El “feminismo” de Guardiola y Vox: retroceso a los tiempos de “milana bonita”

Vox no ha ocultado su voluntad de derogar leyes que garantizan la igualdad entre mujeres y hombres ni su rechazo al actual enfoque de la violencia de género. Tampoco ha escondido su intención de suprimir organismos específicos de igualdad, revisar el marco educativo en materia de coeducación o cuestionar las acciones positivas destinadas a corregir desigualdades estructurales. Ese es el feminismo que, según la presidenta extremeña, la representa.

Bajo ese planteamiento, la “diferenciación en la educación” sustituye a la coeducación; los derechos sexuales y reproductivos dejan de considerarse un ámbito de autonomía personal; y las políticas públicas destinadas a reducir la brecha salarial o a facilitar el acceso de las mujeres a espacios de decisión pasan a verse como privilegios injustificados. El horizonte que se dibuja no es el de la ampliación de derechos, sino el de su repliegue.

Especialmente preocupante resulta la normalización de un discurso que sitúa a las mujeres en un supuesto destino “natural” vinculado al núcleo familiar, reforzando un reparto tradicional de roles que condiciona la autonomía económica, la proyección profesional y la participación plena en la vida pública. No es una discusión semántica: es un modelo social.

La posible eliminación de estructuras como el Instituto de la Mujer de Extremadura o el debilitamiento de recursos específicos contra las violencias machistas no serían simples ajustes administrativos. Tendrían consecuencias materiales en la prevención, detección y acompañamiento de mujeres que sufren violencia. La democracia no se mide solo en mayorías parlamentarias, sino en la garantía efectiva de derechos.

Llama la atención, además, la contradicción entre el respaldo estatal del Partido Popular al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la asunción en Extremadura de un discurso que cuestiona su enfoque. Las palabras importan, pero las políticas concretas importan más.

Conviene recordar que muchos de los derechos que hoy permiten a cualquier mujer estudiar en la universidad, trabajar sin tutela legal de un varón, disponer de bienes propios o participar activamente en política no surgieron de manera espontánea. Fueron conquistas frente a un ordenamiento jurídico que las excluía. Retroceder en ese terreno no sería una abstracción ideológica, sino un giro histórico.

El feminismo, entendido como proyecto democrático de ampliación de derechos y de igualdad efectiva, no consiste en administrar lo ya conseguido ni en resignarse a lo existente. Mucho menos en desmontarlo. Si el “feminismo” que se propone desde las instituciones implica limitar herramientas, cuestionar garantías o desactivar políticas específicas, entonces no estamos ante una evolución del término, sino ante su vaciamiento.

Ni la nostalgia de un pasado jerárquico ni la minimización de las desigualdades estructurales pueden presentarse como horizonte de esperanza. La democracia exige algo más: exige compromiso real con la igualdad.