El 'annus horribilis' de Chivite: de las lágrimas por Cerdán a la crisis con sus socios de Gobierno

Cuando el pasado 22 de marzo fue reelegida secretaria general del PSN con el 99,44% de los apoyos, María Chivite no se imaginaba que apenas tres meses después un terremoto político originado por quien era su amigo y principal valedor político, Santos Cerdán, haría temblar los cimientos de su Gobierno en Navarra. Comenzaban así los meses más críticos desde su llegada al Palacio de Navarra en 2019. La última réplica de aquel seísmo se vivió hace apenas unas semanas, cuando sus socios Geroa Bai (la marca que integra al PNV, que poco a poco va subiendo el tono con el PSOE) y Contigo/Zurekin la forzaron a que destituyera al director general de Obras Públicas por los sobrecostes de la obra de Belate para evitar una crisis mayor. La presidenta cierra así un 'annus horribilis' en el que la corrupción ha vuelto a salpicar a los socialistas navarros.

En la mañana de aquel sábado de marzo, Chivite ensalzó el modelo del PSOE frente a la “ola conservadora” y “reaccionaria”. Lo hizo arropada por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y su amiga, Elma Saiz, y por aquel entonces secretario de Organización de los socialistas y también amigo Santi, como le llamaba.

La presidenta navarra, que defendió durante meses la “honorabilidad” de su compañero, no sabía que por aquel entonces la UCO de la Guardia Civil ya situaba a Cerdán al frente de la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones en la adjudicación de obra pública y a la comunidad foral como el territorio en el que se originó. Fue en Navarra donde Cerdán y el empresario Antxon Alonso entablaron amistad y donde, merced al proyecto Mina Muga, contactaron con Acciona, la otra empresa clave de la trama junto con Servinabar 2000, la mercantil que compartían Cerdán y Alonso y que, según la UCO, funcionaba como vehículo para el cobro de las comisiones ilegales.

No fue hasta el 12 de junio cuando la Guardia Civil remitió al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente su informe en el que se recogían los indicios de corrupción. Ese día Cerdán dimitió como secretario general del PSOE, Pedro Sánchez pidió perdón por haber confiado en él, y Chivite, al ser preguntada por ello en una rueda de prensa convocada de urgencia, no pudo contener la emoción y rompió a llorar. “Lo que he leído en el informe de la UCO no se corresponde con la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y amigo”, dijo entre lágrimas aquel día.

La doble “traición” de Cerdán y Alzórriz

Pero las lágrimas por la incredulidad pronto se convirtieron en un sentimiento de “traición”. Seis días después de la publicación del informe de la UCO se conoció que los agentes de la Guardia Civil habían encontrado en el domicilio de Alonso un documento privado del año 2016 por el que el empresario vizcaíno le vendía a Santos Cerdán un 45% de las participaciones de la empresa Servinabar 2000. A esa mercantil el Gobierno de Navarra le había adjudicado, bajo las presidencias de Uxue Barkos y la propia Chivite, al menos siete contratos, y siempre en UTE con Acciona.

La presidenta Chivite aseguró entonces sentirse “traicionada personal y políticamente” por Cerdán y anunció una triple auditoría a todos los contratos adjudicados por el Gobierno navarro a la mercantil Servinabar 2000, de la que aseveró que ocultó la presencia del ex secretario de Organización socialista en su accionariado. Esa no fue la única traición que sufrió Chivite ese 18 de junio. Unas horas después de conocerse la vinculación de Cerdán con la empresa central de la trama, su 'número dos' en el PSN, Ramón Alzórriz, le comunicó una información que le había estado ocultando durante años, que su pareja había trabajado entre 2021 y 2024 en Servinabar 2000.

Alzórriz lo había sido todo para Chivite en el PSN, quien en el congreso de marzo le dio todavía más poder interno nombrándolo vicesecretario general, un escalón por encima de la responsabilidad de Organización, heredada de Cerdán. Mano derecha de Chivite a todos los efectos, fue el encargado de liderar en el verano de 2023 las negociaciones del Gobierno de coalición con Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) y, anteriormente, de defender los pactos presupuestarios con EH Bildu. Con la coalición abertzale también lideró en la sombra las negociaciones para desalojar a UPN de la Alcaldía de Pamplona y aupar a Joseba Asiron como alcalde, en una maniobra con la que los socialistas navarros derribaron su último muro con EH Bildu, formación a la que mantenían un veto para negociar acuerdos de Gobierno.

Pero la confianza que tenía en él Chivite se quebrantó de golpe. Alzórriz le había ocultado que su pareja había estado empleada como técnica de prevención de riesgos laborales, sin experiencia previa en esas funciones, en Servinabar 2000, empresa a la que accedió, según reconoció el propio Alzórriz, porque él se lo pidió a Alonso, a quien conocía por el proyecto Mina Muga. Chivite le forzó a dimitir de la ejecutiva del partido y de la portavocía del grupo parlamentario, si bien no renunció a su acta. Él manifestó que esto fue iniciativa de la presidenta navarra, pero ha despertado ciertos recelos en parte de la militancia socialista que cree que debe abandonar todos sus cargos, incluido el de parlamentario. Para el recuerdo queda una comparecencia de Alzórriz en la misma mañana en que se hizo público el informe de la UCO sobre Cerdán en el que llamaba “hienas” a los medios de comunicación que informaron de la que se avecinaba, incluido elDiario.es.

La crisis por los sobrecostes de Belate

Tras el parón por el verano, María Chivite comenzó el nuevo curso político con el empeño de demostrar la limpieza de su Ejecutivo y la “honorabilidad” de sus consejeros y ella misma. Pero los disgustos no tardaron en llegar. El 15 de septiembre la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) consideró “nula de pleno derecho” la obra para el desdoblamiento para el túnel de Belate, adjudicada por 62,8 millones de euros a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000.

Ese fue el contrato más alto adjudicado por el Gobierno de Navarra a la empresa central de la trama y estuvo envuelto en polémica desde el comienzo. Tres de los ocho miembros de la mesa de contratación, incluidos el secretario y el interventor, emitieron sendos votos particulares oponiéndose a la adjudicación. Alegaron que el procedimiento estaba “viciado” porque el presidente de la mesa, un funcionario de 73 años al que se le permitió seguir en su puesto de trabajo pese a estar en edad de jubilación merced a tres prórrogas especiales contempladas en la ley navarra, recibió las puntuaciones de las ofertas del resto de los ingenieros. Dijeron también que en el Departamento de Cohesión Territorial, el que licitó la obra, existía el rumor de que la obra “se la llevaría Acciona”.

En la comisión de investigación que se celebra en el Senado, el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite -familiar de la presidenta-, avanzó que la obra de Belate tendría un sobrecoste de 8,5 millones de euros. Sin embargo, la Intervención General del Gobierno de Navarra emitió un reparo suspensivo al sobrecoste al considerar que no existía justificación técnica que respaldase tres de las quince unidades objeto del modificado. Se trataba en concreto del polvorín y de los suplementos de la excavación y del sostenimiento, unidades que suponen 6,2 de los 8,5 millones del modificado.

El reparo suspensivo abrió una vía de agua entre los socios del Gobierno que exigieron a Chivite “responsabilidades políticas”. La presidenta en un primer momento les propuso algunos cambios en la estructura del Departamento, como el cambio en la dirección facultativa de las obras o dar un papel más importante a la Intervención en la fiscalización y seguimiento de las mismas. Geroa Bai y Contigo/Zurekin lo consideraron insuficiente y elevaron el tono, agrandando así la brecha con el PSN.

Para evitar que la crisis fuera a más, Chivite finalmente cedió y destituyó al director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, quien había autorizado el sobrecoste que posteriormente fue objeto del reparo suspensivo de la Intervención General. La crisis quedó resuelta, pero la confianza de sus socios ha quedado mermada.