Líneas rojas

“¿Y usted, qué líneas rojas plantea a la hora de buscar acuerdos?”

Se ha convertido en la pregunta ineludible en cualquier entrevista a alguien que se presenta a unas elecciones. En el tiempo de las mayorías absolutas no hacía falta preguntarlo, porque quienes se presentaban lo hacían pensando en que si ganaban no tendrían que preocuparse por aguantar a gente de otros partidos en su casa. Pero eso ya acabó y ahora tienen que fajarse en la negociación si quieren lograr el cetro.

Cuando se plantea esa pregunta, son muy pocos quienes responden que no trazan ninguna línea de separación. Generalmente se dice que no se sentarán con alguien, aunque todo se ve diferente con los resultados de las elecciones encima de la mesa.

Las últimas elecciones autonómicas y municipales han sido una muestra de lo difusas que acaban resultando esas líneas rojas. Las negociaciones para formar gobierno en Murcia, la Comunidad de Madrid o el ayuntamiento de la capital han acabado siendo una comedia que el humorista Miguel Gila habría podido resumir con un “alguien se está reuniendo con alguien”. Ciudadanos negaba que fuera a pactar con Vox y decía que a lo sumo se estaban tomando un café y al instante los representantes del partido de Abascal se levantaban de la mesa de ese café enfadados. Pero al final votaban todos al candidato del PP de turno, se repartían el pastel entre los 3 y gobiernos al bolsillo. Eso sí, Ciudadanos sigue diciendo que ellos no tienen nada con Vox, utilizando al PP como al niño al que, cuando una pareja se enfada, se le dice eso de “dile a tu padre que venga a cenar”.

Regla y rotulador rojo también, aunque sin ni siquiera foto del café, entre el PSN y EH Bildu en Navarra. En este caso las líneas rojas eran mutuas; ni el PSN se iba a sentar con los abertzales ni ellos querían saber nada de un partido al que consideran parte de lo que llaman “Régimen”, con mayúsculas, que suena más rancio. Pasaron las elecciones y EH Bildu vio que, pese a sumar dos concejales más, se le escapaba la alcaldía de Pamplona. Desapareció la caspa del Régimen en el PSN para convertirse en una “mayoría de progreso”. A su vez, la candidata socialista en la ciudad, Maite Esporrín, decía que ni siquiera abría los correos que le mandaban los abertzales, como si fueran los de ese banquero nigeriano que te dice, con la sintaxis del traductor de Google, que te ha tocado una herencia de un millonario. Esporrín patentó su particular versión de la línea roja diciendo que no votaría al candidato de EH Bildu pero ellos, si querían evitar un alcalde de derechas podían votarle a ella.

Llegó luego la investidura de María Chivite y la socialista, vigilada por toda la artillería mediática madrileña, no coincidió con alguien de EH Bildu ni en el baño del Parlamento. Que en la mesa de la cámara entrase como secretario un parlamentario de EH Bildu fue para los vigilantes madrileños la prueba inequívoca del pacto secreto. Poco importa que ese mismo parlamentario ya estuviera en la mesa la anterior legislatura y que su partido, EA, haya tenido representación en el órgano desde la década de los 80.

Con ese férreo marcaje, Chivite fue investida con la abstención de los abertzales, que optaron por el mal menor pese a seguir siendo ignorados por la ahora presidenta. Sin embargo, oposición y medios afines insisten en hablar incluso de documentos que atestiguan un pacto y apuntan a la alcaldía de Huarte, un pueblo de 7 000 habitantes en el que EH Bildu logró la alcaldía como lista más votada, como el pago. Barato salió el pago teniendo en cuenta que en el anterior gobierno los abertzales tenían la consejería de Interior y la de Medio Ambiente y Administración Local. La presión seguirá, pero da la sensación de que el desgaste por ese supuesto pacto que sigue sin concretarse ya está amortizado para la sigla del PSN.

La ley de partidos de 2002 dejó claro cuáles eran las reglas del juego. Impide que un partido “pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas”. Tanto EH Bildu, cuya legalidad fue avalada por el Constitucional en 2011, como Vox, las cumplen por ahora. Por tanto, son actores políticos que representan a las personas que les han votado. Un 10 por ciento de la población española en el caso del partido de Abascal y un 14 por ciento de la ciudadanía navarra y el 16 de la de Euskadi en el caso de los abertzales.

Son las políticas que realicen o propongan con esos apoyos ciudadanos las que deberían marcar su legitimidad para formar parte de acuerdos con otros partidos. Algunas, como el número de la pancarta de Ortega Smith, recuerdan a actuaciones pasadas de los de Otegi. Sus consecuencias tocará evaluarlas a la ciudadanía al final del mandato y ver si los acuerdos a los que se llegue y las políticas que se lleven a cabo con ellos merecen o no el viaje. Pero el veto a la sigla como tal acaba durando lo que dura la campaña electoral. A partir de ahí, todo es escenificación.