A la carta

Mentiría si dijera que fue el profesor que me hizo interesarme por la filosofía, porque la hacía aburrida y orientaba su enseñanza a aprobar un examen. Quizás sea lo único que recuerde de la filosofía de 3º de BUP, como se conocía al actual primero de Bachiller; “Justicia es dar a cada persona lo que le corresponde”. Con esa intención, en principio, se redactan los códigos que luego se aplican en la Justicia, aunque luego el resultado dé pie a todo tipo de discusiones sobre si realmente se da a cada cual lo que le corresponde. Es posible que en un futuro alguien plantee un algoritmo informático para decidir qué es justo, pero por el momento son personas las que la imparten y también quienes opinan sobre ella. 

Y luego está la moda de la justicia a la carta. Esa en la que la infracción a la ley de quien no piensa como tú es un crimen execrable pero en el afín es disculpable y hasta defendible. El Parlamento de Navarra aprobó recientemente una declaración unánime en la que pedía la investigación de la muerte de Mikel Zabalza. Ya entonces, en noviembre de 1985, cuando su cuerpo apareció en el río Bidasoa, su muerte sonaba a crimen. Pero ese indicio se vuelve más fuerte cuando recientemente hemos podido escuchar la conversación en la que el capitán de la Guardia Civil Gómez Nieto le reconoce al exagente del Cesid, Juan Alberto Perote, que Zabalza murió por las torturas que sufrió en el cuartel de Intxaurrondo. De hecho, la Wikipedia, que para gran parte de la sociedad no admite discusión, señala la tortura y el ahogamiento como las causas de su muerte. Mikel Zabalza merece justicia, aunque ésta llegue 35 años tarde. Esclarecer qué pasó es una necesidad para mantener la confianza de la sociedad en quienes deben protegerle, por mucho que el ministro Grande Marlaska dilate esta decisión. 

Justicia para Mikel Zabalza es una reclamación unánime de la política, y por tanto de la sociedad, navarra. ¿Ocurre lo mismo con los 28 asesinatos de ETA sin esclarecer? Pues parece que no. Es lo que le recordaba recientemente la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, en un artículo publicado en El Correo, a la izquierda abertzale. Lo hacía citando al filósofo Manuel Reyes Mate: “Quien reconoce a una víctima, reconoce a todas”. El relativismo con el que la izquierda abertzale afronta la demanda de justicia es llamativo cuando se adhiere a todo tipo de reclamaciones justas pero sigue mirando para otro lado en la que le atañe más de cerca. Black lives matter, so do basque lives?, es la pregunta al ver a sus cargos con el puño en alto y rodilla en tierra tras el crimen de George Floyd. 

Pero ese relativismo no es único de la izquierda abertzale y lo estamos viendo ahora en la campaña madrileña en el que la televisión más vista del país, Telecinco, denomina “Jarabe democrático” a la recepción con saludo fascista e insultos a Pablo Iglesias en un acto de campaña. O en la interpretación que partidos políticos del ámbito de la derecha hacen del acercamiento de presos de ETA a cárceles cercanas a sus lugares de origen como la cesión del gobierno de Sánchez a un chantaje. El artículo 25 de la Constitución establece que las penas de cárcel “estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social” y por eso la legislación penitenciaria señala la cercanía al entorno de la persona presa como uno de sus derechos mientras está cumpliéndolas. ¿Derecho para todas menos para quienes cumplen pena por pertenecer a una banda que hace ya 10 años que ha desaparecido?

¿Justicia a la carta es dar a cada cual lo que le corresponde?