mujeres” y se dedican a inventar “eslóganes ridículos como el de Sola y borracha quiero llegar a casa”. Mientras que el portavoz de los expulsados de Vox, Juan José Liarte, ha considerado que “resulta contradictorio que la mujer que acude a un centro médico para que desmembren a su hijo y lo saquen con un fórceps no quiera sufrir la más mínima incomodidad, pero en cualquier caso nosotros no queremos para ella ni siquiera esa mínima incomodidad”.

El de los tránsfugas de Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha afirmado que defienden “el derecho de la mujer a decidir”, pero votan en contra de la moción del PSOE “porque no defiende a los trabajadores de esta Región”, en referencia a las críticas a los dirigentes del Servicio Murciano de Salud.

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